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Solicita la excarcelación
de personas
criminalizadas por
aborto o eventos
obstétricos
escrito modelo
lo
Julio 2020
Centro de Estudios Legales y Sociales
Realizado entre el área Litigio y Defensa Legal con la abogada Luciana Sánchez
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CELS Escrito modelo – Solicita excarcelación
Solicita excarcelación
Escrito modelo
Este documento está destinado a servir de apoyo en el proceso de defensa de
mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binarias, niñas y adolescentes
criminalizadas por situaciones de aborto u otras emergencias obstétricas.
Ponemos a disposición un escrito modelo de solicitud de excarcelación, en el que se
desarrollan argumentos de derechos humanos que surgen de la jurisprudencia
constitucional argentina y del sistema interamericano de derechos humanos.
En tanto modelo abstracto, es necesaria su adecuación y ajuste a las circunstancias y
necesidades particulares de cada caso y las normas procesales correspondientes a
cada jurisdicción.
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CELS Escrito modelo – Solicita excarcelación
SOLICITA EXCARCELACION
(Nombre del órgano jurisdiccional)
XXXX, con el patrocinio letrado de (NOMBRE DE ABOGADX) / apoderadx de XXXX, T°
F°, con domicilio constituido en XXXX, en el marco de la IPP n° xxxx en autos
caratulados XXXX, a Ud. me presento y respetuosamente digo:
I. Objeto
Que vengo a solicitar la excarcelación de mi defendida en los términos de los artículos
169 y siguientes del Código Procesal Penal de esta Provincia de Buenos Aires, bajo
caución juratoria del artículo 181 del Código de rito.
En todo caso, si V.S. estimara que las restricciones del artículo 169 1 y 2 del Código
Procesal, en conjunto con las previsiones de su artículo 170, constituyen un obstáculo
para la concesión de la excarcelación requerida, solicito la declaración de
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas referidas.
II. Antecedentes
En autos mi defendida se encuentra imputada penalmente de la comisión del delito de
aborto propio/homicidio agravado por el vínculo, tipificado en el artículo 88/80 del
Código Penal de la Nación, y se ha ordenado su detención cautelar durante el
proceso.
La presente investigación se inició con fecha XXXX. Los hechos que se le imputan a
mi defendida consisten en XXXX. Desde fecha XXXX mi defendida se encuentra
privada de libertad cautelarmente.
Como V.S. bien conoce, la privación de libertad cautelar en el proceso penal es una
medida excepcional que tiene como único objetivo el aseguramiento de los fines del
proceso judicial, de forma que la persona imputada no eluda la justicia o entorpezca la
investigación de los hechos.
En autos no se verifican ni una de las circunstancias que podrían justificar la
necesidad de una medida cautelar de este tipo, en tanto mi defendida no pretende ni
se encuentra en las condiciones de eludir la acción de la justicia, ni de entorpecer la
dilucidación de los hechos y el correcto proceder de los oficiales de justicia.
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III. Excepcionalidad de la privación de libertad cautelar
La orden de detención de mi defendida en esta causa se inscribe en una interpretación
restrictiva e inadmisible de la garantía constitucional de presunción de inocencia y el
carácter excepcional de la privación de libertad cautelar.
Específicamente, la presunción de inocencia se halla consagrada tanto en el artículo
18 de la Constitución Nacional, como en el artículo 8.2 de la CADH, el artículo 14.2 del
PIDCP y el artículo 11.1 de la DUDH, todos ellos con jerarquía constitucional en virtud
del artículo 75, inciso 22, CN. Mientras, la prohibición de dictar detenciones arbitrarias
encuentra fundamento en el derecho a la libertad personal de las personas,
consagrado en los artículos 14 y 19 de nuestra Carta Magna, receptada expresamente
en los artículos 7, numerales 2 y 3, de la CADH, 9.1 PIDCP y 9.1 DUDH.
Como V.S. conoce, la prisión preventiva debe ser de aplicación excepcional, siempre
que otras medidas menos gravosas no puedan asegurar los objetivos del proceso.
