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Resumen fallo Camaronera
Patagónica
Derecho Constitucional
Universidad de Buenos Aires
4 pag.
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Resumen fallo Camaronera Patagónica S.A. c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo
15 de abril de 2014. Fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos
Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay y Enrique Petracchi. Pero los hechos transcurren en
marzo del 2002.
En la causa, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una resolución del Ministerio de
Economía e Infraestructura por la cual se fijaron derechos de exportación (retenciones) a las
mercaderías procesadas por una firma dedicada a la actividad pesquera.
Contexto: Cito a continuación los considerando de la Resolución Nº 11/2002, a fines de entender
por qué se dictó y cuál era su contexto:
“Que a través de la Ley Nº 25.561 se declaró el estado de Emergencia Pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria. Que el actual contexto económico se
caracteriza, entre otros aspectos, por un fuerte deterioro en los ingresos fiscales, que a su vez se
encuentra acompañado por una creciente demanda de asistencia para los sectores más
desprotegidos de nuestro país. Que asimismo se hace necesaria la disposición de medidas que
atenúen el efecto de las modificaciones cambiarias sobre los precios internos, especialmente en lo
relativo a productos esenciales de la canasta familiar.
Que lo señalado anteriormente, fundamenta la aplicación de lo dispuesto en la presente resolución,
entendiendo que su aplicación será de carácter transitorio. Que asimismo se considerarán las
consecuencias de eventuales alteraciones significativas en los precios internacionales de los
productos agrícolas. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA ha tomado la intervención que le compete. (…)”
La empresa, Camaronera Patagónica, había presentado un recurso de amparo respecto del pago de
los derechos de exportación previstos por la Resolución Nº 11/02, durante el período marzo y
agosto de 2002.
En primera instancia
, se rechaza la acción de amparo. En segunda instancia, la Cámara Federal de
Apelaciones de Mar del Plata, revocó la sentencia de primera instancia y resolvió hacer lugar a la
acción de amparo instaurada por Camaronera Patagónica S.A. y, en consecuencia, declaró la
inconstitucionalidad e inaplicabilidad a la actora de las resoluciones 11/02 y 150/02 del – entonces
– Ministerio de Economía e Infraestructura. Adujo que el art 76 de la CN prohíbe la delegación
legislativa, de manera general, admitiéndola en supuestos puntuales, esto es, en materia de
emergencia pública y de administración. A su vez, señaló que el art. 99, inc. 3, veda
terminantemente al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, aunque también reconoce excepciones al permitir el dictado de
decretos de necesidad y urgencia cuando se den determinadas condiciones, excluyendo de ellas la
materia tributaria. Expresó que, para preservar la división de competencias entre los poderes del
Estado, la interpretación en esta materia ha de ser estricta.
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Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará
revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de
la delegación legislativa. Nacional Artículo 76 Constitución Nacional.
Sostuvo que, el dictado de la resolución 11/02 controvierte el principio de legalidad en materia
tributaria. Por otra parte, como cuestión de carácter formal, señaló que en todo caso la delegación –
en la hipótesis de que estuviese permitida – ha de ejercerse por el Poder Ejecutiva mediante
decretos, y no por un ministro mediante resoluciones. Esta subdelegación resulta inadmisible tras la
reforma constitucional de 1994, puesto que el arto 100, inc. 12, de la Carta Magna prevé a los
primeros como norma específica para tal supuesto.
Art. 100.- El jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios cuyo número y
competencia será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios
de la Nación, y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo
requisito carecen de eficacia. Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde:
(…)
12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán
sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
Examinó, también, la cuestión desde la perspectiva de la delegación impropia a efectos de indagar
si el mentado reglamento se ajusta al marco regulatorio delimitado por el Congreso, para concluir
que resulta violatorio de elementales consideraciones del principio de reserva de ley, sin que el
interés público invocado por la Aduana en el establecimiento de las retenciones sea motivo
suficiente para salvar su inconstitucionalidad.
Ante esto, la AFIP presentó recurso extraordinario, señalando en primer término, que la ley 25.561
se ajusta a los preceptos del artículo 76º de la Constitución Nacional y que, por ende, da suficiente
cobertura al reglamento atacado, puesto que declaró la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa y cambiaria, dictada en un marco de fuerte deterioro de los ingresos
fiscales y de una enorme necesidad de asistir a los sectores más desprotegidos de la población.
Adujo que se trata de un caso de delegación impropia, ajustado por demás a los límites de una
pacífica y antigua jurisprudencia de la Corte. Por otra parte, destacó que el artículo 755º del Código
Aduanero faculta al Poder Ejecutivo a gravar con derechos de exportación las mercaderías, para el
cumplimiento de ciertos fines que él contempla, sean recaudatorios o de otro tipo. En tales
circunstancias, indicó que el acto atacado por la actora no resulta ilegítimo. Agregó que no hay
norma que prohíba al Poder Ejecutivo delegar sus funciones – sean originarias o no – en los
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departamentos de Estado que lo integran, ya que aplica el art 19 de la CN en tanto que se puede
realizar todo aquello que no le está expresamente prohibido.
