Cine Callao
Corte Suprema de Justicia de la Nación
Junio 22-1960. –
Opinión del procurador general de la Nación.
El recurrente impugna la constitucionalidad de la ley, sosteniendo que la misma
vulnera las garantías que la Carta Fundamental acuerda a la libertad de
comercio y al derecho de propiedad. El sistema estatuido le ocasiona agravios
considerables en cuanto le impone una especialidad comercial a la que no está
dedicado y le exige cuantiosas inversiones destinadas a adecuar la sala a
espectáculos cuyo ofrecimiento no es propio de su actividad empresaria. Se ve
obligado además a realizar los gastos que supone la contratación de artistas, y
todo ello se ve agravado por la circunstancia de que no le es dable recuperar
tales inversiones por la prohibición, emergente de una resolución ministerial, de
trasladar el costo del número vivo al precio de las entradas.
La sola enunciación del problema contiene en sí la respuesta. La ley 14.226 es
inconstitucional, y el sostenimiento de esta tesis no puede tropezar con otra
dificultad que la que resulta de demostrar la evidencia.
El derecho de trabajar, de ejercer libremente el comercio o toda industria lícita,
no está subordinado a otro requisito que al de la licitud. En Fallos, t. 98, p. 52,
V. E. decía (consid. 3°) que el criterio constitucional para resolver si una
industria es lícita no puede ser sino el de que ella no sea contraria al orden y a
la moral pública o perjudique a un tercero, y que de este principio fundamental
es corolario lógico (consid. 4°) el de que la autoridad
no puede imponer determinados negocios por reputarlos de conveniencia
pública, pues la reglamentación a que se refiere el art. 14 no puede tener otro
objeto que facilitar el ejercicio de los derechos y coordinarlos con otros.
La razón de ser de la ley 14.226 se refleja patente en su art. 3°: asegurar
adecuados niveles de ocupación a las personas dedicadas a cierto tipo de
actividades artísticas.
Si de acuerdo con la recordada doctrina de V. E. la conveniencia pública no es
causal suficiente para facultar a la autoridad a imponer determinados negocios,
mal se aviene con este principio el de que tales negocios puedan, sí,
imponerse en función de la conveniencia de sectores limitados. Y este
contraste es aún más manifiesto si se
advierte que el negocio se traduce en realidad en la obligación de prestar un
beneficio cuya erogación se pone solamente a cargo de otro sector de la
colectividad, determinado y reducido, en vez de ser extensiva, equitativa y
proporcionalmente, a todos los miembros de la comunidad.
A través de la ley referida se han reglamentado derechos reconocidos en el art.
14 de la Constitución Nacional, y lo que V. E. debe resolver es si las
atribuciones del poder reglamentario han sido ejercidas dentro del marco
constitucional o si ha mediado extralimitación que comporta desnaturalizar
aquellos derechos.
La ley regula una actividad empresaria y se refleja por tanto sobre la libertad de
trabajo. Bueno es aquí recordar palabras de Alberdi: "No hay más que un
sistema de reglamentar la libertad; y es el de que la libertad de unos no
perjudique la libertad de los otros; salir de ahí no es reglamentar la libertad de
trabajo, es oprimirla".
Si la ley se hubiera circunscripto a establecer para una clase de trabajo las
condiciones en que el mismo debe contratarse o realizarse, se habría ajustado,
en principio, a la limitación constitucional. Pero ha ido más allá. Ha consagrado
para una categoría de personas un verdadero privilegio cuya repercusión
económica incide perjudicialmente sobre otra.
La Constitución asegura a todos el derecho de ofrecer sus servicios y contratar
su prestación. Materializarlo es una aspiración legítima. Pero a nadie asiste el
derecho de imponer a otro en carácter de obligación exigible, irrenunciable, la
de que acepte sus propios servicios sin que pueda eludir su contratación.
No se halla en tela de juicio la generosidad del propósito perseguido por la ley;
lo que se cuestiona es la constitucionalidad del medio empleado para lograrlo.
Si la autoridad estima que ese propósito debe cumplirse tiene a su alcance,
para ello, atribuciones indiscutibles. Puede crear fuentes para ese trabajo
atendiendo su erogación con sus propios fondos. Puede también simplemente
subsidiar. Pero lo que no puede es substituir esas atribuciones por otra de la
que carece: la de exigir que aquel propósito lo realice un grupo determinado
imponiéndole al efecto las obligaciones del caso mediante el ejercicio de un
poder de policía que, así ejercido, recuerda conceptos de Campbell Black y del
Justicia Brewer: "ese poder de policía tan fácilmente pervertido hasta el
extremo de convertirlo en un peligro para los derechos y la libertad" que "ha
llegado a ser el refugio de todo atentado de la autoridad".
Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles
para un mal ocasional, recurre a facultades de que no está investido, crea,
aunque conjure aquel mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una
vez desatado se hace de difícil contención: el de identificar atribuciones
legítimas en orden a lo reglado, con excesos de poder. Poco a poco la
autoridad se acostumbra a incurrir en extralimitaciones, y lo que en sus
comienzos se trata de justificar con referencia a situaciones excepcionales o
con la invocación de necesidades generales de primera magnitud, se
transforma, en mayor o menor tiempo, en las condiciones normales del
ejercicio del poder. Ocurre después algo peor. Los mismos gobernados se
familiarizan con el ejercicio, por parte del gobierno, de atribuciones
discrecionales para resolver problemas. Y entonces, consciente o
subconscientemente, pero siempre como si el derecho escrito vigente hubiera
sido substituido o derogado por un nuevo derecho consuetudinario, cada sector
de la comunidad exige, si está en juego su propio interés y es preciso para
contemplarlo, que la autoridad recurra a cualquier desvío o exceso de poder. A
cualquiera, no importa en qué medida, basta que sea idóneo para que la
pretensión reclamada sea inmediata y favorablemente acogida; y así su
concesión no comprometa el patrimonio estatal será más fácil y cómodo para el
gobierno acordar lo pedido que denegarlo.
De esto se hace después una práctica. Así se va formando lo que se da en
llamar "una nueva conciencia". Nada va quedando ya que sea pertinente por
imperio de la ley o a través de sus instituciones, y el derecho se adquiere, se
conserva o se pierde sin más causas que la propia voluntad del gobernante o la
benevolencia sectaria con que hace funcionar su discrecionalidad.
El logro de cualquier aspiración, aunque se funde en el más elemental de los
derechos, pasa entonces a depender de decisiones graciables. Incluso puede
acontecer que el gobernante, cuya máxima función es asegurar el imperio de la
legalidad, busque revestir sus actos de gobierno, aun los legítimos, de una
generosa arbitrariedad, llevando así al ánimo del pueblo la sensación de que
un sistema de derecho estricto no es compatible con el progreso.
El estado de derecho queda así suplantado por el caos de hecho. Desaparece
la estabilidad jurídica y el pueblo, única fuente de soberanía, advierte, cuando
es tarde, que la ha ido depositando paulatina y gradualmente, en manos de
quien detenta el poder.
Para evitar que se llegue a tan lamentables extremos nuestra Carta
Fundamental contiene diversas y acertadas previsiones, y la tarea de velar por
su cumplimiento y hacerlas efectivas está asignada en última instancia al Poder
Judicial. A él confía esa misión superior, y de su cabal cumplimiento depende,
en definitiva, que las garantías constitucionales llenen su única finalidad: la de
actuar como barreras infranqueables ante cualquier avance indebido de la
autoridad. Ni a título de excepción, ni aun cuando considerado aisladamente
uno de tales excesos pudiera tenerse por eficaz para atemperar un mal o para
producir un beneficio, están los jueces habilitados para cohonestar los excesos
de poder "in legibus salus".
Inspirado en las consideraciones que dejo formuladas he analizado la ley en
examen y la obligación que ella impone. No creo que ésta esté condicionada a
un criterio de legitimidad constitucional ni de razonabilidad. La autoridad no se
ha subordinado, en el ejercicio del poder reglamentario, a las limitaciones de la
Carta Fundamental, y la consecuencia ha sido que en el uso de ese poder ha
llegado a lesionar el goce de un derecho en su normal plenitud. Y por ello
estimo que V. E. debe declarar inconstitucional dicha ley y revocar la sentencia
apelada. - Abril 29 de 1958. - Sebastián Soler.
Buenos Aires, junio 22 de 1960. - Considerando: 1° - La Dirección Nac. del
Servicio de Empleo, invocando las facultades que le confiere el decreto
13.349/56 (ADLA, XVI-A, 769), dictó resolución intimando a la Soc. An.
Cinematográfica para que iniciase, dentro del plazo de 10 días, la presentación
de "números vivos" en la sala del Cine Callao de esta Capital, bajo
apercibimiento de las sanciones establecidas en el decreto 21.877/44 (ley
12.921), al que se remite el art. 4° de la ley 14.226 (ADLA, VII, 143 y 169; XIII-
A, 162). La resolución fue reiterada a fs. 14 vta., no obstante los recursos de
revocatoria y jerárquico interpuestos por la firma interesada, en los que, cabe
señalar, dejó planteada la cuestión federal.
2° - No habiéndose cumplido el requerimiento aludido y previa substanciación
del pertinente sumario
administrativo, se impuso a la sociedad intimada multa de $ 1.000, bajo
apercibimiento de clausura si no era obrada dentro del plazo de 48 horas, sin
perjuicio de fijar un nuevo plazo de 10 días hábiles para que realizara las obras
que pusiera la sala en condiciones de presentar "números vivos" y registrara
los contratos con los respectivos artistas.
3° - Satisfecha la multa, la interesada interpuso contra la resolución
administrativa recurso de apelación para ante el juez correccional y habiéndose
declarado éste incompetente en virtud de lo dispuesto en la ley 12.948, art. 19,
inc. c) (ADLA, VII, 203; V, 4), las actuaciones fueron pasadas, en oportunidad,
a la Cám. Nac. del Trabajo, que dictó sentencia, luego de oír al recurrente y
recibir - la prueba producida. La sentencia confirmó la resolución recurrida en
cuanto "a estar comprendida la sala del Cine Callao en la ley 14.226" y la
revocó respecto de la multa impuesta, que dejó sin efecto, y del plazo, cuya
fijación definitiva defirió a la autoridad administrativa, con indicación de
ajustarse a las particularidades del caso, aludiendo así a los datos recogidos en
la pericia técnica.
