Volver a Derecho Administrativo I
Tierra Tropical (2009) 5 (1): 23-32
ISSN: 1659-2751
IN DUBIO PRO NATURA: UN PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y
PREVENCIÓN A FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES
J. Russo
2
y R.O. Russo
1
1
Universidad EARTH, Las Mercedes de Guácimo, Costa Rica
2
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Recibido 10 de diciembre 2008. Aceptado 5 de junio 2009.
RESUMEN
El principio precautorio y la manera en que se inserta en la legislación de varios países de
América Latina se remontan a la tradición sociopolítica germana y se basaba en el buen manejo
doméstico. En la Declaración de Río se estableció un principio de carácter Precautorio: “Con el
fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la
falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
Según este principio la inexistencia de evidencias prácticas sobre daños potenciales no es razón
válida para no establecer las normas que se consideren necesarias para prevenir la ocurrencia de
resultados perjudiciales. En el caso de Costa Rica, el principio precautorio en materia ambiental
se ha incorporando paulatinamente en el ordenamiento jurídico nacional.
Palabras clave: In dubio pro natura, principio de precaución, principio precautorio, recursos
naturales.
ABSTRACT
The Precautionary Principle and the way in which it is included in the legislation of various Latin
American countries go back to the German sociopolitical tradition and was based on good
domestic management. In the Rio Declaration on Environment and Development, a precaution
principle was established: "In order to protect the environment, the precautionary approach
shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of
serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation". According to this
principle the lack of practical evidence on potential damages is not a valid reason to forgo
establishing norms that may be considered necessary to prevent the occurrence of damaging
results. In the case of Costa Rica, the precautionary principle in environmental matters has been
gradually incorporated in the national legislation.
Key words: In dubio pro natura, Principle of Precaution, Precautionary Principle, natural
resources.
INTRODUCCIÓN
Las necesidades humanas son ilimitadas mientras que los recursos naturales son finitos.
Satisfacer todas las necesidades se vuelve cada vez más complejo, no habiendo tampoco toda la
cantidad necesaria de recursos para ello. Es decir que contamos con la limitación impuesta por la
1
Contacto: Ricardo Russo (r-russo@earth.ac.cr)
24 Russo y Russo / Tierra Tropical (2009) 5 (1): 23-32
naturaleza para la satisfacción de todas nuestras necesidades y deseos. Es por ello, que conforme
lo afirma Tomás Hutchinson
2
, hay que ordenar la conducta de las personas en aquello que las
relaciona con el medio ambiente buscando regular ciertos comportamientos e impedir otros.
Fundamentalmente creemos que lo necesario en estos tiempos, y lo principal, es la toma de
conciencia. La educación siempre fue la base para que las personas asuman ciertas normas y
pautas de conducta a fin de poder insertarse satisfactoriamente en la sociedad. Lo mismo debería
producirse con el cuidado y protección de la naturaleza. También, como lo afirma el autor
precitado, el derecho debería comenzar a regular y prohibir aquellas conductas que consideramos
dañosas al medio ambiente, siempre y cuando, a nuestro parecer, se haya llevado en principio
una concientización de lo que implica el cuidado y de lo que significa para nuestra vida el medio
ambiente (Mosset Iturraspe et al., 1999; Hutchinson, 2006).
En este orden de ideas, cabe destacar que en la República Argentina existe una normativa
tendiente a proteger al medio ambiente. La Constitución Nacional de Argentina (BORA, 1994),
en su Artículo 41, establece “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las
necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe
el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos.”
El citado artículo, existente en la Constitución Argentina desde la reforma constitucional de
1994, considera al ambiente como aquel ámbito construido que aloja todas las actividades
humanas, es decir que es el entorno vital de las personas, entendido como marco de los
elementos y condiciones y circunstancias naturales en que se desarrolla la vida. Es por ello que el
artículo reza textualmente “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano... y tienen
el deber de preservarlo”. En la mencionada reforma de 1994, en el artículo 75 inciso 22 se
incorporaron tratados internacionales de Derechos Humanos, formando sus textos parte de la
constitución, ampliándose el marco de protección de los derechos. Otro de los instrumentos
incorporados es el Pacto de Derechos Económicos, sociales y culturales adoptado en el seno de
la Asamblea de las Naciones Unidas en 1966 que entrara en vigor en 1976, en su artículo 12
reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental. Seguidamente establece que los Estados, a fin de lograr el goce de este derecho, deberán
entre otras cosas, propiciar el mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del
medio ambiente.