La utilización excesiva de la prisión preventiva es un grave problema tanto en la
Argentina como otros países de la región latinoamericana. Transcurrir el proceso penal
privado de libertad se ha transformado, lamentablemente, en la regla y no la
excepción. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por
ejemplo, ha elaborado informes específicos sobre este punto, en 2013 alertando sobre
esta situación y en 2017 desarrollando las políticas públicas que los Estados deben
impulsar para reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas.
Así, la CIDH ha exhortado a los Estados a “adoptar las medidas judiciales, legislativas,
administrativas y de otra índole requeridas para corregir la excesiva aplicación de la
prisión preventiva, garantizando que esta medida sea de carácter excepcional y se
encuentre limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad
y proporcionalidad; evitando así su uso arbitrario, innecesario y desproporcionado”
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Mientras, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha desarrollado
ampliamente estos criterios en su jurisprudencia durante los años. Al respecto, ha
explicado que cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone
que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, lo que hace
es prohibir “la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero
que en la práctica resultan irrazonables, imprevisibles o carentes de proporcionalidad”
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Tanto la Corte IDH como la Comisión han resaltado que el criterio de excepcionalidad
en la aplicación de la prisión preventiva está directamente relacionado con el derecho
a la presunción de inocencia y que el fundamento del uso excepcional de esta medida
1 CIDH, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2013, párr. 326. A.1, Informe sobre medidas
dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2017, párr. 230
2 Entre muchos, Corte IDH, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, sentencia de 22 de noviembre de 2005, pars. 196 y ss.,
Caso López Álvarez Vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, par. 67, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes,
Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, sentencia del 29 de mayo de2014, párr. 309
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cautelar estriba precisamente en el hecho de que es la más severa que se puede
imponer a un imputado. Esta implica su encarcelamiento, con todas las consecuencias
que ello conlleva para la persona acusada y su familia.
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En particular, respecto de la aplicación de las normas de la Convención Americana al
instituto de la prisión preventiva o la detención cautelar en un proceso penal, la Corte
estableció que, en virtud de los artículos 7.5 y 8.2 de la CADH “la regla general debe
ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal,
ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado
un trato acorde con su condición de persona no condenada”. Así, aclaró que solo “en
casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de encarcelamiento
preventivo a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los
fines del proceso”. Señaló también que “para que una medida privativa de libertad se
encuentre en concordancia con las garantías consagradas en la Convención, su
aplicación debe conllevar un carácter excepcional y respetar el principio de presunción
de inocencia y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad,
indispensables en una sociedad democrática”
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Asimismo, la Corte IDH señaló que, para ajustarse a las disposiciones de la
Convención Americana, toda medida de detención o prisión preventiva debía reunir
tres características generales: ser una medida cautelar y no punitiva, fundarse en
elementos probatorios suficientes y estar sujeta a revisión periódica.
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Además, la Corte explicó que la CADH exige que la medida no solo no sea ilegal, sino
que, además, no puede ser arbitraria. Para esto último, la medida privativa de libertad
debe respetar algunos requisitos mínimos: debe tener una finalidad compatible con la
Convención, debe ser idónea para cumplir con el fin perseguido, debe ser necesaria,
esto es, indispensable para conseguir el fin deseado y que no exista una medida
menos gravosa, debe ser estrictamente proporcional y debe estar debidamente
fundada.
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La Corte también ha dicho que para aplicar medidas como la prisión preventiva,
“deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la
persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga”, advirtiendo
que “la sospecha tiene que estar fundada en hechos específicos y articulados con
palabras, esto es, no en meras conjeturas o intuiciones abstractas”, pues “el Estado no
debe detener para luego investigar”.
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Pero aun verificado este extremo, no es
admisible la detención preventiva si esta no está dirigida a asegurar los fines del
proceso como medida cautelar legítima y proporcional a los riesgos que se verifique.
