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VI. LA ACCIÓN RESARCITORIA EN EL PROCESO PENAL
1. Noción
Ante la identidad del bien jurídico lesionado, el CPP autoriza a que
en el proceso penal se ejercite también la acción civil tendiente a lograr
la restitución del objeto materia del delito, o la indemnización del
daño material (daño emergente, lucro cesante) y moral causado por
aquel ilícito, siempre que se trate de delitos dolosos o de homicidio o
lesiones gravísimas culposas (art. 24). La acción civil es la que nace de
los delitos incriminados en el Código Penal, cuyo fin es la reparación del
daño causado, a través de la restitución o de la indemnización en dinero
(arts. 1077, 1083 y 1109, CC).
El ejercicio de la acción resarcitoria amplía el objeto del proceso,
pues el hecho que lo motiva será considerado no sólo en orden a sus
connotaciones relevantes para su calificación legal desde la óptica del
derecho penal, sino también en sus connotaciones relevantes para el
resarcimiento de los daños que ha ocasionado desde el punto de vista
del derecho civil.
Esta ampliación podrá llegar a comprender hechos extraños al
delito, pero generadores de responsabilidad extracontractual, como son
los vínculos jurídicos que unen al imputado con terceras personas y que
determinan la obligación de éstas de afrontar la reparación del daño
(civilmente responsables), y también circunstancias que pueden ser
penalmente irrelevantes, pero interesantes para la reparación civil (v. gr.,
ganancias de la víctima del homicidio para calcular la indemnización del
lucro cesante de los herederos menores de edad).
2. Fundamento
Esta autorización encuentra sustento en el art. 29 del Código
Penal que, al disponer que la sentencia condenatoria podrá ordenar la
indemnización del daño material y moral causado y la restitución de la
cosa obtenida por el delito, autoriza al damnificado a reclamar en sede
penal, mediante una acción civil “independiente de la acción criminal”
(art. 1096, C. Civil).
3. Justificación y fines
Por estar prevista en el art. 63 punto 1 de la CADH, la “justa
indemnización” de la víctima de un delito ha adquirido nivel
constitucional (art. 75 inc. 22, CN). Esto exige facilitar el ejercicio de ese
derecho, pues los órganos regionales de protección de los derechos
humanos han señalado que para garantizarlo plenamente “no es
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suficiente que el gobierno emprenda una investigación y trate de
sancionar a los culpables, sino que es necesario, además, que toda esta
actividad del gobierno culmine con la reparación a la parte lesionada”.
Esta disposición, y su interpretación por la jurisprudencia supranacional
de la región, proporcionan un importante respaldo al ejercicio de la
acción civil resarcitoria en el proceso penal, habida cuenta de que así
habrá una mayor protección a la víctima (lo que pone en crisis algunas
tendencias a suprimirlo que han aparecido en los últimos tiempos). Es
que la acción civil resarcitoria proporciona una mejor posibilidad de
reparar el daño, ya que autoriza al damnificado a aprovechar el esfuerzo
estatal para acreditar la existencia del hecho y la participación del
imputado. También le permitirá evitar los inconvenientes que la regla de
prelación temporal de la sentencia penal sobre la civil (art. 1101, C. Civil)
puede significarle para lograr la reparación en sede distinta de la penal.
Procura, en suma, una mejor protección para la víctima pues, como el
Estado se encarga de probar el acaecimiento del delito que violó su
derecho y la participación del responsable, aquélla sólo tendrá que
probar la existencia y extensión del daño material o moral que sufrió (ya
que si, en cambio, se la obliga en todo caso a accionar en sede civil,
tendría a su cargo probar también la violación de su derecho.
4. Titularidad
La acción civil sólo podrá ser ejercida por la víctima, por sus
herederos en los límites de su cuota hereditaria o por otros damnificados
directos, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el
civilmente responsable (art. 24).
La legitimación para ejercer la acción civil dentro del proceso
penal, no corresponde a todos aquellos que, conforme a las leyes
civiles, tienen derecho a la reparación por delitos o cuasidelitos, sino,
entre ellos, solamente a la víctima o bien a sus herederos y otros
damnificados directos. Estas personas tienen entonces derecho a optar
entre ejercer la pretensión resarcitoria dentro del proceso penal o bien
ante un tribunal civil, mientras que los demás damnificados (los
indirectos) carecen de esta opción de competencia (solo pueden acudir
a la sede civil).
