Resumen: RESUMEN: El gobierno de Perón, 1943-1955 | Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado - ICSE | CBC en UBA XXI |

Volver a Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado - ICSE

IV. El gobierno de Perón, 1943-1955

El GOBIERNO militar que asumió el 4 de junio de 1943 fue encabezado sucesivamente por los generales Pedro

Pablo Ramírez y Edelmiro J. Farrell. El coronel Juan Domingo Perón, uno de sus miembros más destacados, logró

concitar un vasto movimiento político en torno de su persona, que le permitió ganar las elecciones de febrero de

1946, poco después de que su apoyo popular se manifestara en una jornada por demás significativa, el 17 de

octubre de 1945. Perón completó su período de seis años y fue reelecto en 1951, para ser derrocado por un golpe

militar en septiembre de 1955. En estos 12 años en que fue la figura central de la política, al punto de dar su

nombre al movimiento que lo apoyaba, Perón y el peronismo imprimieron a la vida del país un giro sustancial y

perdurable.

La emergencia

La revolución del 4 de junio fue inicialmente encabezada por el general Rawson, quien renunció antes de prestar

juramento, y fue reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez, ministro del último gobierno constitucional. El

episodio es expresivo de la pluralidad de tendencias existentes en el grupo revolucionario y de su indefinición

acerca del rumbo a seguir, más allá de coincidir en la convicción de que el orden constitucional estaba agotado y

que la proclamada candidatura de Patrón Costas no llenaría el vacío de poder existente. El nuevo gobierno suscitó

variadas expectativas fuera de las Fuerzas Armadas, pues muchos concordaban con el diagnóstico, y además

esperaban algo del golpe, incluso los radicales; sin embargo, se constituyó casi exclusivamente con militares, y el

centro de las discusiones y las decisiones estuvo en el Ministerio de Guerra, controlado por un grupo de oficiales

organizado en una logia, el Grupo de Oficiales Unidos (GOU), en torno del ministro de Guerra Farrell.

Los militares en el gobierno coincidían en la necesidad de acallar la agitación política y la protesta social:

proscribieron a los comunistas, persiguieron a los sindicatos e intervinieron la Confederación General del Trabajo

(CGT) -por entonces dividida-, disolvieron Acción Argentina, que nucleaba a los partidarios de romper relaciones

con el Eje, y más tarde hicieron lo mismo con los partidos políticos, intervinieron las universidades dejando

cesante a un vasto grupo de profesores de militancia opositora y finalmente establecieron la obligatoriedad de la

enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Contaron con la colaboración de un elenco de nacionalistas y

católicos integristas, algunos de antigua militancia junto a Uriburu, quienes dieron el tono al régimen militar:

autoritario, antiliberal y mesiánico, obsesionado por la fundación de un orden social nuevo y por evitar el caos del

comunismo que, según pensaban, sería la secuela inevitable de la posguerra. No le fue difícil a la oposición

democrática identificar al gobierno militar con el nazismo.

Sin embargo, en el gobierno había, junto con algunos que simpatizaban con Alemania, otros proaliados y muchos

partidarios de mantener la neutralidad que había practicado el gobierno de Castillo, benevolente con Gran

Bretaña. Por otra parte, en 1943 la guerra estaba evolucionando de un modo tal que un alineamiento con el Eje

era impensable. De hecho, el acuerdo comercial con Gran Bretaña se mantuvo. Estados Unidos, en cambio, atacó

con fuerza creciente a uno de los dos únicos gobiernos americanos renuentes a acompañarlo en la guerra con el

Eje, y además sospechoso de apañar a los nazis. El Departamento de Estado emprendió una cruzada contra los

militares, desinteresándose de las repercusiones internas de su acción e ignorando los gestos de acercamiento del

gobierno argentino. Esto permitió a los más acérrimos partidarios de la neutralidad ganar posiciones, de modo que

el conflicto se desenvolvió en una escalada creciente: para Estados Unidos -como ha subrayado C. Escudé- era una

cuestión de prestigio y un imperativo moral acabar con los militares, y para éstos, una cuestión de principio no

aceptar el

diktat

del Departamento de Estado. A principios de 1944, luego de que Ramírez decidiera romper

relaciones con el Eje, fue desplazado por los oficiales más decididamente antiestadounidenses. Aislado en lo

interno y también en lo externo, el gobierno se encontró metido en un callejón sin salida. Ésta fue finalmente

proporcionada por uno de los oficiales que por entonces había ascendido en forma notable dentro del gobierno: el

coronel Juan Domingo Perón, uno de los miembros más influyentes del GOU, secretario del ministro de Guerra

Farrell y luego ministro, cuando Farrell reemplazó a Ramírez en la presidencia en febrero de 1944. Poco después,

en julio, y luego de desplazar a varios posibles competidores, Perón llegó a ser vicepresidente y el alma verdadera

del gobierno.