3 Corte IDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, par. 67, CIDH, Informe sobre medidas
dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, 2017, párr. 140
4 Corte IDH, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile,
sentencia del 29 de mayo de2014, párr. 310
5 Corte IDH, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile,
sentencia del 29 de mayo de2014, párr. 311
6 Corte IDH, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile,
sentencia del 29 de mayo de2014, párr. 312
7 Chaparro Alvarez pars. 101 y 103
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Así, dijo la Corte que “aún verificado este extremo (de sospecha fundada), la privación
de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-
especiales atribuibles a la pena, sino que sólo se puede fundamentar, como se señaló
anteriormente (…), en un fin legítimo, a saber: asegurar que el acusado no impedirá el
desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”
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Así, también ha
señalado que “las características personales del supuesto autor y la gravedad del
delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión
preventiva.”
9
La verificación concreta y razonada de los peligros procesales es lo que podrá
determinar si la detención cautelar es ajustada o no a las exigencias de la presunción
de inocencia del que gozan todas las personas. El peligro procesal de que la persona
imputada se evada y eluda la justicia, entorpeciendo el desarrollo del proceso, debe
ser debidamente acreditado y justificado por el tribunal que ordena la medida cautelar.
En este respecto, la Corte IDH advirtió concretamente que, en la evaluación de la
procedencia de la prisión preventiva, para que no constituya una privación de libertad
arbitraria en violación del artículo 7.3 de la CADH se debe fundar y acreditar el riesgo
procesal que la exige y que “el peligro procesal no se presume, sino que debe
realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas
y ciertas del caso concreto”.
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En definitiva, la Corte IDH ha expresado que “para que se respete la presunción de
inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado
fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la
existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención. Proceder de otro
modo equivaldría a anticipar la pena, lo cual contraviene principios generales del
derecho, ampliamente reconocidos, entre ellos, el principio de presunción de
inocencia.”
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Estas consideraciones respecto de la excepcionalidad de la privación de libertad
cautelar y la aplicación estricta de los requisitos de riesgo procesal, han sido
ratificadas consistentemente por los tribunales argentinos.
Así, en su precedente Nápoli en 1998 la Corte Suprema de Justicia explicó que
“cuando el art. 18 de la Constitución Nacional dispone categóricamente que ningún
habitante de la Nación será penado sin juicio previo, establece el principio de que toda
persona debe ser considerada y tratada como inocente de los delitos que se le
8 Chaparro, par. 105
9 Corte IDH, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile,
sentencia del 29 de mayo de2014, párr. 312, Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador sentencia de 12 de noviembre de 1997,
par. 77, Caso López Álvarez Vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, par. 69, entre otros
10 Corte IDH, Caso J. Vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 2013, par. 159, Caso Norín Catrimán y otros
(Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, par. 312,
Corte IDH. Caso Wong Ho Wing Vs. Perú, sentencia de 30 de junio de 2015, par. 250, Caso Pollo Rivera y otros Vs.
Perú, sentencia de 21 de octubre de 2016, par. 122.
11 Corte IDH, Caso J. Vs. Perú, sentencia de 27 de noviembre de 2013, par. 159.
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imputan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo
contrario mediante una sentencia firme” (Fallos 321:3630, cons. 5).
En dicha ocasión la Corte recordó que ya en 1871 el Máximo Tribunal, en su primera
conformación, había advertido que “es también un principio de derecho que todo
hombre se reputa bueno, mientras no se pruebe lo contrario” (Fallos: 10:338, cons. 3).
También la Corte apuntó que en 1905 el Tribunal había señalado que la Constitución
Nacional garantiza en el proceso penal una “presunción de inculpabilidad” (Fallos:
102:219).
En Nápoli la CSJN también recuperó lo que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos había establecido en sus sentencias, recordando que su “jurisprudencia
debe servir de guía para la interpretación del Pacto de San José de Costa Rica”. En
particular, la CSJN subrayó lo que la Corte IDH había señalado en Suárez Rosero v.
Ecuador el año anterior, en el sentido de que “la prisión preventiva es una medida
cautelar, no punitiva, y que a su vez no debe constituir la regla general” (Fallos
321:3630, cons. 18).