4° - Que contra esta sentencia, la Soc. An. Cinematográfica interpuso recurso
extraordinario fundando la impugnación de la ley 14.226 por contraria a la
garantía de la propiedad y derecho de ejercer libremente el comercio e
industria, en el argumento que impone a los empresarios cinematográficos una
actividad extraña a la que éstos desarrollan, obligándolos a contratar artistas en
condiciones violatorias de la libertad de comerciar y a realizar gastos e
inversiones no susceptibles de amortización ni rédito, atento que según lo
dispuesto en la resolución 81/54, que congeló los precios de las entradas de
cinematógrafos, quedó prohibido cobrar una suma adicional por los
espectáculos ofrecidos de naturaleza distinta a la exhibición cinematográfica; a
lo que debía agregarse que el poco favor del público para estos espectáculos,
frustraba la posibilidad de beneficio, propio de toda actividad comercial.
5° - El recurso extraordinario es procedente por haberse tachado la ley 14.226
por contraria a los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional y haber sido la
decisión apelada favorable a aquélla (art. 14, inc. 2°, ley 48) (ADLA, 1852-1880,
364).
6° - Según surge de lo expuesto, no ha quedado planteada en autos cuestión
alguna, relacionada con la multa impuesta al recurrente, ni al plazo fijado, toda
vez que ellos han sido dejados sin efecto por el tribunal a quo. El único punto
sometido actualmente a juzgamiento, es el que concierne a la parte de la
sentencia que declara que "la sala del Cine Callao está encuadrada dentro de
la ley 14.226". Trátase, en consecuencia, de decidir si debe considerarse válida
o inválida la obligación impuesta por la ley 14.226, de incluir "espectáculos
artísticos vivos" en los programas de la sala de cine mencionada, obligación
que su empresario deberá cumplir previa adecuación del local, con la inversión
que ello supone y dentro del plazo que se fije al efecto.
7° - Esta Corte, luego de haber abandonado la circunscripta concepción del
poder de policía expuesta en antiguos pronunciamientos (Fallos, t. 7, p. 150; t.
98, ps. 20 y 52; t. 101, p. 126) para acoger la tesis amplia y plena, aceptada
desde el siglo pasado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados
Unidos ("Barvier v. Connolly", 113 US 27), declaró que dentro de los objetos
propios de aquel poder ha de estimarse comprendida - junto a la seguridad, la
moralidad y la salubridad pública- la defensa y promoción de los intereses
económicos de la colectividad (Fallos, t. 136, p. 161; t. 137, p. 47; t. 142, p. 68;
t. 171, ps. 348 y 366; t. 172, p. 21; t. 199; p. 483; t. 200, p. 450 y otros [Rev. LA
LEY, t. 36, p. 703, fallo 18.217 y t. 37, p. 561, fallo 18.533]).
8° - Que esta doctrina ha tenido siempre, en el derecho argentino, la firme base
de sustentación proveniente del art. 67, inc. 16 de la Constitución Nacional, que
representa una de las previsiones de mayor valía entre las diversas que atañen
a la organización económico-social de la Nación y de las provincias, toda vez
que -claro está que con sujeción a los límites fijados por la propia Constitución-
supone la anticipada habilitación de los recursos o técnicas que en cada uno de
los estados por que atraviese el desarrollo del país, resulten aptos para
impulsarlo.
9° - Dentro de esa especie del poder de policía ha de considerarse
legítimamente incluida la facultad de sancionar disposiciones legales
encaminadas a prevenir, impedir, morigerar o contrarrestar, en forma
permanente o transitoria, los graves daños económicos y sociales susceptibles
de ser originados por la desocupación en mediana o gran escala.
10. - Son frecuentes las disposiciones sancionadas por el Congreso con tal
designio (véanse las leyes 9148, 11.590, 11.591, 11.600, 11.660, 11.868,
12.101, 12.102, etc. [ADLA, 1889-1919, 898; 1920-1940, 254, 259, 284, 529 y
548]), debiendo mencionarse, entre ellas, por su importancia y por la relación
que guarda con el sub lite, la ley 13.591 (ADLA, IX-A, 330) que creó la
Dirección Nac. del Servicio de Empleo, y a la que se le encomendó funciones
tales como las de facilitar a los trabajadores posibilidades de ocupación en todo
el país, propender a la creación y "mantención" de fuentes de trabajo y atender
a las prestaciones de paro forzoso. A su turno, la ley 14.226, a la que se refiere
el presente recurso, no constituye sino una de las particulares manifestaciones
de la política prevista por la ley 13.591, como señalan, claramente, los
considerandos del decreto 13.349/56 -complementario del régimen "sub
examine"-, en los que puede leerse: "...la ley 14.226 crea un sistema especial
destinado a promover la ocupación en lo concerniente a los trabajadores del
espectáculo público". Y tal aserción no hace otra cosa que ratificar las
expresiones vertidas en oportunidad del respectivo debate parlamentario
(Cámara de Diputados, 1953, t. II, ps. 1276 y sigts., Cámara de Senadores,
1953, t. I, ps. 614 y sigts.), durante cuyo transcurso se estableció, asimismo,
que la ley tendía, simultáneamente, a asegurar la defensa del "patrimonio
artístico nacional", a la que también ha de considerarse comprendida dentro del
ámbito del art. 67, inc. 16.