No se encuentran legitimados para ejercer la acción civil en el
proceso penal los damnificados indirectos, es decir, aquellos que por
causa del delito y debido a una vinculación contractual con la víctima,
deben efectuar en su favor erogaciones dinerarias (por ejemplo, el
asegurador de la víctima de un delito de tránsito que sufraga los gastos
médicos).
Pueden ser sujetos pasivos de la acción civil en el proceso penal
los partícipes del delito y los terceros civilmente responsables. La acción
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puede dirigirse en contra de todos, pero como lo indica la conjunción
copulativa “y” que utiliza el artículo 24 no es posible demandar sólo al
tercero excluyendo al imputado (véase el apartado X del Capítulo 5).
NORMAS RELACIONADAS
CODIGO PENAL
Art. 29.- La sentencia condenatoria podrá ordenar:
1º) La indemnización del daño material o moral causado a la
víctima, a su familia o a un tercero...;
2º) La restitución de la cosa obtenida por el delito, y si no fuera
posible..., el pago... del precio corriente de la cosa,...;
3º) Costas;
4º) ....-
Art. 31.- La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos
los responsables del delito.-
CPP
Artículo 24 - Titular. La acción civil destinada a obtener la
restitución del objeto materia del delito y la indemnización por el
daño causado, sólo podrá ser ejercida por la víctima, sus herederos
en los límites de su cuota hereditaria o por otros damnificados
directos, contra los partícipes del delito y, en su caso, contra el
civilmente responsable.
Sólo podrá ejercerse la acción civil en el proceso penal si se tratare
de un delito doloso y en los delitos culposos únicamente si se
tratare de un homicidio o de lesiones gravísimas. Estas limitaciones
no regirán en los casos de conexión de causas en las que se
imputen delitos dolosos y culposos, ni en los casos de conexión de
causas en las que se imputen otros delitos culposos además de los
enumerados o mediare entre ellos un concurso ideal de delitos
[según art. 2, ley 8.658].
Artículo 25 - Ejercicio por el Asesor Letrado. La acción civil
deberá ser ejercida por el Asesor Letrado:
1) Cuando el titular de la acción careciera de recursos y, sin
constituirse en actor civil, le delegue su ejercicio.
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2) Cuando el titular de la acción sea incapaz de hacer valer sus
derechos y no tenga quien los represente, sin perjuicio de la
representación promiscua.
Artículo 26 - Oportunidad. Excepto en el proceso de menores
(Libro Tercero, Título II, Capítulo III), la acción resarcitoria podrá ser
ejercida desde el comienzo de la investigación penal preparatoria,
pero la absolución del acusado no impedirá que el Tribunal de juicio
se pronuncie sobre ella en la sentencia (411), ni la ulterior extinción
de la pretensión penal impedirá que el Tribunal Superior decida
sobre la civil.
Artículo 27 - Ejercicio posterior. Si la acción penal no pudiera
proseguir por haberse suspendido su ejercicio, por rebeldía o locura
del imputado, la civil podrá ser ejercida ante la jurisdicción
respectiva.
Artículo 97 - Constitución de parte. Para ejercer la acción
resarcitoria, su titular deberá constituirse en actor civil (24).
Las personas que no tengan capacidad para estar en juicio, no
podrán actuar si no son representadas, autorizadas o asistidas del
modo prescripto por la ley civil.
Artículo 98 - Instancia. La instancia de constitución deberá
formularse, personalmente o por un representante con poder
general o especial que podrá ser otorgado apud acta, en un escrito
que contenga, bajo pena de inadmisibilidad:
1) El nombre, apellido y domicilio del accionante.
2) La determinación del proceso a que se refiere.
3) Los motivos en que la acción se basa, con indicación del
carácter que se invoca, el daño que pretende haber sufrido y
del monto pretendido.
4) La petición de ser admitido como parte y la firma.
[según art. 10, ley 8.658].
Artículo 99 - Demandados. La constitución procederá aun cuando
no estuviere individualizado el imputado.
Si en el proceso hubiere varios imputados y civilmente
demandados, la pretensión resarcitoria podrá dirigirse contra uno o
más de ellos. Cuando el actor no mencionare a ningún imputado, se
entenderá que se dirige contra todos.
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Artículo 100 - Oportunidad. El pedido de constitución deberá
presentarse antes de la clausura de la investigación penal
preparatoria. La solicitud será considerada por el Tribunal de Juicio,
en el decreto de citación a juicio, quien ordenará las notificaciones
pertinentes (101).