En la misma línea, la Corte Suprema también ha alertado que se debe prestar
atención a que cuando se adoptan medidas que restringen la libertad del imputado
durante el proceso, dicha medida cautelar se adopta respecto de una persona que
“por imperio del art. 18 de la Constitución Nacional, goza del estado de inocencia
hasta tanto una sentencia final y dictada con autoridad de cosa juzgada no lo destruya
declarando su responsabilidad penal”. Por ello, señala la CSJN, se impone que “las
restricciones de los derechos individuales impuestas durante el proceso y antes de la
sentencia definitiva, son de interpretación y aplicación restrictiva, cuidando de no
desnaturalizar la garantía antes citada” (Fallos: 316:942, cons. 3).
Este criterio que ordena prestar especial atención a la protección constitucional de la
presunción de inocencia en el proceso pena, delineado desde el comienzo de la
existencia de la República, ha sido ratificada por la Corte Suprema a lo largo de los
años (entre muchos, Fallos: 339:1493; 342:2319).
Así, por ejemplo, más recientemente en diciembre de 2019 la Corte Suprema volvió a
referir lo categórico del artículo 18 de la Constitución Nacional, recordando que la
“presunción de inculpabilidad” referida en Fallos 102:219 está contemplada también
por “la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 al
establecer el derecho de "toda persona [a ser] presumida inocente hasta que sea
declarada culpable (artículo 9); por la Declaración Universal de Derechos Humanos al
puntualizarla como criterio de enjuiciamiento y principio rector del proceso (artículo
11.1) como también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2)” (Fallos:
342:2319, cons. 18). En el caso, las imputadas habían permanecido en prisión
preventiva por catorce años, antes de ser absueltas, en lo que la Corte definió como
“claro ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de
inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo” (Fallos: 342:2319, cons. 19).
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Del mismo modo, la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo tribunal penal del
país, se ha expresado en este sentido en diversas ocasiones. En este respecto es de
especial relevancia el plenario dictado por la CNCP en 2008 en el caso Díaz Bessone,
donde los magistrados establecieron cómo se debe interpretar y aplicar el estatuto de
la prisión preventiva para que sea acorde al ordenamiento jurídico constitucional
argentino.
En dicha ocasión, el pleno de la Cámara declaró que “no basta en materia de
excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura
condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena
privativa de la libertad superior a ocho años (arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que
deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos
en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo
procesal” (CNCP, Acuerdo 1/08 en Plenario N 13, “Díaz Bessone, Ramón Genaro
s/recurso de casación”, 30 de octubre de 2008, voto juez Ángela E. Ledesma, punto 1
del resolutorio).
En particular, es de especial interés lo expresado por la camarista Ledesma al expedir
su voto, donde advirtió que “por imperio constitucional es el Estado quien debe
demostrar que existen razones que hacen necesario encerrar a una persona durante
el proceso y no, como sucede actualmente, donde se invierte la carga de la prueba y
se exige al imputado que demuestre que no eludirá o afectará el accionar de la
justicia”. Por ello, alertó que “la búsqueda de eficacia del sistema, traducida en la
intención de aplicar el derecho material, no puede lograrse olvidando el respeto por el
debido proceso, es decir, sin garantías … se debe garantizar que la medida restrictiva
observe los principios de: un mínimo de prueba de culpabilidad, excepcionalidad,
interpretación restrictiva, proporcionalidad, gradualidad y subsidiaridad en la
aplicación, judicialidad, provisionalidad y favor libertatis” (CNCP, Acuerdo 1/08 en
Plenario N 13, “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de casación”, 30 de octubre
de 2008, voto juez Ángela E. Ledesma, considerando I).
Así, también señaló que “el derecho constitucional de ‘permanencia en libertad
durante la sustanciación del proceso penal’, emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22
de la C.N., solo puede ceder en situaciones excepcionales y cuando los jueces
consideren que existen causas ciertas, concretas y claras, en orden a un alto grado de
probabilidad o un estado de probabilidad prevaleciente de que el imputado eludirá la
acción de la justicia” (CNCP, Acuerdo 1/08 en Plenario N 13, “Díaz Bessone, Ramón
Genaro s/recurso de casación”, 30 de octubre de 2008, voto juez Ángela E. Ledesma,
considerando II).