11. - Por tanto, el objeto cardinal y específico de la ley cuestionada, en mérito a
su naturaleza y a los propósitos que le dan contenido, lejos de consistir en el
provecho de un grupo de personas obtenido merced al sacrificio patrimonial de
otro grupo, reviste carácter inequívocamente público o general. De modo que,
acreditado que en este aspecto básico, la ley 14.226 no transgrede los
principios que rigen el legítimo ejercicio del poder de policía, a esta Corte sólo
le está permitido analizar la razonabilidad de los medios previstos por el
legislador, o sea el grado de adecuación existente entre las obligaciones que la
ley impone y los fines cuya realización procura (doctrina de Fallos, t. 98, p. 20;
t. 171, p. 348; t. 199, p. 483 y otros), y ello, cualquiera sea el juicio sobre el
mérito intrínseco o el valor artístico, permanente o actual de la actividad
tutelada.
12. - Sentado lo expuesto, cabe señalar que el sistema de la ley 14.226
consiste en establecer la obligación de incluir "espectáculos artísticos vivos de
variedades" en los programas de las salas cinematográficas de todo el territorio
de la Nación (art. 1°), obligación a cumplirse progresivamente y por zonas, con
arreglo a lo que disponga la autoridad administrativa de aplicación -la Dirección
Nac. de Servicio de Empleo- "a los efectos de asegurar adecuados niveles de
ocupación a las personas dedicadas a las mencionadas actividades" (art. 3°).
No importó, por tanto, reglamentar ni encauzar la industria o el comercio
cinematográfico como tal, sino que se sirvió de las salas destinadas a esta
actividad, "debido a la carencia de suficientes salas de teatro", para dar cabida
a una especie de espectáculo público, distinto pero no incompatible con aquél,
mediante la imposición a los empresarios cinematográficos de la carga
consistente en incluir en sus programas, los llamados "números vivos" con este
doble género de obligaciones: 1°) el de proveer a las obras e instalaciones para
que pudieran aquéllos realizarse; 2°) el de contratar ejecutantes, respecto de
quienes sólo aludió la ley, de una manera expresa, a la condición atinente a
nacionalidad -argentinos o extranjeros con residencia no menor de dos años-
salvo excepción justificada por la jerarquía artística, e implícitamente, a su
aptitud para desarrollar un espectáculo artístico. El pronunciamiento a dictar,
pues, ha de versar, exclusivamente, sobre la validez constitucional de una y
otra exigencia, en confrontación con los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución
Nacional vigente, puesto que ambas atraen la totalidad de los agravios
sometidos a la consideración del tribunal y constituyen, en suma, la materia
substancial del debate planteado en autos.
13. - Como quedó dicho, y por aplicación de la doctrina sentada en Fallos, t.
199, p. 483, el análisis del mérito o eficacia de los medios arbitrados para
alcanzar los fines propuestos, la cuestión de saber si debieron elegirse los de la
ley 14.226 u otros procedimientos, son ajenos a la competencia de esta Corte,
a la que sólo incumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios
elegidos por el Congreso, es decir, que sólo debe examinar si son o no
proporcionados a los fines que el legislador se propuso conseguir y en
consecuencia decidir si es o no admisible la consiguiente restricción de los
derechos individuales afectados. Pues, como se afirmó en Fallos, t. 171, p. 348
y se recordó en Fallos, t. 199, p. 483, el tribunal nunca ha entendido que pueda
sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del
Congreso de la Nación, para pronunciarse sobre la validez constitucional de las
leyes, sea de las que regulan trabajos, comercios o industrias con fines de
policía, sea de las que establecen impuestos o tasas (Fallos, t. 98, p. 20; t. 147,
p. 402; t. 150, p. 89; t. 160, p. 247).El examen y el pronunciamiento judicial,
deben radicar sin duda en la conformidad que, de acuerdo con los arts.
28 y 31 de la Constitución Nacional, deben guardar con ella las leyes de la
Nación, porque, como lo ha destacado la Suprema Corte de Estados Unidos en
193 US 197, 350, refiriéndose a la distribución de poderes, establecidos en la
Constitución, "...esta Corte no tiene deber superior que el de dar vigencia,
mediante sus fallos, a la voluntad del Departamento Legislativo del Gobierno,
tal como se expresa en la ley, salvo en aquellos casos en que la ley sea
evidente e indubitablemente violatoria de la Constitución, pues si la ley excede
los poderes constitucionales del Congreso, la Corte dejaría de cumplir un deber
solemne si así no lo declarase". Esta atribución, por tanto, sólo debe ser
ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional que se invoca es
manifiesta y la incompatibilidad inconciliable, debiendo resolverse cualquier
duda a favor de la constitucionalidad, máxime si ello es posible sin violencia de
los textos (doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos en 106 US 629,
635 [1883]; 155 US 648, 657 [1895]; 123 US 142, 147 [1927] y otros.
Igualmente doctrina de esta Corte en Fallos, t. 14, p. 432; t. 112, p. 63; t. 200,
p. 180; t. 209, p. 337; t. 234, p. 229; t. 235, p. 548; t. 242, p. 73 y especialmente
t. 244, p. 309).