Perón sobresalía entre sus colegas por su capacidad profesional y por la amplitud de sus miras políticas. Una

estadía en Europa en los años anteriores a la guerra le había hecho admirar los logros del régimen fascista italiano,

así como comprobar los terribles resultados de la Guerra Civil en España. La clarividencia y la preocupación lo

llevaron a ocuparse de un actor social poco tenido en cuenta hasta entonces: el movimiento obrero. A cargo de la

Dirección Nacional del Trabajo -que poco después convirtió en secretaría-, se dedicó a vincularse con los

dirigentes sindicales. Todos fueron convocados, con excepción de los dirigentes comunistas, quienes luego de un

frustrado acercamiento inicial, resultaron sistemáticamente perseguidos y erradicados de sus posiciones. Al resto

se los impulsó a organizarse y a presentar sus demandas, que empezaron a ser satisfechas: además de dirimir

conflictos específicos, por la vía de contratos colectivos, que supervisaba la Secretaría, se extendió el régimen de

jubilaciones, de vacaciones pagas, de accidentes de trabajo, se ajustaron las categorías ocupacionales y, en general,

se equilibraron las relaciones entre obreros y patrones, incluso en la actividad misma de las plantas. En muchos

casos se trataba simplemente de aplicar disposiciones legales ignoradas. La sanción del Estatuto del Peón innovó

en lo sustancial, pues extendió estos criterios al mundo rural, introduciendo un elemento público en relaciones

manejadas hasta entonces en forma paternal y privada.

Desde la Secretaría de Trabajo, Perón expandía los mecanismos del Estado árbitro, esbozados durante el

gobierno de Yrigoyen y apenas utilizados durante la década del treinta, con la excepción de Fresco en la provincia

de Buenos Aires, y a la vez estimulaba la organización de los trabajadores, incentivaba sus reclamos y presionaba

para que éstos fueran satisfechos. La reacción de los dirigentes sindicales fue al principio de duda y desconcierto.

Desde principios de siglo habían ido reconociendo el papel central del Estado en las relaciones con los patrones y

se habituaron a negociar con él. Pero más recientemente, y ante gobiernos muy poco interesados en desempeñar

ese papel mediador, habían hecho un acuerdo con los partidos políticos opositores, en el que los reclamos

sindicales se fundían con la demanda democrática, según las líneas de los frentes populares. La tendencia original

sindicalista, sin embargo, no había desaparecido: en 1942, la CGT se dividió entre un sector más afín a los partidos

opositores, encabezado por los comunistas y muchos de los dirigentes socialistas, y otro más identificado con la

vieja línea sindicalista, donde se alineaban los gremios ferroviarios. La propuesta de Perón agudizó una discusión

ya existente entre los dirigentes sindicales: el Frente Popular perdía atractivo, pero a la vez la polarización de la

guerra lo revitalizaba; las mejoras ofrecidas eran demasiado importantes como para rechazarlas o enfrentar al

gobierno, so pena de perder el apoyo de los trabajadores. Los sindicalistas adoptaron lo que Juan Carlos Torre

llamó una estrategia oportunista: aceptaron el envite del gobierno sin cerrar las puertas a la “oposición

democrática”.

Tampoco las cerraba el propio Perón, dispuesto a hablar con todos los sectores de la sociedad y la política,

desde los radicales hasta los dirigentes de las sociedades de fomento, y capaz de sintonizar con cada uno el

discurso adecuado, aunque dentro de una constante apelación a “todos los argentinos”. A sus colegas militares les

señalaba los peligros que entrañaba la posguerra, la amenaza de desórdenes sociales y la necesidad de un Estado

fuerte que interviniera en la sociedad y en la economía, y que a la vez asegurara la autarquía económica. En el

Consejo Nacional de Posguerra que constituyó, insistió en la importancia de profundizar las políticas de seguridad

social, así como de asegurar la plena ocupación y la protección del trabajo, ante la eventual crisis que pudieran

sufrir las industrias crecidas con la guerra. A los empresarios les señaló la amenaza que entrañaban las masas

obreras desorganizadas y el peligro del comunismo, que se veía avanzar en Europa. Ante unos y otros se

presentaba como quien podía canalizar esa efervescencia, si lograba para ello el poder necesario. Pero los

empresarios fueron desconfiando cada vez más del “bombero piromaníaco” -según la feliz imagen de A. Rouquié-

que agregaba combustible a la caldera, hasta el límite de su estallido, y al mismo tiempo controlaba la válvula de

escape. Progresivamente, las agrupaciones patronales fueron tomando distancia de Perón y de la política de la

secretaría, mientras éste en paralelo acentuaba su identificación con los obreros, subrayaba su prédica

anticapitalista y desarrollaba ampliamente en su discurso los motivos de la justicia social. A la vez, se fueron

reduciendo las reticencias de los dirigentes sindicales, quienes encontraban en los partidos democráticos un eco y

un interés mucho menor que el demostrado por el coronel Perón.

La oposición democrática, que para definir su propia identidad había encontrado en el gobierno militar un

enemigo mucho más adecuado que el viejo régimen oligárquico, empezó a reconstituirse a medida que el

avizorado fin de la guerra hacía más difícil la intransigencia del gobierno. La liberación de París, en agosto de

1944, dio pie a una notable manifestación claramente antigubernamental, y desde entonces un vigoroso

movimiento social ganó la calle y revitalizó los partidos políticos. El gobierno mismo estaba en retirada: en marzo

de 1945, y ante la inminencia del fin del conflicto, aceptó el reclamo de Estados Unidos -donde una nueva

conducción en el Departamento de Estado prometía una relación más fácil- y declaró la guerra al Eje, condición

para ser admitidos en las Naciones Unidas, que empezaban a constituirse. Al mismo tiempo, y por iguales razones,

liberalizó su política interna. Los partidos opositores reclamaron la retirada lisa y llana de los gobernantes y la

entrega del poder a la Corte Suprema, último vestigio de la legalidad republicana, y sellaron su acuerdo para las

elecciones que veían próximas: la Unión Democrática expresaría el repudio de la civilidad a los militares y la total

adhesión a los principios de los vencedores en la guerra. El frente político, que incluía a comunistas, socialistas y

demoprogresistas, y contaba con el apoyo implícito de los grupos conservadores, estaba animado por los radicales,

aunque un importante sector del partido, encabezado por el cordobés Amadeo Sabattini, rechazó la estrategia