En todos los instrumentos y diferentes tratados que se han suscripto en lo referente al medio
ambiente, sin dejar de lado la legislación interna de cada estado, se han establecido diferentes
principios a fin de poder lograr una adecuada protección ambiental.
2
Hutchinson, T. 2008. Regulación de comportamientos [entrevista]. [Profesor de Derecho, Universidad de Buenos Aires,
AR]. Comunicación personal.
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PRINCIPIOS
Según el Diccionario de la lengua Española de la Real Academia Española (RAE, 2001),
principio es la base, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo en cualquier
materia. También entiende por principio a cualquiera de las primeras proposiciones o verdades
fundamentales por donde se empiezan a estudiar las ciencias o las artes. Es esta última acepción
la que debemos tener en cuenta. En el derecho, encontramos diversos principios algunos que se
encuentran plasmados en normas y otros que no, que surgen de otras fuentes. En este orden de
ideas, cabe destacar la existencia del principio in dubio pro reo del derecho penal, favor debitoris
en el derecho civil, in dubio pro operario aquel que favorece al trabajador en el derecho laboral,
hasta en los Derechos Humanos encontramos el principio pro homine. ¿Por qué en el derecho
ambiental no habría razón para tener uno? Este es in dubio pro natura, en el que la duda favorece
al que defiende la vida, la salud y el ambiente.
EL PRINCIPIO PRECAUTORIO
Es conveniente recordar el origen del principio precautorio y la manera en que se inserta en la
legislación de varios países de América Latina. Según Boehemer Christiansen (1994), el origen
del principio precautorio se remonta a la tradición sociopolítica germana y se basaba en el buen
manejo doméstico. Bajo la noción de principio precautorio se procura no sólo definir el mismo a
través del examen de diferentes ensayos formulados desde la doctrina y su naturaleza jurídica,
sino diferenciarlo de otros principios de derecho ambiental (Ahteensuu, 2008; Martínez y García
Rey, 2008).
Cuando se suscribió la Declaración de Río, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Ambiente y Desarrollo de 1992 (Río 92), entre sus Principios se estableció uno de carácter
Precautorio, conocido como el Principio 15: “Con el fin de proteger el medio ambiente, los
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades.
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente” (ONU, 1992).
En este orden de ideas, en el marco de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, el Foro
de Ministros de América Latina y el Caribe, en reunión extraordinaria celebrada el 31 de agosto
de 2002 en Johannesburgo, se aprobó la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo
Sostenible (ILAC), la cual establece una serie de directrices operativas para hacer avanzar a la
región hacia el logro de los objetivos del desarrollo sostenible. Estas directrices reiteran las
posiciones adoptadas en Río 92 para promover la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto,
exigir el cumplimiento de asistencia de los países desarrollados –0,7 % del PIB de los países
industrializados-, cumplir con los compromisos de la Declaración de Doha y el Consenso de
Monterrey, reconocer el principio precautorio como un elemento clave de la política
ambiental, darle prioridad al Plan de Acción de Barbados, así como fortalecer iniciativas como
los Consejos Locales de Desarrollo (Wo Ching y Camacho Pérez, 2003).
Según este principio o enfoque, la inexistencia de evidencias prácticas sobre daños potenciales
no es razón válida para no establecer las normas que se consideren necesarias para prevenir la
ocurrencia de resultados perjudiciales (Artigas, 2001). En América Latina, con el ánimo de dar
seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos en Río 92 se han emitido diferentes
políticas, programas y proyectos nacionales dentro de los cuales, en el caso de América Central,
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se ubica la estrategia de desarrollo sostenible definida en la Alianza Centroamericana para el
Desarrollo Sostenible (ALIDES, 1995).
En el caso de Costa Rica, el principio precautorio en materia ambiental se ha incorporando
paulatinamente en el ordenamiento jurídico nacional. En cumplimiento de los compromisos
adquiridos con la Convención de Diversidad Biológica y Convenio Centroamericano de
Biodiversidad, Costa Rica aprobó La ley de Biodiversidad, Ley No. 7788 (Asamblea Legislativa,
CR, 1998). El objeto de esta ley es conservar la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos,
así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. La Ley de Biodiversidad en
el artículo 11 indica los criterios de aplicación de la misma, cuales son:
Criterio preventivo: se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las
causas de la pérdida de la biodiversidad o de sus amenazas.
Criterio precautorio o in dubio pro natura: cuando exista peligro o amenaza de daños
graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con
estos, la ausencia de certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces de protección.
Criterio de interés público ambiental: el uso de los elementos de la biodiversidad deberá
garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la
conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la
calidad de vida de los ciudadanos.