14. - Que, como también se advirtió en Fallos, t. 199, p. 483 y t. 237, p. 397, no
es una novedad la imposición legal de cargas que no son impuestos ni tasas,
de las que sería un ejemplo la derivada por la ley 14.226 para los empresarios
de salas de cinematógrafos, cuya constitucionalidad estaría condicionada, por
una parte, a la circunstancia de que los derechos afectados fueran respetados
en su substancia y, por la otra, a la adecuación de las restricciones que se les
impone, a las necesidades y fines públicos que los justifican, de manera que no
aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, esto es, proporcionadas a
las circunstancias que las originan y a los fines que se procura alcanzar con
ellas (Fallos, t. 200, p. 450), siendo a cargo de quien invoca irrazonabilidad o
confiscación, la alegación y prueba respectiva.
15. - Como explican los precedentes citados y la doctrina que los funda, es
lícito aseverar que, obligaciones de la naturaleza de las señaladas en el consid.
6°, no contrarían, por vía de principio, ninguna garantía o derecho
constitucional, en tanto representan medios válidos de actuación del poder de
policía.
16. - Ello aclarado, la solución del caso no parece dudosa, en presencia de las
siguientes circunstancias, vinculadas a la reglamentación de las normas legales
en litigio y a las modalidades particulares del caso:
1) El principal argumento del apelante, fundado en la resolución 81/54 del ex-
Ministerio de Industria y Comercio, se refiere a la imposibilidad de cobrar un
sobreprecio por la presentación del espectáculo vivo, cuyo costo -dice- "debe
ser soportado íntegramente por los empresarios sin que el público retribuya en
ninguna medida el espectáculo adicional". Y la verdad es que esta afirmación,
que resume y da base a lo esencial de la concreta tacha de inconstitucionalidad
formulada, carece de actualidad desde que la resolución 1446/57 del referido
ex-ministerio (Bol. Oficial, octubre 2 de 1957 [ADLA, XVII-A, 1033]), autorizó "el
cobro por separado del acto vivo" y dispuso, expresamente: "la venta de
localidades de tal manera que el público pueda concurrir a presenciar el
programa completo que corresponde a la sección o luego de la actuación del
número vivo, en cuyo caso no abonará el precio correspondiente a este último,
que se percibirá con entrega de un control de entrada separado" (art. 2°, inciso
c]). En virtud de esta resolución, pues, y a partir de ella, el gasto que ocasiona
la retribución de los "números adicionales" se traslada a los espectadores
concurrentes, cuya asistencia es voluntaria (consids. 3°, 4° y
5°), sin que de ningún modo se haya acreditado que la asistencia de público a
la sala sobre la que versan las actuaciones sea tan escasa como para hacer
ilusoria esa traslación del gasto.
2) En lo concerniente a los gastos indispensables para adecuar el local, a los
que también es aplicable la conclusión anterior, interesa señalar que el monto
de ellos sería mínimo, como surge del informe pericial de fs. 56/60. Por lo
demás, las constancias obrantes en el expediente administrativo núm.
53.902/54, tenido a la vista, que contiene un minucioso informe técnico sobre
los ingresos de las salas cinematográficas durante el período comprendido
entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 1954 -período durante el cual los
empresarios percibieron sobreprecio por la actuación del "número vivo"-,
contradicen las aseveraciones del recurrente. De los datos allí reunidos, es
dado deducir que los ingresos que la empresa peticionante obtenga por la
presentación de los espectáculos a que se refiere la ley 14.226, le permitirán,
por de pronto, recuperar a corto plazo las inversiones que realice e, incluso,
lograr algún beneficio pecuniario.
3) Es preciso tener en cuenta, asimismo, que las obligaciones legales sujetas a
controversia se impusieron a los empresarios de salas cinematográficas debido
a "la carencia de suficientes salas de teatro", hecho que es público y notorio,
que fue expresamente aducido en el debate legislativo y que acredita la
razonabilidad de la restricción cuestionada, tanto más cuanto que es innegable
la afinidad de las actividades teatrales y cinematográficas.
4) Por su parte la prescripción del art. 3° de la ley 14.226 -"asegurar adecuados
niveles de ocupación a las personas dedicadas a las mencionadas
actividades"- no ha importado para el empresario cinematográfico sustituir el
espectáculo propio de su comercio por los llamados "números vivos", sea en
cuanto a días completos de exhibición, con exclusión de la diaria exhibición
cinematográfica habitual, sea en cuanto a las horas también habituales de
estas exhibiciones, en todos y cada uno de los días de la semana. Nada se ha
alegado en contrario a este hecho, notorio en la Capital Federal, sede del Cine
Callao de la sociedad recurrente, y menos probado; y tampoco que haya
habido arbitrariedad, afán persecutorio o irrazonabilidad por parte de la
autoridad administrativa de ejecución, al encuadrar a dicho cine dentro del
sistema de la ley 14.226 (véase pericia de fs. 56/60), de modo que la decisión
respectiva apareciera como ejercicio abusivo de la facultad atribuida en el art.
3°.