“unionista” y reclamó una postura intransigente y “nacional”, que apostaba a algunos interlocutores en el Ejército,

adversos a Perón. Esa posición no prosperó, y la Unión Democrática fue definiendo su frente y sus alianzas: en

junio de 1945 un Manifiesto de la Industria y el Comercio repudiaba la legislación social del gobierno. En

septiembre de 1945, una multitudinaria Marcha de la Constitución y de la Libertad terminó de sellar la alianza

política, pero también social, que excluía a la mayoría de los sectores obreros, otrora animadores del Frente

Popular.

El Ejército, presionado por la opinión pública y ganado por la desconfianza al coronel sindicalista, forzó su

renuncia el 8 de octubre, pero no encontró una alternativa: el general Ávalos, nuevo ministro de Guerra, y la

oposición democrática especularon con varias opciones, pero no pudieron definir ningún acuerdo. En medio de

esas vacilaciones un hecho novedoso volvió a cambiar el equilibrio: una multitud se concentró el 17 de octubre en

la Plaza de Mayo reclamando por la libertad de Perón y su restitución a los cargos que tenía. Los partidarios de

Perón en el Ejército volvieron a imponerse, el coronel habló a la multitud en la plaza y volvió al centro del poder,

ahora como candidato oficial a la presidencia.

Lo decisivo de la jornada de octubre no residió tanto en el número de los congregados -quizás inferior al de la

Marcha de la Constitución y de la Libertad de septiembre- cuanto por su composición, definidamente obrera. Su

emergencia coronaba un proceso hasta entonces callado de crecimiento, organización y politización de la clase

obrera. La industrialización había avanzado sustantivamente durante la guerra, tanto para exportar a los países

vecinos cuanto para sustituir las importaciones, escasas por las dificultades del comercio y también por el boicot

estadounidense. Lo cierto es que la ocupación industrial había crecido y que la masa de trabajadores industriales

había empezado a engrosar con migrantes rurales, expulsados por la crisis agrícola. No fue un crecimiento visible,

pues a menudo se desarrolló en la periferia de las grandes ciudades, como Rosario, La Plata o Buenos Aires, pero

sobre todo porque no se trataba de un actor social cuya presencia fuera esperada, ni siquiera para un observador

tan sagaz como Ezequiel Martínez Estrada, que lo ignoró en su versión de 1940 de

La cabeza de Goliat.

Pero allí

estaban, cada vez más compactos en

torno de unos sindicatos de fuerza acrecida, cada vez más entusiasmados con

la política de Perón, y finalmente cada vez más inquietos por su renuncia. En el marco de sus organizaciones, y

encabezados por sus dirigentes, quienes todavía no habían despejado todas sus dudas respecto del coronel,

marcharon el 17 a la Plaza de Mayo, el centro simbólico del poder, materializando un reclamo que en primer

lugar era político, pero que tenía profundas consecuencias sociales. Decidieron la crisis en favor de Perón,

inauguraron una nueva forma de participación, a través de la movilización, definieron una identidad y ganaron su

ciudadanía política, sellando al mismo tiempo con Perón un acuerdo que ya no se rompería. Probablemente

algunos de esos significados no fueron evidentes desde un principio -muchos creyeron ver en ellos a los sectores

marginales de los trabajadores, la “chusma ignorante” o el “lumpemproletariado”- pero, en forma paulatina se

fueron revelando, al tiempo que una imagen mítica y fundacional iba recubriendo y ocultando la jornada de

octubre real.

Con las elecciones a la vista, Perón y quienes lo apoyaban dedicaron a organizar su fuerza electoral. Los

dirigentes sindicales, fortalecidos por la movilización de octubre, decidieron crear un partido político propio, el

Laborista, inspirado en el que acababa de triunfar en Inglaterra. Su organización aseguraba el predominio de los

dirigentes sindicales, y su programa recogía diversos motivos, desde los más estrictamente socialistas hasta los

vinculados con el dirigismo económico y el Estado de bienestar. En el nuevo partido, Perón era, nada más o nada

menos, el primer afiliado y el candidato presidencial, una posición todavía distante de la jefatura plena que

asumiría luego. Quizá para buscar bases de sustentación alternativas, o para recoger apoyos más amplios fuera del

mundo del trabajo, Perón promovió una escisión en el radicalismo, la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, a

la que se integraron unos pocos dirigentes de prestigio, de entre quienes eligió a Jazmín Hortensio Quijano -un

anciano y pintoresco dirigente correntino-para acompañarlo en la fórmula. Las relaciones entre laboristas y

radicales renovadores fueron malas: aquéllos pretendían que el coronel Domingo Mercante, que había secundado

a Perón en la Secretaría de Trabajo, lo acompañara en la fórmula, pero debieron conformarse con colocarlo como

candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Apoyaron también a Perón muchos dirigentes

conservadores de segunda línea, y sobre todo lo respaldaron el Ejército y la Iglesia, que en una pastoral

recomendó, con pocos eufemismos, votar por el candidato del gobierno que había perseguido al comunismo y

establecido la enseñanza religiosa.