En su voto, prosigue la magistrada, advierte también que “el fundamento real de una
medida de coerción sólo puede residir en el peligro de fuga del imputado o en el
peligro de que se obstaculice la averiguación de la verdad … El tribunal debe atender
a las circunstancias objetivas y ciertas que, en concreto, permitan formular un juicio
sobre la existencia del peligro que genera la necesidad de la medida de coerción. Este
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deber exige que el juicio acerca de la presencia de ese peligro esté a cargo
exclusivamente del tribunal … La existencia de peligro procesal, es importante
destacarlo, no se presume. Si se permitiera esa presunción, la exigencia quedaría
vacía de contenido, pues se ordenaría la detención aún cuando no existiera peligro
alguno” (CNCP, Acuerdo 1/08 en Plenario N 13, “Díaz Bessone, Ramón Genaro
s/recurso de casación”, 30 de octubre de 2008, voto juez Ángela E. Ledesma,
considerando II).
Por último, la jueza repara también que en el proceso penal “los jueces disponen de
distintas herramientas para garantizar el cumplimiento de la ley sustantiva como fin
último del proceso. Si el peligro de fuga constituye la única causal para habilitar la
procedencia de la prisión preventiva, las autoridades judiciales pueden arbitrar otras
medidas no privativas de la libertad para asegurar la comparecencia del acusado,
tales como las fianzas o, en casos extremos, la prohibición de salida del país” (CNCP,
Acuerdo 1/08 en Plenario N 13, “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/recurso de
casación”, 30 de octubre de 2008, voto juez Ángela E. Ledesma, considerando II).
Respecto de este último punto –sobre las diversas herramientas o alternativas con las
que cuentan los magistrados para asegurar los objetivos del proceso y temperar los
eventuales riesgos procesales que pueda generar la libertad de la persona imputada–
es de especial interés lo resuelto por la Cámara Nacional Criminal y Correccional en
2010, en un caso en que investigaba la responsabilidad penal por el delito de aborto
con consentimiento de la mujer, en concurso ideal con el de ejercicio ilegal de la
medicina
Allí el juez de la causa había denegado la excarcelación de la imputada, quien había
incurrido en estado de rebeldía utilizando dos nombres, hasta que fuera detenida por
las fuerzas de seguridad. En apelación la Cámara entendió que, sin perjuicio de estas
circunstancias, en el caso concreto la prisión preventiva resultaba excesiva y concedió
la excarcelación.
Atendiendo a las especiales circunstancias de su aprehensión y la situación de
rebeldía inicial, “para garantizar su sometimiento al proceso”, la Cámara concedió la
excarcelación y dispuso la imposición de “una caución real suficiente (art.324 del
código de forma) más la obligación de comparecencia semanal ante el juzgado de
origen (art.310 del mismo cuerpo normativo”.
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Es decir, no cualquier circunstancia que pueda denotar algún tipo de riesgo procesal
exige necesariamente la imposición de la medida cautelar más gravosa con la que
cuenta el ordenamiento jurídico. La prisión preventiva sólo debe ser utilizada cuando
otras medidas cautelares no fueran suficientes, en el caso concreto, para asegurar
razonablemente los fines del proceso.
En este caso, la determinación de que mi defendida se mantenga privada
cautelarmente de su libertad no se condice con las especiales exigencias de
12 Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala VI, Rodríguez, Teresita, c. 39.098, 31/03/10
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excepcionalidad que rodean este instituto. Aunque no ofreció resistencia al momento
de la detención y no surgen elementos que den cuenta de un peligro procesal, se
prolonga injustificadamente su detención preventiva sin atender a las circunstancias
concretas del caso.
El carácter arbitrario de la detención de mi defendida surge especialmente de la
ausencia de fundamentación en cuanto a los requisitos de necesidad y
proporcionalidad establecidos por la Corte IDH y refrendados por los tribunales
argentinos en aplicación del ordenamiento jurídico constitucional, en tanto no se ha
acreditado la existencia de riesgos procesales, concretamente el peligro de fuga y de
obstrucción de la prueba. A éstos sólo se refirió de forma dogmática y general,
parafraseando la normativa aplicable y sin acreditar cómo estos se verificarían en el
caso concreto de mi defendida. Como expresó la Corte IDH, “cualquier restricción a la
libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a
las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la
Convención”.