17. - Correlativamente debe advertirse que las reglamentaciones dictadas en
vista de la aplicación de la ley 14.226 limitan el "número vivo" a una duración
de 30 a 40 minutos, en el intervalo que precede a la exhibición de la película de
base de las últimas secciones de la tarde y de la noche, en salas de no menos
de 800 localidades (arts. 1°, 2° y 9°, resolución 4/54 del 5 de mayo de 1954
dictada por la Dirección Nac. del Servicio de Empleo, expediente 290.953/57),
sin que las partes "puedan requerir la fijación de «listas», «turnos» o cualquier
otro sistema que impida o dificulte la libre elección del artista por parte del
empresario" (art. 4°, ídem), cuya actuación se desarrolla sobre la base de una
locación de obra que no establece, por principio, relación de dependencia entre
aquél y éste (dictamen legal y resolución de fs. 3 y sigts., expte. 48.095/57,
expte. 268.608, agregados por cuerda). No se impone otra obligación
administrativa al respecto que la del registro del respectivo contrato en la
Dirección Nac. del Servicio de Empleo (resolución 21/57) y para los artistas
ejecutantes, la de cumplir con requisitos de inscripción que hacen a su aptitud y
condiciones legales para actuar, con arreglo a la resolución 167/59 que es de
mera policía del trabajo ("stricto sensu").
18. - Todo ello quiere decir, pues, que la ley 14.226 y sus reglamentos han
impuesto una carga a los empresarios cinematográficos que no suprime ni
altera el derecho a ejercer su comercio específico en la sala destinada a ese
efecto, en la cual el negocio de exhibición cinematográfica puede explotarse en
las horas y condiciones habituales, con posibilidad de recuperar las inversiones
necesarias para la adecuación de la sala -de escasa importancia en el caso-
según el informe pericial, y los gastos que demande la realización del "número
vivo", para cuya contratación gozan de amplio margen, y sin que se haya
alegado y menos probado que esa posibilidad se encuentra frustrada en los
hechos por causas no imputables al empresario.
19. - Finalmente, esta Corte ha admitido reiteradamente el principio de la
presunción de la constitucionalidad de las leyes, lo que, naturalmente, supone
la de su razonabilidad, a lo menos cuando juegan elementos de hecho como
los que aquí se debaten (argumento de los arts. 1°, 28, 31 y 67, incs. 16 y 28;
Fallos, t. 98, p. 20; t. 136, p. 161; t. 144, p. 219; t. 172, p. 21; t. 173, p. 192; t.
179, p. 54; t. 182, p. 170 y otros [Rev. LA LEY, t. 9, p. 328, fallo 4103]).
Correspondía al impugnante, pues, evidenciar de modo concreto y categórico
la irrazonabilidad de la ley 14.226 en su relación con las modalidades del caso;
y, de conformidad con las consideraciones que anteceden, es obvio que no ha
dado cumplimiento a ese deber procesal.
20. - En mérito de todo lo expuesto, esta Corte estima que, en el caso "sub
examine", las obligaciones que la ley 14.226 impone al recurrente son válidas
por no lesionar las garantías constitucionales invocadas, de propiedad yde
comerciar y ejercer una industria lícita. En consecuencia, se declara que el art.
1° de la ley 14.226, de la manera que ha sido aplicado en la resolución de fs.
27, confirmada por la sentencia de fs. 72, con modificación que la hace más
favorable al apelante, no es violatoria de los arts. 14, 17 y 28 de la Constitución
Nacional.
En su mérito, habiendo dictaminado el procurador general, se confirma la
sentencia apelada en cuanto pudo ser materia del recurso extraordinario
interpuesto. - Benjamin Villegas Basavilbaso. - Aristóbulo D. Aráoz de
Lamadrid. - Pedro Aberastury. - Ricardo Colombres. - En disidencia: Luis M.
Boffi Boggero.
Disidencia. - Considerando: 1° - La parte recurrente alega la
inconstitucionalidad de la ley 14.226 por cuanto, en su sentir, ella afecta la
libertad de comercio y el derecho de propiedad (arts. 14 y 17, Constitución
Nacional). Lo primero, porque impone una actividad comercial ajena a la
propia, que es cinematográfica y no teatral, exige la contratación de artistas y
personal auxiliar y obliga al ofrecimiento de un espectáculo en condiciones
tales que afectan a la jerarquía de la sala. Lo segundo, porque se impone la
realización de inversiones ajenas a la explotación cinematográfica, así como la
reducción de capacidad de la sala mediante la supresión de dos filas de plateas
y el pago de artistas y personal auxiliar sin posibilidad de que el público se
haga cargo de las sumas correspondientes.
2° - Las alegaciones formuladas por las partes, muchas de ellas al margen del
miraje puramente jurídico, hacen conveniente la puntualización de algunos
conceptos para fundar este voto.
3° - El art. 1° de la ley 14.226 declara "obligatoria la inclusión de espectáculos
artísticos vivos de variedades en los programas de las salas cinematográficas
de todo el territorio de la Nación". Como el decreto 1446/57 -acercando la ley al
cauce constitucional- permite el aumento correspondiente del precio de las
entradas, el agravio que se fundaba en la imposibilidad de hacerlo y en los
perjuicios económicos que de ello derivaban, carece de asidero en la
actualidad.
4° - Corresponde a esta Corte decidir, en su carácter de guardián
constitucional, si el artículo citado entraña o no agravio por transgredir la
libertad de comercio y el derecho de propiedad (arts. 14 y 17, citados).