La Unión Democrática incluyó a los partidos de izquierda, pero -por la impugnación de los radicales

intransigentes- excluyó a los conservadores, que debieron resignarse a apoyarla desde fuera o pasarse

calladamente al bando de Perón, como hicieron muchos, movidos por la vieja rivalidad con el radicalismo. Sus

candidatos - José P. Tamborini y Enrique Mosca- provenían del riñón de la conducción alvearista del radicalismo.

Su programa era socialmente progresista -tanto quizá como el de Perón-, pero su impacto quedó diluido por el

entusiasta apoyo recibido de las organizaciones patronales. Sin embargo, para sus dirigentes y para las masas que

esta coalición movilizaba, lo esencial pasaba por la defensa de la democracia y la derrota del totalitarismo, que

había sucedido y en cierto modo prolongado al gobierno fraudulento. Así se había pensado la política en los

últimos diez años, con la segura convicción de que, en elecciones libres, los adalides de la democracia ganarían.

Pero el país había cambiado, en forma lenta y gradual quizás, aunque el descubrimiento de esas

transformaciones fue brusco y espectacular. Perón asumió plenamente el discurso de la justicia social, de la

reforma justa y posible, a la que sólo se oponía el egoísmo de unos pocos privilegiados. Estas actitudes sociales,

arraigadas en prácticas igual de consistentes, se venían elaborando en los diez o veinte años anteriores, lo que

explica el eco suscitado por las palabras de Perón, que contrapuso la democracia formal de sus adversarios a la

democracia real de la justicia social, y dividió la sociedad entre el “pueblo” y la “oligarquía”. Un segundo

componente de estos cambios, las actitudes nacionalistas, emergió en forma brusca como respuesta a la

intempestiva intervención en la elección del embajador estadounidense Spruille Braden, quien, reanudando el

virulento ataque del Departamento de Estado contra Perón, acusado de ser un agente del nazismo, respaldó

públicamente a la Unión Democrática. La respuesta fue contundente: “Braden o Perón” agregó una segunda y

decisiva antinomia y terminó de configurar el bloque del nacionalismo popular, capaz de enfrentar a lo que

quedaba del Frente Popular.

El 24 de febrero triunfó Perón por alrededor de 300 mil votos de ventaja, equivalentes a menos del 10% del

electorado. Fue un triunfo claro pero no abrumador. En las grandes ciudades, fue evidente el enfrentamiento

entre los grandes agrupamientos de trabajadores y los de clases medias y altas, pero en el resto del país las

divisiones tuvieron un significado más tradicional, vinculado al peso de ciertos caudillos, al apoyo de la Iglesia o a

la decisión de sectores conservadores de respaldar a Perón. Perón había ganado, pero el peronismo estaba todavía

por construirse.

Mercado interno y pleno empleo

El nuevo gobierno mantuvo la retórica antiestadounidense, que elaboró luego en la doctrina de la “tercera

posición”, distanciada tanto del comunismo como del capitalismo, pero estableció relaciones diplomáticas con la

Unión Soviética, e hizo lo posible para mejorar sus relaciones con Washington. Por presión de Perón, y venciendo

las reticencias de muchos antiguos nacionalistas que lo habían acompañado, el Congreso aprobó en 1946 las Actas

de Chapultepec, que permitían el reingreso a la comunidad internacional, y al año siguiente el Tratado

Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado en Río. En el mismo lugar donde, cinco años antes, el país

manifestara plenamente su independencia diplomática, el canciller Juan Atilio Bramuglia se limitó en la ocasión a

plantear diferencias menores. Pero la hostilidad estadounidense, alimentada por viejas razones económicas -la

competencia de los granjeros- y motivos políticos más recientes, no disminuyó, y Estados Unidos siguió dispuesto

a hacer pagar a la Argentina por su independencia durante la guerra. El boicot fue sistemático. El bloqueo a

armamentos e insumos vitales no pudo mantenerse en la posguerra, salvo en algunos casos, pero el comercio

exterior era vulnerable. Las exportaciones industriales a los países limítrofes, que habían crecido mucho durante

la guerra, empezaron a retroceder ante la competencia estadounidense. Las exportaciones agrícolas a Europa -que

entraba a la paz literalmente hambrienta- fueron obstaculizadas por Estados Unidos, restringiendo los transportes

o vendiendo a precios subsidiados. La apetencia de los países maltrechos por la guerra era demasiado grande para

que esto impidiera las ventas, pero en rigor ninguno de ellos poseía ni productos para intercambiar ni divisas

convertibles que el país pudiera usar para saldar sus compras en Estados Unidos, de modo que en estos años

excepcionales la Argentina cosechó beneficios modestos. En 1948, se lanzó el Plan Marshall, pero Estados Unidos

prohibió que los dólares aportados a Europa se usaran para importaciones de la Argentina. Ya desde 1949, las

economías europeas se recuperaron, Estados Unidos inundó el mercado con cereales subsidiados y la participación

argentina disminuyó drásticamente. Para el gobierno quedaba la esperanza de que una nueva guerra mundial

restableciera la situación excepcional de principios de los años cuarenta, y en verdad no faltaban indicios en ese

sentido, como la crisis de Berlín o la guerra de Corea, que estalló en 1950. El acotamiento del conflicto y la rápida

respuesta de Estados Unidos para impedir una alteración del mercado mundial acabaron con la última esperanza.