Criterio de integración: la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad deberán
incorporarse a los planes, los programas, las actividades y estrategias sectoriales e
intersectoriales, para los efectos de que se integren al proceso de desarrollo.
Los elementos de la biodiversidad que se encuentran bajo la soberanía del Estado, que incluyen
ecosistemas marinos y los procesos y las actividades desarrolladas en ella, se comprenden en el
artículo 3 de la Ley de Biodiversidad y deben ser tutelados por dicho Estado. Por esta razón, una
concesión de exploración de hidrocarburos se encuentra también regulada por lo establecido en
esta ley. De manera que el principio precautorio demanda al Estado actuar para prevenir daños al
ambiente, aunque no exista certeza científica sobre las posibles causas o consecuencias de la
fuente del daño.
El principio de precaución también ha sido ampliamente analizado por la Sala Constitucional de
Costa Rica (Sala Constitucional, CR, 1995). En el Voto N° 5893-95 la Sala ha dicho
expresamente lo siguiente:
"Asimismo, en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo, entre otras cosas,
quedó establecido el derecho soberano de los estados a definir sus políticas de desarrollo. Se
enuncia también, el principio precautorio (principio 15 de la Declaración de Río), según el
cual "con el fin de proteger el ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio
de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del ambiente." De modo que, en la protección de nuestros recursos naturales,
debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser
minimizados, es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes,
lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio "in dubio pro natura" que puede
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extraerse, analógicamente, de otras ramas del Derecho y que es, en un todo, acorde con la
naturaleza. No obstante, la tarea de protección al ambiente, se dificulta toda vez que
arrastramos una concepción rígida con respecto al derecho de propiedad, que impide avanzar
en pro del ambiente, sin el cual no podría existir el derecho a la vida, al trabajo, a la
propiedad o a la salud. No se debe perder de vista el hecho de que estamos en un terreno del
derecho, en el que las normas más importantes son las que puedan prevenir todo tipo de daño
al ambiente, porque no hay norma alguna que repare, a posteriori, el daño ya hecho;
necesidad de prevención que resulta más urgente cuando de países en vías de desarrollo se
trata. En este sentido, la Declaración de Estocolmo afirmó "...que en los países en desarrollo
la mayoría de los problemas ambientales son causados por el mismo subdesarrollo. Millones
continúan viviendo por debajo de los estándares mínimos de salud y salubridad. Por lo tanto
los países en desarrollo deben dirigir todos sus esfuerzos hacia el desarrollo, teniendo en
mente las prioridades y necesidades para salvaguardar y mejorar el ambiente. Por la misma
razón los países industrializados deberían hacer esfuerzos para reducir la brecha entre ellos y
los países en desarrollo."
Por su parte, en Argentina, en el año 2002 se sancionó la Ley General del Ambiente número
25.675, promulgada el 27 de Noviembre del 2002 (BORA, 2002). La misma establece los
presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable, según lo reza el propio artículo primero de la mencionada ley.
Dentro de los principios de la política ambiental se señala el principio que nos concierne: el
principio precautorio: asevera dicha ley que “cuando haya peligro de daño grave e irreversible
la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio
ambiente”.
Además de enarbolar este principio, la ley predispone otros para la interpretación y aplicación de
la ley como lo son los principios de:
congruencia: mediante el cual la legislación provincial y municipal referida al medio
ambiente debe adecuarse a los principios y normas fijadas por la ley nacional 25.675,
prevaleciendo esta por sobre las demás en caso de incongruencia;
prevención: estableciendo que deben tratarse en forma prioritaria e integrada los temas
ambientales tratando de prevenir efectos negativos al ambiente;
equidad intergubernamental: los responsables de la protección ambiental deberán velar por
el uso y goce apropiado del medio ambiente por las generaciones presentes y futuras;
progresividad: reza que el generador de efectos degradantes del ambiente, actuales o futuros,
es responsable de los costos de las acciones preventivas y correctivas de precomposición, sin
perjuicio de la vigencia de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan;
subsidiariedad: que manifiesta la obligación por parte del ENA (Estado Nacional Argentino)
de colaborar y participar en el accionar de particulares para la preservación y protección del
medio ambiente;
sustentabilidad: este principio entiende que el desarrollo económico y social y el
aprovechamiento de los recursos naturales deberá realizarse por medio de una gestión
apropiada del ambiente;
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solidaridad: establece una suerte de responsabilidad solidaria entre el ENA y los estados
provinciales por la prevención y mitigación de efectos ambientales transfronterizos adversos
por su accionar;
cooperación: por el que se determina que los recursos naturales y los sistemas ecológicos
compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional.
