El Estado en la economía
Los casos regionales más exitosos
16-08-2013
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(Columna de Marcelo F. Resico, director del programa de Desarrollo e
Instituciones de la Escuela de Economía de la UCA)
Es conocido que durante los '80 y '90 se difundió un consenso
económico y político a favor de la confianza en la completa
autorregulación del mercado. Esta idea implicaba una visión
generalmente negativa del rol del Estado en la economía, consecuente
con la propuesta de un Estado mínimo. Por otra parte, desde los 2000
hasta la actualidad, y debido a resultados contrastantes o insuficientes
del planteo anterior, se extendió en algunos países la concepción de que
el Estado debía retomar una serie de actividades en la economía.
Creemos que en ambos momentos hay países de la región que supieron
extraer los mejores resultados, y han sido aquellos que han podido
sustraerse al vaivén ideológico extremo, elaborando una estrategia
económica mediante la integración de elementos positivos tanto del
mercado como de una adecuada intervención del Estado.
En este sentido se puede comprobar la necesidad de una articulación
definida de las tareas que tanto el mercado como el Estado deben
realizar para conseguir un desarrollo equitativo y sustentable. Un Estado
tiene un papel adecuado en la economía cuando 1) se basa en una
interacción articulada entre el espacio para la acción del mercado y la
empresa privada, y las áreas específicas de la gestión del Estado en
cuanto regulador; 2) se despliega la acción de un “Estado fuerte pero
limitado” en el sentido de evitar la polarización de enfoques o la rígida
adhesión a una estrategia unilateral; 3) se establecen políticas de
mediano y largo plazos con alto consenso, y 4) se perfecciona la calidad
y la capacidad técnica de la Administración Pública y de las instituciones.
En síntesis, puede existir un Estado “fuerte y limitado” cuando los
dirigentes políticos, los actores sociales y los ciudadanos saben que es
necesario un Estado imparcial y profesionalizado para mediar y
desarrollar una estrategia- país, junto con las políticas públicas
coherentes, que posea elevados niveles de consenso y una adecuada
estabilidad. Por fortuna, existen países de la región que en los últimos
veinticinco años han desplegado diversos avances concretos en esta
dirección como, por ejemplo, Chile, Brasil, Uruguay, Perú y Costa Rica.
El caso de Chile y Brasil
En el caso de la economía de Chile, ha tenido resultados positivos en
cuanto a crecimiento económico, estabilidad y calidad institucional, y una
reducción significativa de la pobreza, si bien manifiesta menor inercia en
cuanto a sus indicadores de desigualdad. Durante los '80, un intento
monetarista extremo concluyó con la crisis financiera y económica de
1982, luego de la cual el gobierno militar, manteniendo la orientación de
las reformas de mercado, la apertura de la economía al comercio
internacional y la estabilidad macroeconómica, agregó políticas como el
tipo de cambio flexible y el fomento a nuevos sectores productivos
(especialmente en la industria alimentaria a través de diversas agencias
públicas). Además, el Gobierno no privatizó la minera estatal del cobre.
Asimismo se organizó una agencia de promoción de la capacitación del
personal de la administración pública.
Con la transición a la democracia, los gobiernos de la Concertación
mantuvieron los pilares de la economía de mercado mientras se
agregaron medidas de regulación macro, como encajes a los flujos de
capitales de corto plazo, se impulsó el fondo de estabilización del precio
del cobre y posteriormente se sancionó una regla fiscal anticíclica.
Asimismo el gobierno impulsó una política social orientada a la reducción
de la pobreza y mejoras en la relaciones con los sindicatos. Si bien la
preocupación por la equidad fue importante, los aumentos en los gastos
sociales no habrían sido posibles sin el crecimiento económico liderado
por un modelo competitivo orientado a las exportaciones.
En resumen, este país emergió de su experiencia de reforma de mercado
con un Estado más fuerte y con una estrategia de exportación coherente
que generó trabajo productivo y sostenible. Por otra parte, los gobiernos
de centroizquierda han aplicado políticas de reducción de la pobreza con
resultados positivos. El país muestra mejoras en sus indicadores, no sólo
económicos, sino también de progreso institucional y capital humano. El
Gobierno actual no ha cambiado en esencia la orientación general,
aunque se encuentra ante el desafío de responder a una sociedad más
demandante, con un segmento de clase media que se ha ampliado
considerablemente en los últimos años.