Gran Bretaña no aceptó las presiones estadounidenses para restringir sus compras en la Argentina. Además de

la carne, estaban en juego las libras argentinas bloqueadas en Londres durante la guerra y las inversiones

británicas radicadas en el país. La magnitud de las deudas británicas -la Argentina era sólo un acreedor menor-

hacía impensable el pago de las libras. La pésima situación de las empresas ferroviarias, la descapitalización y

obsolescencia y la pérdida general de rentabilidad hacían conveniente para los británicos desprenderse de ellas.

Luego de una larga y compleja negociación, se arregló la compra de los ferrocarriles por un valor similar a las

libras bloqueadas y un acuerdo sobre venta de carne, que sería en lo sucesivo pagada en libras convertibles. Tras la

retórica nacionalista que envolvió esta operación -presentada como parte del programa de independencia

económica y celebrada con una gran manifestación en la Plaza de Mayo- se trataba sin duda de un éxito británico,

frente a un país que no tenía mejor opción. La crisis financiera británica de 1947 y el abandono de la

convertibilidad de la libra acabaron con la única ventaja importante obtenida.

Vender cereales fue cada vez más difícil y vender carne, cada vez menos interesante. La consecuencia fue una

reducción de la producción agropecuaria -motivada también por otros aspectos de la política económica- que se

acompañó de un crecimiento sustantivo de la parte destinada al consumo interno. El lugar en el mundo que

tradicionalmente tenía la Argentina, como productor privilegiado de bienes agropecuarios, fue haciéndose menos

significativo y esto contribuyó a definir las opciones -económicas y políticas- que la guerra había planteado.

La Segunda Guerra Mundial, la crisis de los mercados y el aislamiento, acentuado por el boicot

estadounidense, habían contribuido a profundizar el proceso de sustitución de importaciones iniciado en la

década anterior, que, extendiéndose más allá de los límites considerados “naturales” -la elaboración de materias

primas locales-, avanzó en el sector metalúrgico y otros. Una empresa típica, Siam Di Telia, que había comenzado

elaborando máquinas de amasar y surtidores para Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), creció notablemente

con las heladeras, a las que después sumó ventiladores, planchas y lavarropas. En algunos casos se exportó a países

vecinos, que también padecían la falta de los suministros habituales; en otros, se fabricaron localmente los

productos importados ausentes: se adaptaron los modelos y los procedimientos, con ingenio y quizá de manera

improvisada y poco eficiente, y se usó intensivamente la mano de obra, lo que sumado a las dificultades para

incorporar maquinarias hizo que los aumentos de producción implicaran caídas en la productividad laboral.

Creció así, junto a las empresas industriales tradicionales, una amplia capa de establecimientos medianos y

pequeños, y aumentó en forma notable la mano de obra industrial, que se nutría de la corriente de migrantes

internos, cada vez más intensa.

El fin de la guerra y la conclusión de esa suerte de “vacío de poder” en el mundo, que había permitido el

crecimiento de sectores industriales marginales como el argentino, planteaban distintas opciones. Abandonada

definitivamente la idea de una vuelta a la “normalidad” previa a 1930 o a 1914, quienes estaban vinculados con los

grupos empresarios más tradicionales, ubicados tanto en el sector exportador como en el industrial, adoptaban las

ideas planteadas por Pinedo en 1940: estimular las industrias “naturales”, capaces de producir eficientemente y de

competir en los mercados externos, asociarse con Estados Unidos para sustentar su crecimiento, y a la vez

mantener un equilibrio entre el sector industrial y el agropecuario, del cual debían seguir saliendo las divisas

necesarias para la industria. La opción era difícil, no sólo por la necesidad de recomponer una relación con

Estados Unidos que estaba muy deteriorada, así como de procurar firmemente recuperar los mercados de los

productos agropecuarios, sino porque suponía una fuerte depuración del sector industrial, eliminar el segmento

menos eficiente crecido durante la guerra al amparo de la protección natural que ésta generaba y afrontar a la vez

los costos de una difícil absorción de la mano de obra que quedaría desocupada. Una segunda alternativa había

sido planteada por grupos de militares durante la guerra, y recogía tanto motivos estratégicos de las Fuerzas

Armadas como ideas que arraigaban en el nacionalismo: profundizar la sustitución, extenderla a la producción de

insumos básicos, como el acero o el petróleo, mediante una decidida intervención del Estado, y asegurar así la

autarquía. La imagen de la Unión Soviética -que, más allá del comunismo, se había convertido en un Estado

poderoso- estaba presente en esta propuesta, y en la subsecuente retórica de los planes quinquenales. Pero, igual

que en la Unión Soviética, esto implicaba un enorme esfuerzo para la capitalización, restricciones al consumo y

probablemente una “generación sacrificada”.