Es interesante comparar los principios que se encuentran establecidos en la legislación
argentina con los enunciados en la legislación costarricense.
CASOS DE APLICACIÓN
En el ámbito de la jurisprudencia, el Magistrado Neófito López Ramos, miembro del Poder
Judicial de México y colaborador del Programa de Derecho Ambiental del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) compiló Resúmenes de Sentencias
Judiciales en Materia Ambiental (López Ramos, 2003).
En el ámbito de la jurisprudencia, el Magistrado Neófito López Ramos, miembro del Poder
Judicial de México y colaborador del Programa de Derecho Ambiental del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) compiló Resúmenes de Sentencias
Judiciales en Materia Ambiental (López Ramos, 2003).
En el caso perteneciente a la Argentina, López Ramos (2003) analiza la demanda interpuesta por
la Municipalidad de Magdalena contra armadores y propietarios de dos buques que había
protagonizado un abordaje frente a sus costas desencadenando un derrame de petróleo
provocando la contaminación de aguas y tierras costeras. En la demanda contra tres empresas
Shell C.A.P.S.A., Schiffahrts y Boston Compañía Argentina de Seguros, S.A., se solicitaron
medidas tendientes a la recomposición del medio ambiente (Diario Judicial, 2007). Entre los
antecedentes del caso se puntualiza que el hecho previo al juicio consiste en que: el 17 de enero
de 1999 ocurrió contaminación por residuos de hidrocarburos derivado de un abordaje en el Río
de la Plata a la altura del kilómetro 93 del canal intermedio de acceso al puerto de Buenos Aires,
derramándose 5300 m
3
de petróleo, que las corrientes y el viento llevaron a la costa del Partido
de Magdalena.
La demanda se instauró por la municipalidad de Magdalena, quien consideró que las tareas de
recomposición del medio ambiente por parte de las demandadas no fueron bastantes y que
quedaron abandonados más de cinco mil metros cúbicos de residuos de hidrocarburos y que por
tanto deben ejecutar el Plan de Gestión Ambiental que incluya esas actividades y las que se
requieran para asegurar la reposición de las condiciones que el medio ambiente tenía antes de la
contaminación, en términos del artículo 41 de la Constitución Nacional (BORA, 1994).
La demandada señaló que ese juicio debe ser conocido por un juez distinto al que previno, es
decir, el Juzgado Quinto Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal, número
3, secretaría 5, de Buenos Aires, pues ante éste se encuentra en trámite un juicio de abordaje que
dilucida la responsabilidad sobre el derrame de petróleo, y debe conocer de todo lo relacionado a
ese tema, para evitar sentencias contradictorias; que el juicio de abordaje ejerce fuero de
atracción sobre el sub lite; que el artículo 552 de la Ley de Navegación 20.094 (BORA, 1973)
haría cosa juzgada respecto de todos los interesados.
La Cámara Federal de Apelaciones estableció que: “Como consecuencia de la suscripción por el
país del Convenio Internacional para la prevención de la contaminación del mar, se dictó la ley
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22.190” (BORA, 1980). De acuerdo a esa ley, quien contamina debe pagar los costos de la
recuperación ambiental (artículo 14), por lo que el fundamento de la responsabilidad no reside en
la culpa de quien lo haya causado sino que basta que el daño se realice, es decir, se creó un
sistema de responsabilidad objetiva por el cual los propietarios o armadores deben soportar el
gasto de la limpieza de aguas.
La Ley 24.089 que aprueba el protocolo de 1978 y el Convenio de 1973 sobre la materia, destaca
que se entiende por sustancia perjudicial cualquiera que pueda ocasionar riegos en la salud
humana, dañar la flora, fauna y recursos vivos del medio marino. La Ley 24.292 aprobó el
convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por
hidrocarburos adoptado por la Organización Marítima Internacional, que establece el principio
de que el que contamina paga (Benedini, 2004).
El artículo 4 de la Constitución Nacional de Argentina (BORA, 1994) establece el derecho
humano a un ambiente sano y la obligación de recomponer el daño ambiental. Este derecho
humano es de los denominados de tercera generación o de incidencia colectiva. Conforme a esa
tesis, las normas constitucionales y las de los tratados tienen prelación para el examen y solución
del sub lite.”
López Ramos (2003) finaliza comentando que la sentencia analizada contiene una importante
decisión judicial sobre la primacía del derecho constitucional a un medio ambiente sano y la
obligación de componer el daño ambiental, sobre la Ley de Navegación, que regula el juicio de
abordaje. Asimismo, se tiene en cuenta que la legislación interna argentina en materia de
contaminación por hidrocarburos recoge el principio de que el que contamina paga.