5° - La libertad de comercio y el derecho de propiedad integran en nuestro
ordenamiento el complejo de la libertad como atributo inherente al concepto
jurídico de persona, y comportan la posibilidad de elegir la clase de comercio
que más conviniese a su titular y, naturalmente, la de ejecutar los actos
jurídicos necesarios para el ejercicio de ese comercio, manejando los bienes
propios a voluntad, sin que por principio sea posible la imposición de una
actividad comercial determinada o la obligación de contratar con persona
alguna, transformando la libertad de celebrar contratos en el deber de hacerlos.
6° - A ese respecto, el suscripto ha tenido oportunidad de expresar en Fallos, t.
244, p. 548: "Si bien es cierto que la Constitución es un instrumento de
Gobierno que ha sido instituido para perdurar -1, Wheaton, 304- y que es,
según conocida sentencia norteamericana, más un «camino» que una
«puerta», no lo es menos la necesidad de ajustarse a los principios
fundamentales que están en la base de la organización constitucional, de modo
tal que todas las adaptaciones no lleguen más allá de los límites
constitucionales establecidos, aun cuando la jurisprudencia de otros países
hubiese seguido líneas distintas". Y ese pensamiento se vincula de manera
directa con la elevada misión de resguardo constitucional que corresponde se
dijo, a esta Corte, como uno de los Poderes que ejerce el Gobierno de la
Nación.
7° - La ley cuestionada aparece como la solución de un grave problema traído
por la desocupación de artistas en virtud de la escasez de salas teatrales y
como salvaguardia del patrimonio artístico nacional. Pero es de toda evidencia
que tan altas y plausibles finalidades no pueden cristalizar por medio de
normas incompatibles con la vigencia que es más elevada de la Constitución
Nacional.
8° - Es tan contraria a ese cuerpo normativo la concepción del ejercicio de un
derecho sin restricciones emanadas de leyes que la reglamenten (art. 14 de la
citada Constitución) para permitir la coexistencia de todos los derechos, como
una que describa ese ejercicio alterado por la ley so color de su reglamentación
(art. 28 de aquélla).
9° - En esta causa no se trata de penetrar los elementos de hecho que se
debatieron a lo extenso del proceso –vale decir, si la desocupación era de
magnitud bastante, si los artistas tenían o no la aptitud suficiente para justificar
graves medidas de emergencia, si había o no escasez de salas de teatro o si
en éstas actúan complementariamente dichos artistas, de modo que, agotadas
aquéllas, se hubiera apelado a las de cinematografía, si se carecía de otros
medios más idóneos para obtener esos fines-, sino de saber -cualquiera fuese
la opinión personal de los magistrados "de lege ferenda"- si el recurso elegido
por el Poder Legislativo es o no adecuado a los fines perseguidos, si es o no
razonable, ya que, como el suscripto lo ha manifestado reiteradas veces la
facultad privativa no es ilimitada, cabiendo el control de razonabilidad ejercido
por el Poder Judicial (verbigracia en Fallos, t. 244, p. 548).
10. - Cabe destacar en primer término que la ley sub examen tuvo sanción al
amparo de la reforma de 1949.
Cualquiera fuese el valor reconocible a las opiniones parlamentarias en materia
interpretativa, es cierto que influyeron en la sanción legal, tanto el concepto de
la propiedad afectando una "función social", atribuido a los arts. 38, 39 y 40 de
esa reforma frente al concepto individualista que se adjudicaba a las ya no
vigentes normas de 1853 (D. de ses., Cámara de Diputados, año 1953, p.
1296, donde se recoge esa afirmación de manera expresa y categórica),
cuanto la tendencia a conferir a las expresiones transcriptas una significación
híbrida o constitucionalmente excesiva.
11. - La nueva vigencia del texto constitucional de 1853 con sus otras reformas,
ha de influir naturalmente sobre la decisión en virtud de su -mejor o no- distinto
concepto sobre la propiedad -que, si es reglamentable, no es transgredible so
color de reglamentación-, desde que el art. 1° de la ley 14.226, como tantos
otros que hallaron cómoda cabida en aquellas épocas, no la tienen hoy al
cobijo de los textos constitucionales en vigencia por atentatorios de los
derechos que éstos protegen. Esto no significa que, dentro de la Constitución
actual, no sea posible dictar una legislación progresista y protectora de los
sectores más afectados económicamente, porque la evolución del país señala
muchos decretos y leyes que demostrarían lo contrario y porque numerosos
fallos de esta Corte así lo acreditarían terminantemente. Sólo significa que no
se pueden sancionar leyes o dictar decretos que, progresistas o regresivos, no
se conforman a las normas constitucionales vigentes.
12. - No es posible fundar la constitucionalidad de la norma impugnada en el
llamado "poder de policía", cuya vigencia amplia estaría garantizada en la
causa por el inc. 16 del art. 67 de la Constitución. Este inciso contieneuna
norma genérica donde no siempre se observa la precisión del concepto.