Perón venía participando de estas discusiones, que él mismo promovió en el Consejo de Posguerra constituido

en 1944. Su solución fue ecléctica y también novedosa, y tuvo en cuenta principalmente los intereses inmediatos

de los trabajadores, que constituían su apoyo más sólido. La inspiración autárquica de los militares se dibuja en el

Primer Plan Quinquenal, que debía servir para planificar la economía, pero se limitó a una serie de vagos

enunciados, y también en la constitución de la empresa siderúrgica estatal Sociedad Mixta Siderurgia Argentina

(SOMISA), que sin embargo todavía seguiría casi en proyecto diez años después. La presencia del sector industrial

crecido en la guerra se advierte en su primer equipo económico, a cuya cabeza estaba Miguel Miranda, un

fabricante de envases de hojalata, secundado por Raúl Lagomarsino, un industrial del vestido, y asesorado por José

Figuerola, un destacado técnico español. Miranda, nombrado presidente del Banco Central, del poderoso Instituto

Argentino de Promoción del Intercambio (lAPi) y del Consejo Económico Social, fue durante tres años el

conductor de la economía. La política del Estado -dotado como se verá de instrumentos mucho más poderosos-

apuntó a la defensa del sector industrial instalado y a su expansión dentro de las pautas vigentes de protección y

facilidad. Éste recibió amplios créditos del Banco Industrial, protección aduanera para eliminar competidores

externos y divisas adquiridas a tipos preferenciales para equiparse. Además, las políticas de redistribución de

ingresos hacia los sectores trabajadores contribuían a la expansión sostenida del consumo. En ese singular período,

la alta ocupación y los salarios en alza trajeron aparejada una expansión de la demanda y una inflación cuyos

niveles empezaron a elevarse, pero a la vez ganancias importantes para los empresarios.

En suma, Perón había optado por el mercado interno y por la defensa del pleno empleo. Se trataba de una

verdadera “cadena de la felicidad”, que pudo financiarse principalmente por la existencia de una abundante

reserva de divisas, acumulada durante los prósperos años de la guerra, y que permitió en la posguerra un

acelerado, desenfrenado y con frecuencia poco eficiente equipamiento industrial. Desafiando las leyes de la

contabilidad, y con la esperanza puesta en una nueva guerra mundial, en esos años se gastó en el exterior mucho

más de lo que entraba. Por otra parte, el IAPI monopolizó el comercio exterior y transfirió al sector industrial y

urbano ingresos provenientes del campo, mediante la diferencia entre los precios pagados a los productores y los

obtenidos por la venta de las cosechas en el exterior. Era un golpe fuerte al sector agropecuario, al que sin duda ya

no se consideraba la “rueda maestra” de la economía, o al que quizá se suponía capaz de soportarlo todo. Los

productores rurales padecían también por la falta de insumos y maquinarias -para las que no había cambio

preferencial-, el congelamiento de los arrendamientos, que afectó el ciclo natural de recuperación de la fertilidad

de la tierra, y el costo más alto de la mano de obra, debido a la vigencia del Estatuto del Peón. Todas estas razones

agudizaron la caída de la superficie cultivada, al tiempo que el aumento del consumo interno -reflejado en el

trigo, y sobre todo en la carne- reducía aún más las disponibilidades para la exportación.

La política peronista se caracterizó por un fuerte impulso a la participación del Estado en la dirección y

regulación de la economía; desarrolló tendencias iniciadas en la década anterior, bajo las administraciones

conservadoras, pero las extendió y profundizó, según una corriente de inspiración keynesiana difundida en

muchas partes durante la posguerra. A la vez, hubo una generalizada nacionalización de las inversiones

extranjeras, particularmente de empresas controladas por capital británico, que se hallaba en pleno proceso de

repatriación; se adjudicó a esto una gran importancia simbólica, expresada en la fórmula de la Independencia

Económica, solemnemente proclamada en Tucumán el 9 de julio de 1947. A los ferrocarriles se sumaron los

teléfonos, la empresa de gas y algunas compañías de electricidad del interior, sin afectar sin embargo a la

legendaria Compañía Argentina de Electricidad (CADE) que servía a la Capital. Se dio fuerte impulso a Gas del

Estado, construyendo el gasoducto desde Comodoro Rivadavia, a la Flota Mercante -a la que se incorporaron las

naves del extenso grupo Dodero- y a la incipiente Aerolíneas Argentinas. El Estado avanzó incluso en actividades

industriales, no sólo por la vía de las fábricas militares, sino con un grupo de empresas alemanas nacionalizadas,

que integraron la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE). Pero la reforma más importante fue la

nacionalización del Banco Central. Desde él se manejaba la política monetaria y la crediticia, y también el

comercio exterior, pues los depósitos de todos los bancos fueron nacionalizados, y al Banco Central se le asignó el

control del IAPI.

Así, la nacionalización de la economía y su control por el Estado fueron una de las claves de la nueva política

económica. La otra -y quizá la primera- tuvo que ver con los trabajadores, con el mantenimiento del empleo y con

la elevación de su nivel de vida.

Esto tenía probablemente raíces políticas más importantes que las económicas: el terror a las posibles

consecuencias sociales del desempleo, el recuerdo de la crisis de la primera posguerra -de la que Perón mismo

tuvo una experiencia directa, cuando participó en la represión de los amotinados de Vasena-, así como la misma

experiencia europea de entreguerras, y también de posguerra, deben haber influido no sólo en el diseño político

más general, sino en el privilegio, en materia de política económica, de la salvaguardia del empleo industrial

primero y de la redistribución de los ingresos después. Pero a la vez, la justicia social sirvió para el sostenimiento

del mercado interno. Entre 1946 y 1949 se extendieron y generalizaron las medidas sociales lanzadas antes de

1945. Por la vía de las negociaciones colectivas, garantizadas por la ley, los salarios empezaron a subir

notablemente. A ello se agregaron las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o los sistemas sociales de

medicina y de turismo, actividades en las que los sindicatos tuvieron un importante papel. Por otros caminos, el

Estado benefactor contribuyó decisivamente a la elevación del nivel de vida: congelamiento de los alquileres,

establecimiento de salarios mínimos y de precios máximos, mejora de la salud pública -la acción del ministro

Ramón Carrillo fue fundamental-, planes de vivienda, construcción de escuelas y colegios, organización del

sistema jubilatorio, y en general todo lo relativo al campo de la seguridad social.