Más allá de ello, Boston Compañía de Seguros S.A. (aseguradora de Shell C.A.P.S.A) dedujo
recurso extraordinario federal contra el mencionado dictamen, recurso que fue desestimado, por
lo que interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
(C.S.J.N). El 3 de mayo de 2007, el Máximo Tribunal Argentino hizo lugar a la queja basándose
en los argumentos de la Procuradora Fiscal Subrogante y se declaró procedente el recurso
extraordinario interpuesto por la demandada.
Es interesante destacar, a los fines del tema en estudio, el voto en disidencia del Ministro Dr.
Juan Carlos Maqueda, quien manifiesta que la ley 25.675 “establece que su aplicación es del
resorte de los –tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las
personas- y – en los casos que el acto, omisión o situación generadora provoque efectivamente
degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia
será federal – (art. 7°)”.
El citado magistrado agrega: “no es desatinado concebir que la cuestión ambiental planteada
requería, en función de su magnitud y gravedad, una respuesta expedita y eficaz, a fin de que se
subsanen o, al menos, se atemperen los efectos nocivos del derrame de combustible producido”.
De sus dichos, se desprende el respeto por los principios establecidos en la Ley 25.675 (BORA,
2002), dejando de lado la normativa procesal aplicable y adoptando una posición de utilitaria
respecto a los hechos.
COMENTARIOS FINALES
Del 18 al 20 de agosto de 2002, se realizó en Johannesburgo, Sudáfrica, bajo el patrocinio del
PNUMA el Simposio Mundial de Jueces sobre el Desarrollo Sostenible y la Función del
Derecho, donde se reunieron miembros de las magistraturas de todo el mundo y al término del
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mismo se adoptaron los “Principios de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y la
Función del Derecho”. En dicha declaración los participantes reafirmaron su compromiso a la
promesa formulada por los dirigentes del mundo en la Declaración del Milenio (ONU, 2000;
ONU, 2009), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2000,
en el sentido que “no debemos escatimar esfuerzo alguno para liberar a todos los hombres y
mujeres, y sobre todo a nuestros hijos y nietos, del peligro de vivir en un planeta al que las
actividades humanas han causado daños irreparables y cuyos recursos no son ya suficientes
para satisfacer sus necesidades”.
También afirmaron que un poder y un proceso judiciales independientes son decisivos para la
ejecución, el desarrollo y la aplicación del derecho ambiental, y que los miembros del poder
judicial, así como quienes contribuyen al proceso judicial a nivel nacional, regional y mundial,
son asociados imprescindibles para promover el cumplimiento, la ejecución y la aplicación del
derecho ambiental internacional y nacional. Hicieron también hincapié en que el frágil estado del
medio ambiente mundial requiere que el poder judicial, en calidad de custodio del imperio de la
ley, ejecute y aplique con decisión y sin temor las leyes internacionales y nacionales pertinentes
que, en la esfera del medio ambiente y el desarrollo sostenible, contribuyan a la mitigación de la
pobreza y el sostenimiento de una civilización duradera, y aseguren que la generación presente
goce de calidad de vida y la mejore para todas las personas, asegurando al mismo tiempo que no
se comprometen los derechos y los intereses inherentes de las generaciones futuras.
Asimismo en el ámbito centroamericano, existe una estructura organizativa que se preocupa por
los derechos ambientales: la Comisión Interparlamentaria Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CICAD), que en el año 2008, emitió en Guatemala la Declaración de Antigua sobre
Cambio Climático en la que se visualiza la preocupación por salvaguardar el medio ambiente en
la región centroamericana (CICAD, 2008). Más específicamente, en el ámbito nacional, la
Asamblea Legislativa de Costa Rica, estableció una Comisión Permanente Especial de
Ambiente, que se integra a dicha Comisión y realiza reuniones periódicamente. Una de ellas fue
la de los Presidentes de las Comisiones de Ambiente y Recursos Naturales de las Asambleas
Legislativas Centroamericanas para temas ambientales de interés regional (Asamblea
Legislativa, CR, 2006).
Concluyendo, el alcance de este principio tiene diferentes interpretaciones. Una que en sentido
amplio limitaría la obligación del Estado a comportarse diligentemente en la toma de decisiones.
La otra, más estricta, que implicaría cancelar la actividad o conducta que lo produce ante la
amenaza de un posible riesgo al ambiente.
LITERATURA CITADA
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