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IV. Inconstitucionalidad de las restricciones de la excarcelación en función
del tipo de delito o pena en expectativa
Por otra parte, las consideraciones respecto de la pena en expectativa o la calidad del
delito imputado, vale decir, son a todas luces inadecuadas y desproporcionadas al
momento de decidir la prisión cautelar de una persona acusada penalmente, toda vez
que la prisión preventiva no puede implicar en caso alguno un adelanto de pena. Una
decisión justificada en este sentido sería arbitraria y requeriría la inmediata liberación
de mi defendida.
Como se explicó, la Corte IDH ha sido enfática al señalar que “las características
personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí
mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva.”
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En particular respecto de las limitaciones legales o jurisprudenciales a la libertad de un
detenido atendiendo al monto de la pena en expectativa o el tipo de delito imputado,
sin consideración de los elementos de la causa y el riesgo procesal concreto, la Corte
IDH ha subrayado que no se condicen con las exigencias de la Convención
Americana.
Así sentenció, por ejemplo, al analizar la convencionalidad de una norma del Código
de Procedimientos Penales de Honduras que no permitía la excarcelación bajo
caución cuando la pena en expectativa superase los cinco años. La Corte explicó que
13 Corte IDH, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, sentencia del 21 de noviembre de 2007, par. 93
14 Corte IDH, Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile,
sentencia del 29 de mayo de2014, párr. 312, Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador sentencia de 12 de noviembre de 1997,
par. 77, Caso López Álvarez Vs. Honduras, sentencia de 1 de febrero de 2006, par. 69, entre otros
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“dicha legislación ignoraba la necesidad, consagrada en la Convención Americana, de
que la prisión preventiva se justificara en el caso concreto, a través de una
ponderación de los elementos que concurran en éste, y que en ningún caso la
aplicación de tal medida cautelar sea determinada por el tipo de delito que se impute
al individuo.”
15
A nivel nacional, los tribunales también han explicado la incompatibilidad de este tipo
de limitaciones procesales con el principio constitucional de presunción de inocencia.
Así, en Fallos: 102:219, referido más arriba, la Corte Suprema entendió que la
Constitución de Santiago del Estero repugnaba al artículo 18 de la Constitución
Nacional, en tanto la norma local impedía la excarcelación de personas acusadas de
un delito cuya pena fuera mayor a tres años o de destierro, como el de rebelión.
Allí explicó que “la prisión preventiva o privación temporaria de la libertad del
encausado no tiene más objeto que asegurar la aplicación de la pena atribuida por la
ley a un infracción, y si esa seguridad puede en algunos casos obtenerse por otro
medio, como la fianza de cárcel segura, compatible con la libertad a la vez que con las
exigencia de la justicia represiva, y menos gravosa para el encausado que tiene en su
favor la presunción de inculpabilidad, puede decirse además, que esa garantía del
derecho individual se funda también en la Constitución, porque nace de la forma
republicana de gobierno y del espíritu liberal de nuestras instituciones”. La detención,
dijo la Corte, es una medida de seguridad que nace de la necesidad “y se convierte en
una limitación inútil y perjudicial, que la justicia social no tiene derecho a imponer
cuando esa necesidad no existe” (Fallos: 102:219).
En Nápoli también se discutía la constitucionalidad de una ley que excluía la
posibilidad de excarcelación para determinados delitos. Allí la Corte explicó que la
potestad legislativa para establecer regímenes excarcelatorios diversos “sólo
encuentra justificación en tanto esté orientada a que la prisión preventiva -como
medida de corrección procesal- conserve su fundamento de evitar que se frustre la
justicia …esto es, que el imputado eluda su acción o entorpezca las investigaciones”
(Fallos 321:3630, cons. 7).