El Estado peronista

Esta combinación de lo conseguido y lo concedido es reveladora de la compleja relación establecida entre los

trabajadores y el Estado. Los términos en que ésta se había desarrollado hasta las elecciones enseguida se

modificaron radicalmente después del triunfo.

Justificándose en la innumerable cantidad de conflictos entre laboristas y radicales renovadores, Perón ordenó

la disolución de los distintos nucleamientos que lo habían apoyado, y entre ellos el Partido Laborista, a través del

cual los viejos sindicalistas aspiraban a conducir una acción política autónoma, solidaria con Perón pero

independiente. La decisión -que culminaría en la creación del Partido Peronista- fue al principio resistida, pero en

definitiva sólo Cipriano Reyes, el dirigente de los frigoríficos de Berisso, se enfrentó con Perón, ganándose una

enconada persecución. Poco después, en enero de 1947, Perón eliminó de la dirección de la CGT a Luis Gay,

veterano gremialista e inspirador del Partido Laborista, y uno de los propulsores del proyecto autónomo, y lo

reemplazó por un dirigente de menor cuantía, indicando así la voluntad de subordinar al Estado la cúpula del

movimiento obrero. Una vez más, no hubo resistencias: probablemente para el grueso de los trabajadores la

solidaridad con quien había hecho realidad tantos beneficios importaba más que una autonomía política cuyos

propósitos, en ese contexto, no resultaban claros.

Pero a la vez, la organización obrera se consolidó firmemente. Como ha mostrado Louise Doyon, la

sindicalización, escasa hasta 1943, se extendió rápido a los gremios industriales primero y a los empleados del

Estado después, alcanzando su máximo hacia 1950. La ley de asociaciones profesionales aseguraba la existencia de

grandes y poderosas organizaciones -un sindicato por rama de industria y una confederación única-, con fuerza

para negociar de igual a igual con los representantes patronales, pero a la vez dependientes de la “personería

gremial”, otorgada por el Estado. Las orientaciones y demandas circulaban preferentemente desde arriba hacia

abajo, y la CGT, conducida por personajes mediocres, fue la responsable de transmitir las directivas del Estado a

los sindicatos y de controlar a los díscolos. Similar fue la función de los sindicatos respecto de las organizaciones

de base: controlar, achicar el espacio de acción autónoma, intervenir las secciones demasiado inquietas; a la vez,

se hicieron cargo de funciones cada vez más complejas, tanto en la negociación de los convenios como en las

actividades sociales, y debieron desarrollar una administración especializada, de modo que la fisonomía de los

dirigentes sindicales, convertidos en una burocracia estable, se diferenció notablemente de la de los viejos

luchadores. En la base, la acción sindical conservó una gran vitalidad, por obra de las comisiones internas de

fábrica, que se ocuparon de infinidad de problemas inmediatos referidos a las condiciones de trabajo, negociaron

directamente con patronos y gerentes, y establecieron en la fábrica un principio bastante real de igualdad. En los

primeros años, hasta 1949, las huelgas fueron numerosas, y se generaron al impulso de las reformas lanzadas desde

el gobierno, para hacerlas cumplir o extenderlas, con la convicción por parte de los trabajadores de que se

ajustaban a la voluntad profunda de Perón.

Éste, sin embargo, se preocupaba por esa agitación sin fin y procuraba profundizar el control del movimiento

sindical. Los gremialistas que lo acompañaron en el inicio fueron alejándose, reemplazados por otros elegidos por

el gobierno y más proclives a acatar sus indicaciones. Las huelgas fueron consideradas inconvenientes al principio,

y francamente negativas luego: se procuró solucionar los conflictos mediante los mecanismos del arbitraje, y en su

defecto se optó por reprimirlos, ya sea por mano del propio sindicato o de la fuerza pública. Desde 1947, Eva

Perón, esposa del presidente, se dedicó desde la Secretaría de Trabajo -el lugar dejado vacante por Perón- a

cumplir las funciones de mediación entre los dirigentes sindicales y el gobierno, facilitando la negociación de los

conflictos con un estilo muy personal que combinaba la persuasión y la imposición.

La relación entre Perón y el sindicalismo -crucial en el Estado peronista- fue sin duda compleja, negociada y

difícilmente reducible a una fórmula simple. Pese a la fuerte presión del gobierno sobre los sindicatos y a la

decisión de controlar su acción, éstos nunca dejaron de ser la expresión social y política de los trabajadores. Desde

la perspectiva de éstos, el Estado no sólo facilitaba y estimulaba su organización y los colmaba de beneficios, sino

que creaba una situación de comunicación y participación fluida y hasta familiar, de modo que estaban lejos de

considerarlo como algo ajeno. El Estado peronista, a su vez, tenía en los trabajadores su gran fuerza legitimadora,

y los reconocía como tal; y no de un modo retórico o abstracto, sino referido a sus organizaciones y a sus

dirigentes, a quienes concedió un lugar destacado.

