Notas de Cátedra. 2015
Prof. Daniel J. Bonino
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En segundo término, se estudiará las causas que generan la obligación. Las
fuentes extracontractuales, como la responsabilidad civil, sus presupuestos y función
jurídica económica.
En tercer lugar, se analizará la causa contractual de las obligaciones, donde se
realizará un estudio general de los mismos, sus requisitos, caracteres, clasificaciones,
efectos etc., culminando un estudio particularizado de los principales contratos.
El derecho privado esta en un proceso de unificación que se ha concretado en
distintos países.
En nuestro país han existido muchos proyectos de unificación, entre los que
pueden mencionarse el del año 1987, el del año 1993 –Comisión Federal- y el de 1998.
Se dieron en las últimas décadas una proliferación de “Proyectos”, todos
caracterizados por la uniformidad de criterio en cuanto a la unificación de ambos
códigos, aún cuando, a partir de allí, existían marcadas diferencias que, en lo que hace a
nuestra materia podríamos señalar como las principales: la comercialización del derecho
privado (con una mayor influencia de los principios comerciales sobre los civiles, en
materia de obligaciones y contratos) y una mayor o menor influencia del derecho
anglosajón y sus principios (fundamentalmente en materia contractual) marcadamente
diferentes a los del derecho continental europeo del que nuestros Códigos (Civil y de
Comercio) son tributarios.
Lo que pretende destacarse en lo precedente es: 1. La existencia de varios
proyectos, coincidentes todos en la necesidad de unificar los Código Civil y de
Comercial 2. La intervención de notables juristas (de lo más importante del país) en la
elaboración de los distintos proyectos evidencia que la unificación es una realidad
palpable y permite afirmar que, más tarde o más temprano, se producir.
En el mes de febrero del año 2011, el P.E.N. encomendó a los juristas Ricardo
Lorenzetti, Aida Kemelmajer de Carlucci y Elena Higthon de Nolasco, la elaboración
un proyecto de código unificado civil y comercial. Esta comisión también contó con la
colaboración de 100 juristas nacionales y debatió las reformas durante más de un año.
El anteproyecto fue presentado a comienzos del año 2012. Sin embargo fue
enviado al Congreso, con modificaciones introducidas por el P.E.N. (en materia de
obligaciones dinerarias, se excluyo la regulación de responsabilidad del estado, de los
derechos individuales homogéneos, etc.). En el Congreso se formó un Comisión
Bicameral, que también introdujo modificación.