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Revista Chilena de Derecho, vol. 39 N
º
2, pp. 251 - 276 [2012]
Romero Seguel, Alejandro “La sentencia judicial como medio de prueba”
4. LA SENTENCIA JUDICIAL COMO UNA PRESUNCIÓN
Como se anticipaba, la sentencia judicial ha sido vinculada a la prueba de presun-
ciones por la infl uencia del Código Civil francés, que aceptó en esta materia la doctrina de
Pothier sobre la cosa juzgada como una “presunción de verdad”. La fuente remota de esta
tesis estaría en la regla de Ulpiano, contenida en el Digesto (D. 1.5.25), al señalar que la
cosa juzgada se tiene por verdadera (res judicata pro veritate habetur).
En nuestro derecho positivo, esta opción se contempla en el art. 427 inc 2° del CPC,
propuesta que admite varias observaciones criticas.
En primer lugar, tal como consta en las actas de la Comisión Mixta de Senadores y
Diputados, en la sesión 22, de 19 de noviembre de 1901, al debatirse este precepto (que
corresponde al actual art. 427 del CPC), el comisionado Vergara solicitó que se debía pre-
cisar “lo que se entiende por hechos declarados verdaderos en otro juicio”. “El señor Presi-
dente contesta que esta disposición solo puede referirse a hechos que ha declarado verdade-
ros una sentencia dictada en un juicio sobre materia diversa o entre partes distintas, porque
que el de la casación para lograr este resultado; en obsequio a la brevedad de los procedimientos y al tranquilo goce de los
derechos declarados en juicio’. Estas observaciones recogieron las opiniones vertidas por diversos integrantes de la Primera
Comisión Revisora del mismo proyecto del Código, en orden a que este no admitiría la acción ordinaria de nulidad
contra las sentencias. Decimoquinto: Que sobre la base de estos antecedentes, don Víctor Santa Cruz Serrano formuló en
su estudio de Las nulidades procesales en el Código de Procedimiento Civil Chileno (Santiago, 1942, pág. 25), dos reglas
generales en torno a la anulación de los actos jurisdiccionales, que conservan por completo su autoridad en el régimen
vigente: ‘a) La nulidad de los actos procesales solo puede obtenerse dentro del mismo juicio en que ellos inciden por
medios o recursos procesales. No son procedentes, en consecuencia, las acciones ordinarias de nulidad absoluta o relativa
que concede el Código Civil para obtener la invalidación de actos o contratos civiles’ y ‘b) Los medios o recursos procesales
que la ley concede para invalidar actuaciones en un juicio solo proceden in lamine litis, esto es, mientras está pendiente
el juicio a que se refi eren y antes que su sentencia defi nitiva haya pasado en autoridad de cosa juzgada’. Decimosexto:
Que aun cuando estas observaciones versaron sobre la imposibilidad de deducir una acción de nulidad civil respecto
de una sentencia u otro acto judicial en un juicio distinto de aquél en que fueron emitidas, ellas son igualmente
aplicables en el campo de la nulidad de derecho público, especialmente si se tiene presente lo expresado anteriormente,
en cuanto a que no existe otra forma de invocar esta última clase de nulidad que la de iniciar un juicio ordinario sujeto
a las reglas del Derecho Procesal Civil. Decimoséptimo: Que la idea que la nulidad de Derecho Público no alcanza
a las sentencias y otros actos jurisdiccionales, fue planteada, junto con delinearse esa teoría, por el constitucionalista
don Mario Berna China, al exponerla en su trabajo pionero sobre las ‘Bases Jurisprudenciales para una teoría de las
nulidades administrativas’ (Boletín del Seminario de Derecho Público de las Escuelas de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad de Chile, Nos 45-48 de 1949, págs. 551 y siguientes), señalando que ‘A pesar de que los tribunales de
justicia crean actos estatales y de que sus resoluciones son imputables al Estado mismo, por ser órganos de este, no cabe
aplicar las reglas de las nulidades de Derecho Público a las decisiones de los tribunales, porque se opondrían al imperio
y a la independencia total de que se ha querido revestir a la judicatura por las normas positivas. En efecto, existen reglas
especiales que han dado origen a una nulidad también especial, la llamada nulidad procesal que impide aplicarle
las reglas que hemos deducido del artículo 4º, 23 y 75 de la Constitución Política (de 1925). Por su parte, el Código
Orgánico de Tribunales establece una tramitación para la nulidad procesal que la equipara a las nulidades civiles’.
El mismo predicamento asumió Eduardo Jara Miranda en su estudio sobre Nulidad de Derecho Público (Editorial
Universitaria, 1950, pág. 38), desechando la aplicación de la nulidad de Derecho Público a las decisiones de los
Tribunales de Justicia de acuerdo con razones semejantes. Decimoctavo: Que el criterio de desestimar la posibilidad de
extender la nulidad de derecho público al ámbito jurisdiccional y de reconocer que en este solo pueden tener cabida las
nulidades procesales, es congruente con la naturaleza propia de la función judicial y las características de las actuaciones
que se llevan a cabo en su ejercicio y que hace que la institución de las nulidades procesales tenga una fi sonomía propia y
singular en el amplio campo de la teoría de nulidad de las actuaciones de los órganos estatales, que sanciona la infracción
de las normas constitucionales conducentes al cabal cumplimiento del principio de legalidad que deben observar dichos
organismos”.
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