El Fiscal de Instrucción podrá pedir el embargo de los bienes (532 y
533) [según art. 11, ley 8.658].
Artículo 101 - Notificación. El decreto que acuerde la constitución
deberá notificarse al imputado, al demandado civil y a sus
defensores, y surtirá efectos a partir de la última notificación.
En el caso previsto por la primera parte del artículo 99, la
notificación se hará en cuanto se individualice al imputado.
Artículo 102 - Oposición. Los demandados podrán oponerse a la
intervención del actor civil, bajo pena de caducidad, dentro del
término de cinco días a contar de su respectiva notificación; pero
cuando al demandado civil se lo citare o interviniere con
posterioridad, podrá hacerlo, dentro de dicho término, a contar de
su citación o intervención.
Artículo 103 - Trámite. La oposición seguirá el trámite de las
excepciones y será resuelta por el Tribunal, sin intervención del
Ministerio Público. Si se rechazare la intervención del actor civil,
podrá ser condenado por las costas que su participación hubiere
causado [según art. 12, ley 8.658].
Artículo 104 - Caducidad e irreproductibilidad. Cuando no se
dedujere oposición en la oportunidad que establece el artículo 102,
la constitución del actor civil será definitiva, sin perjuicio de la
facultad conferida por el artículo 105.
La aceptación o el rechazo del actor civil no podrán ser
reproducidos en el debate.
Artículo 105 - Rechazo y exclusión de oficio. Durante los actos
preliminares del juicio, el Tribunal podrá rechazar y excluir de oficio,
por decreto fundado, al actor civil cuya intervención fuere
manifiestamente ilegal, salvo que su participación hubiere sido
concedida al resolverse un incidente de oposición [según art. 13,
ley 8.658].
Artículo 106 - Efectos de la resolución. El rechazo o exclusión del
actor civil no impedirá el ejercicio de la acción ante la jurisdicción
civil.
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Artículo 107 - Facultades y deberes. El actor civil podrá actuar en
el proceso para acreditar el hecho delictuoso, la existencia y
extensión del daño pretendido, y la responsabilidad civil del
demandado.
Será de aplicación el artículo 94 segundo párrafo.
Artículo 108 - Desistimiento. El actor civil podrá desistir de su
demanda en cualquier estado del proceso, quedando obligado por
las costas que su intervención hubiera ocasionado.
Se considerará desistida la acción cuando el actor civil,
regularmente citado, no comparezca a la primera audiencia del
debate, no concrete la demanda o no presente conclusiones en la
oportunidad prevista en el artículo 402, o se aleje de la audiencia
sin haberlas formulado (402).
Artículo 109 - Intervención por citación. Quien ejerza la acción
resarcitoria podrá pedir la citación de la persona que según las
leyes civiles responda por el daño que el imputado hubiera causado
con el delito, para que intervenga en el proceso como demandada.
La instancia deberá formularse en la forma y oportunidad prescripta
por los artículos 98 y 100, con indicación del nombre y domicilio del
demandado y de su vínculo jurídico con el imputado.
Artículo 110 - Decreto de citación. El decreto que ordene la
citación contendrá: el nombre y domicilio del accionante y del
citado, y la indicación del proceso a que se refiere.
La resolución deberá notificarse al imputado y a su defensor.
Artículo 111 - Nulidad. Será nula esta citación cuando adolezca de
omisiones o errores esenciales que perjudiquen la defensa del
demandado civil, restringiéndole la audiencia o la prueba.
La nulidad no influirá en la marcha del proceso ni impedirá el
ejercicio ulterior de la acción ante la jurisdicción civil.
Artículo 112 - Rebeldía. Será declarada la rebeldía del demandado
civil, a petición del interesado, cuando no comparezca en el plazo
de citación a juicio (361). Ella no suspenderá el trámite, que
continuará como si aquél estuviera presente. Sólo se nombrará
defensor del rebelde al Asesor Letrado si hubiere sido citado por
edictos.
Artículo 113 - Intervención espontánea. Cuando en el proceso se
ejerza la acción civil, la persona que pueda ser civilmente
demandada tendrá derecho a intervenir en el proceso.
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Esta participación deberá solicitarse, bajo pena de inadmisibilidad,
en la forma y oportunidad que prescriben los artículos 98 y 100, en
cuanto sea aplicable. El decreto que la acuerde será notificado a las
partes y a sus defensores.