Pero a la vez, el Estado peronista procuró extender sus apoyos a la amplia franja de sectores populares no

sindicalizados, con quienes estableció una comunicación profunda, aunque de índole diferente, a través de Eva

Perón y de la fundación que llevó su nombre. Financiada con fondos públicos y aportes privados más o menos

voluntarios, la Fundación realizó una obra de notable magnitud: creó escuelas, hogares para ancianos o huérfanos

y policlínicos; repartió alimentos y regalos navideños; estimuló el turismo y los deportes, a través de campeonatos

infantiles o juveniles de dimensión nacional, bautizados con los nombres de la pareja gobernante. Sobre todo,

practicó la acción directa: las unidades básicas -organizaciones celulares del partido- detectaban los casos

particulares de desprotección y transmitían los pedidos a la Fundación, donde, por otra parte, la propia Eva Perón

recibía cotidianamente, sin fatiga, una permanente caravana de solicitantes que obtenían una máquina de coser,

una cama en el hospital, una bicicleta, un empleo o una pensión quizá, un consuelo siempre. Eva Perón resultaba

así la encarnación del Estado benefactor y providente, que a través de la “Dama de la Esperanza” adquiría una

dimensión personal y sensible. Sus beneficiarios no eran exactamente lo mismo que los trabajadores: muchos

carecían de la protección de sus sindicatos, y todo lo debían al Estado y a su intercesora. Los medios de difusión

machacaron sin cesar sobre esta imagen, entre benefactora y reparadora, replicada luego por la escuela, donde los

niños se introducían a la lectura con “Evita me ama”. La experiencia de la acción social directa, sumada al

reiterado discurso del Estado, terminaron constituyendo una nueva identidad social, los “humildes”, que completó

el arco popular de apoyo al gobierno.

Según una concepción que se desarrolló más ampliamente a medida que transcurrían los años, el Estado debía

vincularse con cada uno de los sectores de la sociedad, que era considerada como una comunidad y no como la

suma de individuos, y aspiraba a que cada uno de ellos se organizara y constituyera su representación corporativa.

Con mayor o menor fortuna, aspiró a organizar a los empresarios, reuniendo en la Confederación General

Económica (CGE) a todas las representaciones sectoriales, así como a los estudiantes universitarios o a los

profesionales. Intentó también, con cautela, redefinir las relaciones con las grandes corporaciones tradicionales.

Con la Iglesia existió un acuerdo básico, que se tradujo en el poco velado apoyo electoral de 1946. El gobierno

peronista mantuvo la enseñanza religiosa en las escuelas, y concedió la conducción de las universidades a

personajes vinculados con el clericalismo hispanófilo. Reservó un lugar importante en el ceremonial público a los

altos prelados, como monseñor Santiago Copello, e incorporó a su elenco político a algunos sacerdotes, como el

padre Hernán Benítez, confesor de Eva Perón, o el padre Virgilio Filippo, fogoso cura párroco del barrio de

Belgrano, que cambió el púlpito por una banca en el Congreso. Fue sin embargo una relación algo distante: un

grupo importante de eclesiásticos -entre ellos, monseñor Miguel D’Andrea-, preocupados por el autoritarismo

creciente, se alineó firmemente en el lado de los opositores; otros lamentaron la renuncia de Perón a las consignas

nacionalistas, y otros muchos miraron con reservas algunos aspectos de la política democratizadora de las

relaciones sociales, como por ejemplo la igualación de derechos entre hijos “naturales” y “legítimos”.

Con respecto a las Fuerzas Armadas, aunque Perón recurrió de manera habitual a oficiales para desempeñar

funciones de importancia, se cuidó inicialmente tanto de inmiscuirse en su vida interna como de darles cabida

institucional en el gobierno. Sobre todo, procuró conservar la identificación establecida en 1943 entre las Fuerzas

Armadas y un gobierno del que se quería continuador: el 4 de junio, “olímpico episodio de la historia”, siguió

siendo un Fausto fundador; temas centrales del gobierno, como la independencia económica, la unidad nacional y

el orden, y sobre todo la imagen de un mundo en guerra donde la neutralidad se traducía en la “tercera posición”,

sirvieron para consolidar un campo de solidaridades común, alterado sin embargo por el estilo excesivamente

plebeyo que los militares veían en el gobierno, y sobre todo por la presencia, acción y palabra, difíciles de aceptar,

de la esposa del presidente.

Según la concepción de Perón, el Estado, además de dirigir la economía y velar por la seguridad del pueblo,

debía ser el ámbito donde los distintos intereses sociales, previamente organizados, negociaran y dirimieran sus

conflictos. Esta línea -ya esbozada en la década de 1930- se inspiraba en modelos muy difundidos por entonces,

que pueden filiarse tanto en Benito Mussolini como en el mexicano Lázaro Cárdenas, y rompía con la concepción

liberal del púlpito por una banca en el Congreso. Fue sin embargo una relación algo distante: un grupo importante

de eclesiásticos -entre ellos, monseñor Miguel D’Andrea-, preocupados por el autoritarismo creciente, se alineó

firmemente en el lado de los opositores; otros lamentaron la renuncia de Perón a las consignas nacionalistas, y

otros muchos miraron con reservas algunos aspectos de la política democratizadora de las relaciones sociales,

como por ejemplo la igualación de derechos entre hijos “naturales” y “legítimos”.