El voto de los doctores Lorenzetti, Fayt y Maqueda señaló que las retenciones son tributos y que,
de acuerdo a los artículos 4°, 17 y 52 de la Constitución Nacional, sólo el Congreso de la Nación
puede crearlos.
Destacaron los ministros que esa limitación es propia del régimen representativo y republicano de
gobierno y que ninguna carga tributaria puede exigirse a las personas si no ha sido creada por el
Poder Legislativo, único poder del Estado investido de tal atribución.
Agregaron que la Constitución Nacional confió al Congreso Nacional el poder de crear los recursos
y votar los gastos públicos y sólo asignó al Poder Ejecutivo la facultad de recaudar los recursos para
emplearlos en los gastos designados.
Sostuvieron los ministros que suscribieron el voto, que las leyes que el Estado Nacional invocaba
para justificar la resolución dictada por el Ministerio de Economía, no habían delegado al Poder
Ejecutivo Nacional el poder de establecer retenciones como las que pretendía aplicar.
También señalaron que si bien es cierto que en materia de comercio internacional es necesario que
el Poder Ejecutivo cuente con herramientas que le permitan en forma ágil implementar políticas
económicas para proteger la producción local, los precios del mercado interno o la competitividad,
ellas deben provenir de una ley sancionada por el Congreso que establezca de manera cierta e
indudable pautas claras para su ejercicio, lo que no ocurría en el caso.
En este sentido, manifestaron que el Código Aduanero no cumple tal exigencia pues no sólo no
prevé las retenciones que se pretendían aplicar a Camaronera Patagónica, sino que ni siquiera fija
topes máximos que limiten la actuación del Poder Ejecutivo.
Por estas razones los ministros Lorenzetti, Fayt y Maqueda sostuvieron que la resolución 11/02
del Ministerio de Economía e Infraestructura es inconstitucional pues avanza sobre una materia
que la Constitución Nacional reservó en forma exclusiva al Congreso Nacional.
Sin perjuicio de ello, pusieron de relieve que los constituyentes de 1994, además de incorporar el
actual artículo 76, agregaron la Cláusula Transitoria Octava, referente a la legislación delegada
preexistente, y facultaron al Congreso de la Nación a ratificarla expresamente mediante una ley.
Señalaron que en el marco de dicha disposición constitucional fueron dictadas las leyes 25.418,
25.645, 25.918, 26.135 y 26.519.
Sobre esa base, y teniendo en cuenta que de esa manera se produjo la ratificación de la legislación
delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de
1994, la Corte aclaró que la invalidez de la resolución 11/02 se circunscribe al período
comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24 de agosto de
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ese mismo año, “momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su
contenido rango legal”.
La mayoría del Tribunal estuvo integrada por los doctores Lorenzetti, Fayt y Maqueda -que
suscriben el mismo voto- y el doctor Zaffaroni, que voto en forma concurrente.
El Dr. Zaffaroni señaló que los productos empresa actora representaban menos del 3% de los
derechos de exportación percibidos anualmente, razón por la cual lo decidido en el juicio respecto
de la resolución 11/02 no debería repercutir significativamente desde el punto de vista
macroeconómico.
Agregó que el derecho de exportación examinado es un tributo, más precisamente un impuesto, que
debe pagarse en virtud de una ley que así lo establezca. Recordó que la ley es la única fuente de las
obligaciones tributarias pues la competencia del Congreso es exclusiva en la materia y no puede
ser ejercida por ninguno de los otros dos poderes del Estado, ni siquiera en situaciones de
emergencia.
Señaló que respecto de las retenciones examinadas el Congreso de la Nación no había previsto cual
era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de parámetros mínimos y máximos
y que ese silencio sellaba la suerte respecto de la constitucionalidad y validez de la resolución 11/02
pues se había deja al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional uno de los aspectos estructurales del
tributo.
Cito considerando 20 de Zaffaroni (En clase lo consideraron importante)
: Que en esa inteligencia, y
esclarecido que los recursos tributarios están conformados -entre otros- por los derechos de
exportación y éstos revisten evidente naturaleza tributaria, corresponde realizar el control de
constitucionalidad de la resolución 11/02 que -en el caso particular- estableció un derecho de
exportación para la actividad pesquera que realiza la actora. Ello así, porque el principio de
legalidad tributaria comprende al género, y por ello es aplicable a todas sus especies.
Limitó, también la declaración de inconstitucionalidad al lapso comprendido entre marzo y agosto
de 2002.
Los Doctores Petracchi y Argibay consideraron, al igual que la mayoría, que la resolución 11/02
es inconstitucional por no cumplir con los estándares establecidos en la Constitución Nacional en
materia tributaria. Destacaron que en el caso no existe una ley que establezca los elementos
esenciales del tributo que se pretende exigir a la actora, lo que lleva a su descalificación
constitucional.
Sin embargo, manifestaron que las leyes dictadas como consecuencia de la Cláusula Transitoria
Octava de la reforma constitucional de 1994 no resultan aptas para ratificar el contenido de la
resolución 11/02, razón por la cual declararon su inconstitucionalidad sin límite temporal alguno.
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