En Brasil, luego de la Segunda Guerra Mundial y hasta los '90, se
desarrollaron industrias de producción masiva dirigidas al mercado
interno. Durante los '90, las reformas de mercado no modificaron
aspectos importantes de este enfoque (fueron, más bien, moderadas en
comparación con otros países de la región) y se mantuvieron empresas
en manos del Estado como, por ejemplo, Petrobras. En Brasil el Estado
promueve activamente políticas productivas por medio de su banco de
desarrollo (BNDES) y otras políticas públicas. El Estado es importante
para no desatender el mercado interno, pero compatibilizándolo ?en
especial desde las reformas? con una orientación activa hacia el
comercio exterior.
Por otro lado, cuando la alternancia política le cedió el turno al gobierno
de de Lula, si bien se ampliaron los planes sociales (con la conocida
reducción de la pobreza e, incluso, de la desigualdad) y se pusieron
controles en algunos sectores de la economía como, por ejemplo, un
encaje a los flujos financieros, no se dejó a un lado la necesidad de una
política macro estable, basada en un banco central autónomo y en una
política monetaria antiinflacionaria.
De este modo, la continuidad de las políticas sociales y la política
industrial está respaldada por finanzas públicas relativamente sólidas y
por la estabilidad macro, que le otorgan mayor sustentabilidad. El
gobierno actual continúa en general estas orientaciones aunque, como
en el caso de Chile, enfrentando a una sociedad civil más activa
producto, probablemente, también del camino al desarrollo emprendido.
El segundo grupo
Por otra parte, en un segundo grupo contamos a países como México,
Colombia, El Salvador y Guatemala en los que se ha producido, por
diversas razones, una inercia en las reformas de libre mercado y no se
han complementado, al menos en forma significativa, rasgos reguladores
o sociales de la acción del Estado. La intervención del Estado es menos
evidente y los actores sociales son débiles. La política social es
focalizada y centrada en la mera “asistencia”, y las relaciones laborales
siguen dominadas por una gran flexibilidad.
La Argentina y el tercero
El tercer grupo de países considerados son los que han reaccionado de
forma reactiva con respecto a las reformas de los '90, entre los que
contamos a Venezuela, Bolivia, Ecuador y nuestro país. Los gobiernos
de estos países critican abierta y frecuentemente las reformas de
mercado como base de su postura política. En los últimos años
ampliaron fuertemente los gastos del sector público, reestatizaron
empresas de sectores significativos de la economía y han impulsado una
regulación ?o más frecuentemente una intervención discrecional directa?
que muchas veces choca de forma abierta con la dinámica del mercado.
Estos gobiernos se enfocan en políticas expansivas y en la redistribución
del ingreso, dejando de lado los riesgos inflacionarios, las restricciones
externas y las políticas que distorsionan las reglas del mercado. También
impulsan el crecimiento del gasto público sin contrapartida en servicios
públicos de calidad.
En definitiva: a través de la propia política implementada socavan las
bases reales de un proceso de desarrollo equitativo y sustentable a
mediano plazo. Si bien no han caído en crisis fiscales agudas, por el
momento, esto se debe más a los ingresos por los altos precios de las
materias primas que a la orientación y diseño de las políticas. Si los
precios de estos bienes se debilitaran por una determinada coyuntura
internacional, como parece estar dándose en los últimos tiempos, se
producirían riesgos elevados de estanflación, con sus concomitantes
crisis políticas.
El futuro cercano
En síntesis, si bien durante los años '80 y '90 prevaleció la postura que
asociaba el sector privado a la eficiencia y el sector público con lo
opuesto, las experiencias recientes ponen de manifiesto que las reformas
económicas de los '90 resultaron más beneficiosas en países donde el
Estado fue más “fuerte” pero concentrado en las tareas de su específica
incumbencia.
Como prescripción, desde los supuestos de nuestro análisis, podemos
prever que en la coyuntura actual, en la que el Estado predomina, los
que conserven la estabilidad macroeconómica, una apertura al comercio
internacional inteligente y un sistema basado en reglas que fomenten la
inversión privada, serán los que mejores resultados produzcan al final de
la presente etapa.
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