Artículo 114 - Oposición. A la intervención espontánea o por
citación del demandado civil podrán oponerse, según el caso, el
citado, el imputado o el que ejerza la acción civil, si no hubiera
pedido la citación.
Este incidente se deducirá y tramitará en la forma, oportunidad y
plazos establecidos en los artículos 102 y siguientes.
Artículo 115 - Derecho. El actor civil, el imputado y demandado
civil asegurados, podrán pedir la citación en garantía del asegurador
de los dos últimos.
Artículo 116 - Carácter. La intervención del asegurador se regirá
por las normas que regulan la del demandado civil, en cuanto sean
aplicables.
Artículo 117 - Oportunidad. El actor civil, el imputado y el
demandado civil deberán pedir la citación en la oportunidad prevista
en el artículo 100.
Artículo 125 - Otros defensores y mandatarios. El querellante, el
querellante particular y las partes civiles sólo podrán actuar con
patrocinio letrado, o hacerse representar por un solo abogado; el
primero, con poder especial.
Artículo 185 - Conminación genérica. Se entenderá siempre
prescripta bajo pena de nulidad la observancia de las disposiciones
concernientes:
1) Al nombramiento, capacidad y constitución del Tribunal.
2) A la intervención del Ministerio Público en el proceso, y a su
participación en los actos en que ella sea obligatoria.
3) A la intervención, asistencia y representación del imputado,
en los casos y formas que la ley establece.
4) A la intervención, asistencia y representación de las partes
civiles, en los casos y formas que la ley establece.
5) A la intervención, asistencia y representación del querellante
particular, en los casos de los artículos 334, 342 y 352.
Artículo 316 - Contenido. La denuncia deberá contener, en cuanto
fuere posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación
de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que
puedan conducir a su comprobación y calificación legal.
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Cuando la denuncia fuere formulada por el titular de la acción civil,
podrá contener también la manifestación prevista en el inciso 1 del
artículo 25.
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION
ARTICULO 1774.- Independencia. La acción civil y la acción penal
resultantes del mismo hecho pueden ser ejercidas
independientemente. En los casos en que el hecho dañoso
configure al mismo tiempo un delito del derecho criminal, la acción
civil puede interponerse ante los jueces penales, conforme a las
disposiciones de los códigos procesales o las leyes especiales.
ARTICULO 1775.- Suspensión del dictado de la sentencia civil.
Si la acción penal precede a la acción civil, o es intentada durante
su curso, el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en
el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con
excepción de los siguientes casos:
a) si median causas de extinción de la acción penal;
b) si la dilación del procedimiento penal provoca, en los
hechos, una frustración efectiva del derecho a ser
indemnizado;
c) si la acción civil por reparación del daño está fundada en
un factor objetivo de responsabilidad.
ARTICULO 1776.- Condena penal. La sentencia penal
condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil
respecto de la existencia del hecho principal que constituye el delito
y de la culpa del condenado.
ARTICULO 1777.- Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o
de responsabilidad penal. Si la sentencia penal decide que el
hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó,
estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil.
Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal
o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el
proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en
cuanto generador de responsabilidad civil.
ARTICULO 1778.- Excusas absolutorias. Las excusas
absolutorias penales no afectan a la acción civil, excepto
disposición legal expresa en contrario.
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ARTICULO 1779.- Impedimento de reparación del daño. Impiden
la reparación del daño:
a) la prueba de la verdad del hecho reputado calumnioso;
b) en los delitos contra la vida, haber sido coautor o cómplice, o no
haber impedido el hecho pudiendo hacerlo.
ARTICULO 1780.- Sentencia penal posterior. La sentencia penal
posterior a la sentencia civil no produce ningún efecto sobre ella,
excepto en el caso de revisión. La revisión procede exclusivamente,
y a petición de parte interesada, en los siguientes supuestos:
a) si la sentencia civil asigna alcances de cosa juzgada a cuestiones
resueltas por la sentencia penal y ésta es revisada respecto de esas
cuestiones, excepto que derive de un cambio en la legislación;
b) en el caso previsto en el artículo 1775 inciso c) si quien fue
juzgado responsable en la acción civil es absuelto en el juicio
criminal por inexistencia del hecho que funda la condena civil, o por
no ser su autor;
c) otros casos previstos por la ley.
UNIDAD 15 (manual) corresp. al cap. 14.docx.pdf
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