Tomado de las "Bases" de Alberdi, publicista que se inspiró en la Constitución
de Chile, pero también defendió con énfasis el derecho de propiedad y el libre
ejercicio del comercio y de la industria (verbigracia, ps. 106 y sigts. de su obra
citada), ese inciso no tiene similar en la Constitución de los Estados Unidos. Su
texto ha de analizarse en relación con las otras normas constitucionales porque
lo contrario le haría predominar de manera indebida sobre otros derechos
igualmente concedidos por la Constitución Nacional. Una cosa, por tanto, es
sancionar leyes para cumplir los elevados propósitos enunciados por el Poder
Legislativo y una muy otra es hacerlo, sea a título de "poder de policía", de
criterio evolucionado acerca de la libertad de comercio, de carga pública, o del
"bienestar general" señalado por el Preámbulo, transgrediendo derechos
fundamentales como el de propiedad, ejercicio del comercio, libertad de
contratar.
13. - Aun cuando la materia es sumamente discutida, resulta posible apreciar
con claridad la diferencia entre una restricción razonable a la actividad lícita de
una empresa comercial o industrial y una que no lo sea. Así, en la causa
registrada en Fallos, t. 31, p. 274, esta Corte sostuvo la constitucionalidad de
una ley provincial que disponía la clausura de establecimientos situados sobre
el Riachuelo porque afectaban la salud del vecindario. Lo hizo expresando con
claridad que los recurrentes no podían alegar derecho adquirido al permiso
porque éste se les había concedido "bajo la condición implícita de no ser
nocivos a los intereses generales de la comunidad" y "porque ninguno puede
tener un derecho adquirido de comprometer la salud pública y esparcir en la
vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad, y
especialmente en el ejercicio de una profesión o de una industria". Esa
actividad, podía ejercerse en otra parte. Y, a la inversa, en Fallos, t. 118, p.
278, esta Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley orgánica municipal de
Mendoza en cuanto ella disponía el traslado, dentro de 30 días, de los
sanatorios de la ciudad hacia fuera del radio urbano, sin distinguir
razonablemente entre establecimientos contagiosos y no contagiosos, mas
diferenciando, en cambio, de manera irrazonable, entre sanatorios oficiales y
particulares. Se fundó esencialmente esta Corte en que "es incuestionable que,
de acuerdo con los arts. 14, 17 19, 20 y 28 de la Constitución Nacional, la
doctrina y la jurisprudencia pueden resolver en circunstancias extraordinarias
de manifiesto e insalvable conflicto entre aquéllas y la Ley Fundamental, que
las mismas no tienen relación con sus fines aparentes y que se han
desconocido con ellas, innecesaria e injustificadamente, derechos primordiales
que el Poder Judicial debe amparar como es el goce normal y honesto de la
propiedad, sin perjuicio de tercero, y el ejercicio de profesiones e industria
lícitas "porque de otra suerte la facultad de reglamentación de las legislaturas y
de las municipalidades sería ilimitada", y las leyes y ordenanzas locales o
nacionales sobre la materia podrían hacer ilusorias todas las garantías
acordadas al habitante del país (artículo 31 de la Constitución; Fallos, t. 98, p.
52; t. 116, p. 116; t. 117, p. 432; t. 123 US 661; 195 US 223; Cooley, p. 292).
14. - Esta causa revela en esencia una fuerte y substancial restricción de la
libertad de comercio y de la propiedad de los empresarios cinematográficos por
parte del Estado. Organizados para determinados fines, se ven
compelidos a realizar actividades que, aunque reconozcan alguna semejanza
con aquéllos, son evidentemente distintas a las libremente elegidas por esas
empresas. Y esa restricción no guarda la suficiente armonía con los propósitos
que se persiguen, ya que, por una desocupación con la que no tienen vínculo
alguno, se restringe la libertad de aquellas empresas. El Estado, efectivamente,
en vez de resolver el problema con recursos propios, hace recaer la solución
en una categoría de particulares, afectando esencialmente los derechos con
que la Constitución los protege. A este respecto, es interesante destacar, como
lo hizo en su oportunidad el Justice Joseph P. Bradley, que "las prácticas...
inconstitucionales consiguen su primer apoyo... mediante ataques silenciosos y
ligeras desviaciones de los modos legales de proceder" (116 US 616), siendo
fácil deducir el proceso ulterior de apartamiento cada vez más extenso de las
normas constitucionales. Y ello puede decirse del art. 1° de la ley 14.226, que,
bajo títulos -como se dijo- tan plausibles de protección social, no ha elegido uno
de los numerosos medios razonables con que la Constitución facilita las
soluciones sociales.
15. - Como bien lo señala el procurador general apoyándose en conceptos no
arcaicos sino permanentes, la autoridad tenía atribuciones indiscutibles para
solucionar el problema, sea creando fuentes de trabajo con sus propios fondos
o bien empleando el procedimiento del subsidio. En lugar de ello, so color de
adaptar los derechos constitucionales a las cambiantes realidades de la
sociedad, ha sancionado una ley que desnaturaliza las libertades cuya vigencia
se reclama en esta causa. Las críticas de la "recurrida", de ese modo, han de
dirigirse contra la manera inconstitucional con que se intentó protegerla cuando
pudo hacérselo de acuerdo a los dictados de la Constitución.
16. - Ante las conclusiones de que informan los párrafos anteriores, la
consideración de los demás fundamentos del recurso constituye cuestión
abstracta.
Por tanto, de conformidad con el dictamen del procurador general, se revoca la
sentencia apelada en cuanto ha sido materia del recurso extraordinario. - Luis
M. Boffi Boggero.
Fallo CINE CALLAO.doc
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