En el caso, la Corte entendió que se recurría a la prisión preventiva “con fines
intimidatorios o desuasivos (sic), lo cual significa el establecimiento por esa vía de
agravaciones propias de la ley sustantiva”. De esta forma, señaló se “desvirtúa la
naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena
anticipada, pues la aspiración social de que todos los culpables reciban pena
presupone, precisamente, que se haya establecido previamente esa calidad” (Fallos
321:3630, cons. 15 y 16). Así, entendió que la norma en cuestión violaba el derecho a
la igualdad garantizado ene l artículo 16 de la Constitución Nacional, en tanto “priva
del régimen general de excarcelación por la sola naturaleza del delito y con
15 Corte IDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras Sentencia de 1 de febrero de 2006, Par. 81
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prescindencia de si con ello se frustra la acción de la justicia” (Fallos 321:3630, cons.
17).
Del mismo modo, en el precedente Estévez, de 1997, la Corte Suprema sentenció en
el mismo sentido y señaló que “la sola referencia a la pena establecida por el delito por
el que ha sido acusado y la condena anterior que registra, sin que precise cuáles son
las circunstancias concretas de la causa que permitieran presumir, fundadamente, que
el mismo intentará burlar la acción de la justicia, no constituye fundamento válido de
una decisión de los jueces que sólo trasunta la voluntad de denegar el beneficio
solicitado” (Fallos: 320:2105, cons. 6).
En su voto concurrente, los jueces Fayt y Petracchi también advirtieron que “se debe
recordar el principio según el cual, en razón del respeto a la libertad individual de
quien goza de un estado de inocencia por no haberse dictado en su contra una
sentencia de condena, las atribuciones de carácter coercitivo cautelar de que dispone
el juez penal durante el proceso y antes de la sentencia definitiva han de interpretarse
y aplicarse restrictivamente”. Ello exige, dijeron los jueces, que los magistrados
adopten estas medidas “con la mayor mesura que el caso exija, observando que su
imposición sea imprescindible y no altere de modo indebido el riguroso equilibrio entre
lo individual y lo público que debe regir en el proceso penal” (Fallos: 320:2105, Fayt y
Petracchi, cons. 7).
Por último, como se señaló, la Cámara Nacional de Casación Penal también ha sido
enfática en este sentido. En el plenario Díaz Bessone, precisamente, el tribunal
analizó la compatibilidad de la práctica de excluir automáticamente la posibilidad de
excarcelación o eximición de prisión al imputado cuando no correspondiera una pena
en suspenso o la pena en expectativa superase los ocho años. En dicha ocasión el
tribunal dejó en claro que no basta remitirse a esos parámetros, sino que es necesario
atender a las circunstancias concretas del caso y los peligros procesales
efectivamente verificados respecto de la persona imputada. Y así lo ha aplicado
consistentemente la jurisprudencia penal argentina, para asegurar que la privación de
libertad como medida cautelar en el proceso penal sea compatible con el artículo 18
de la Constitución Nacional y los derechos y libertades garantizadas en el
ordenamiento jurídico supranacional aplicable en la República Argentina.
V. Corolario
La decisión judicial de que la persona imputada por delitos sea privada de su libertad
mientras se desarrolla el proceso debe cuidar que se respete la garantía constitucional
de presunción de inocencia, constituyendo una circunstancia excepcional sólo
justificada para asegurar los fines del proceso: para evitar que quien se encuentra bajo
investigación obstaculice el actuar correcto de la Justicia. Las condiciones del
procesado, la gravedad del delito o la pena en expectativa, son circunstancias ajenas
a esta determinación cautelar.
cels.org.ar
CELS Escrito modelo – Solicita excarcelación
En el caso que nos convoca, se dictó la prisión preventiva sin atender a los estrictos
requisitos de necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad que demanda el
ordenamiento constitucional. En el presente no se verifican las exigencias de riesgo
procesal, únicos elementos que pudieran justificar el encierro de quien a la luz de la
Constitución se presume inocente. De esta forma, la prisión preventiva que sufre mi
defendida constituye una privación ilegítima de su libertad, que debe ser remediada
cuanto antes.
VI. Petitorio
En atención a las consideraciones expuestas y las circunstancias acreditadas en
autos, solicito respetuosamente que
Disponga la excarcelación de mi defendida en los términos de los artículos 169 y
siguientes del Código Procesal Penal de esta Provincia de Buenos Aires, bajo caución
juratoria del artículo 181 del Código de rito.
Escrito-modelo-excarcelación.docx
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