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RESUMEN DE CONTRATOS. GHERSI
(Nuevo Codigo Civil y Comercial)
UNIDAD 1. La adopción de un sistema económico determinado condiciona el modelo de contrato ya que, a
través de éste, circulan los bienes y servicios en la sociedad.
La primera gran división en los sistemas económicos está entre aquellos que admiten la propiedad privada y en
los que el dominio de los medios de producción, bienes y servicios pertenece al Estado.
La Constitución Nacional argentina adoptó, desde 1853, el técnicamente denominado Sistema de Economía
Capitalista de Acumulación Privada (SECAP).
“Capitalista” porque el primer valor económico con que cuenta una persona es su aptitud de trabajo y en el
“sistema económico” eso representa un capital, junto con la noción de “patrimonio”. (Jurisprudencia: La noción
patrimonial es más amplia que la del patrimonio en sentido técnico, pues debe comprender, más allá de los bienes
exteriores pertenecientes a las personas, las potencialidades humanas que instrumentalmente poseen naturaleza
económica, por ser aplicadas al logro de finalidades productivas).
El Art. 14 CN “legaliza” el trabajo como mercancía, así como también la posibilidad de incorporarse a la
producción de bienes y servicios de “empresas privadas”.
Esa posibilidad de incorporarse al mercado, es concordante con el Art. 17 CN que admite la “propiedad privada”,
es decir, permite apropiar los resultados de alquilar la aptitud de trabajo y la posibilidad de convertir el dinero en
bienes y servicios de consumo y establece la inviolabilidad del derecho de propiedad (como principio general).
De esta forma, cada persona a través de su trabajo brindado a las empresas y el Estado a cambio de una
remuneración e instrumentado mediante un “contrato de trabajo”, puede generarse para sí y para su familia el
consumo de bienes y servicios (contrato o relaciones de consumo) y un patrimonio, instrumentado mediante
“contratos administrativos, civiles, comerciales, consumo, etc.”.
De esta forma, el “contrato” es la institución jurídica de que dispone el derecho como herramienta para viabilizar
el hecho económico de la generación de bienes y servicios, consumo y propiedad privada.
Definición. Art. 957. Contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su
consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales.
El nuevo Código Civil y Comercial consagra legislativamente la noción de contrato que la doctrina y la
jurisprudencia habían consensuado en su labor interpretativa y de aplicación del Código de Vélez. De modo que
contrato es todo acto jurídico bilateral y patrimonial.
Bajo ese concepto entran en la noción de contrato los actos jurídicos que crean relaciones jurídicas, pero también
los que las modifican (la novación), las transmiten (la cesión), las regulan (el contrato de arbitraje) o las
extinguen, como la transacción o el distracto.
La definición del art. 957 pone el acento en el consentimiento, que ha de estar dirigido a crear, modificar, reglar,
transmitir o extinguir derechos.
La doctrina señala que cuando se habla del consentimiento de los contratantes se está aludiendo de manera
relativamente promiscua de tres cosas:
La voluntad interna de cada uno de los contratantes; La declaración de esa voluntad; y lo que puede llamarse la
zona de coincidencia entre las voluntades declaradas, que constituye entonces la declaración de voluntad común o
intención común , que propiamente constituye el consentimiento contractual .
Otros requisitos del contrato Sin embargo la noción de contrato no estaría plenamente descripta, si no se atiende a
aspectos atinentes al consentimiento en sí mismo y a otros elementos.
Por empezar, el consentimiento requiere la capacidad de las partes; en este sentido, la capacidad es un
presupuesto de la validez de contrato. El Código regula la capacidad en general en el Libro I (a partir del art. 22) y
las inhabilidades para contratar a partir del art. 1009.
Y el consentimiento ha de exteriorizarse a través de una manifestación de voluntad, que por regla general puede
tener lugar oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material (art. 262),
excepcionalmente por el silencio (art. 263) y que en determinados casos estará sujeta a alguna forma establecida
por la ley o por las partes (arts. 284 y ss. y 1015 y ss.). Pero la doctrina argentina en general no considera a la
forma como un elemento del contrato.
Amén de ello se consideran elementos del contrato al objeto (art. 1003) y la causa (art. 1012), los que deben a su
vez reunir ciertos requisitos; el objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de
valoración económica y corresponder a un interés de las partes aunque éste no sea patrimonial. Mientras que la
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causa debe existir y ser lícita (v. art. 1014). Al objeto y la causa del contrato se aplican las disposiciones más
generales sobre el objeto y la causa de los actos jurídicos (arts. 279 a 282).
Con la mención de la causa se supera la disputa doctrinaria sobre si ella constituye o no un elemento de los actos
jurídicos en general y del contrato en particular. Como veremos en su momento se adopta la noción sincrética de
causa, esto es la que comprende la causa tipificadora u objetiva y la causa motivo o subjetiva.
ARTICULO 958: Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su
contenido, dentro de los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres.
La autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad es uno de los pilares sobre los que se
edificó el monumento de la codificación; su fundamento constitucional reposa en el art. 19 de la Constitución y su
protección se consagra en el art. 17 de la misma. Tiene un efecto inmediato en el reconocimiento de la fuerza
obligatoria de los contratos (art. 1197 del Código de Vélez; art. 959 del Cód. Civ. y Com.).
En el plano contractual deriva en dos libertades fundamentales: la libertad de conclusión del contrato, conforme a
la cual nadie está obligado a contratar sino cuando lo desee y que cada uno goza de la libre elección de la persona
con quien se contrata; y la libertad de configuración en virtud de la cual las partes pueden determinar el contenido
del contrato.
Estas dos libertades son las que consagra expresamente el artículo que estamos comentando.
2. Límites La libertad contractual reconoce ciertos límites, causados en la ley, el orden público, la moral y las
buenas costumbres.
De este modo la ley puede imponer ciertas contrataciones. Para las empresas prestadoras de servicios públicos
suministro de energía eléctrica, gas o agua potable es obligatorio dar el servicio a todos aquellos que lo pretendan.
Pero también los ciudadanos singulares pueden verse obligados a contratar; los ejemplos más notorios son el
seguro de responsabilidad civil para los conductores de automotores y el seguro de vida para los empleados
públicos.
Por lo demás, la libertad de configuración del contrato encuentra también numerosos límites. Es que ella funciona
adecuadamente en la medida en que las partes tengan un poder de negociación relativamente semejante. Pero en la
realidad un gran porcentaje de contratos se celebra sin una negociación previa pues una de las partes no tiene
capacidad de negociar el contenido del mismo; así la doctrina ha identificado los contratos por adhesión a
condiciones generales que se sujetan a reglas particulares incluso en el Código Civil y Comercial (v. arts. 984 y
ss.) o que están sujetos a controles previos por las autoridades (verbigracia, las condiciones generales de los
contratos de seguro están sujetas a un escrutinio previo). Otra categoría son los contratos celebrados por
consumidores que dan lugar a toda una regulación cuyos principios hacen excepción a los del contrato clásico en
múltiples hipótesis; el Código Civil y Comercial contiene disposiciones sobre los mismos (Título III de este Libro
III, arts. 1092 y ss.) que se integran con el régimen del estatuto particular de defensa del consumidor (ley 24.240 y
sus reformas).
3. Fuentes de los límites a la libertad contractual El art. 958 menciona como límites a la ley, el orden público, la
moral y las buenas costumbres. Daremos algunas nociones básicas sobre estos conceptos.
3.1. Ley imperativa Las leyes que regulan los contratos son por regla general meramente supletorias de la
voluntad de las partes; así lo establece expresamente el Código Civil y Comercial en su art. 962.
De modo que las leyes de las que pueden surgir límites a la libertad contractual son las leyes imperativas o
indisponibles para las partes. Un ejemplo de norma imperativa es el art. 1198 del Código Civil y Comercial que
establece el plazo mínimo de la locación de inmueble.
3.2. El orden público En la materia contractual adquieren relevancia las nociones de orden público económico y
orden público social, también llamado orden público de dirección (Lorenzetti).
El orden público económico importa que el Estado puede regular, por vía de jurisdicciones excluyentes de la
voluntad privada, ciertos aspectos de la economía, aun en lo tocante a los aspectos que normalmente quedan
remitidos a la voluntad de las partes. El orden social u orden público social, también tiene una trascendencia muy
importante en algunas ramas del Derecho; como el derecho laboral donde el Estado impone con carácter
obligatorio la regulación de muchos aspectos del denominado contrato de trabajo.
En función de este orden público el Estado regula cuestiones tales como el comercio exterior, el derecho de la
competencia, cambiario, impositivo, que implican imposiciones a los contratantes y que limitan o recortan sus
posibilidades de actuación (Lorenzetti).
En función de este orden público se ha declarado por la Corte Suprema que son legítimas ciertas restricciones a
los derechos emanados de los contratos, siempre que sean razonables y limitadas en el tiempo: es la doctrina de la
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emergencia que ha sido elaborada por la Corte Suprema a la cual aludimos con mayor extensión en el comentario
al art. 959.
La doctrina argentina también señala la existencia de un orden público de coordinación, concebido como un
conjunto de normas imperativas que controla la licitud de lo pactado por las partes, principalmente su adecuación
a los valores esenciales del ordenamiento jurídico (Lorenzetti). De él se desprenden principios tales como la
buena fe o la exigencia de revisar el contenido del contrato cuando ha sido alterado por circunstancias
sobrevinientes.
3.2.1. Ley de orden público y ley imperativa Advertida la dificultad de la caracterización del orden público, y por
ende de la ley de orden público, alguna parte de nuestra doctrina tiende a identificar la ley de orden público con la
ley imperativa (Borda). Lo cierto es que no toda norma imperativa es de orden público; verbigracia las que
determinan las formas solemnes para determinados actos. Pero sí es exacto que toda ley de orden público es
imperativa, es decir no puede ser dejada de lado por la voluntad de las partes, con lo cual se define la
característica más importante de la ley de orden público.
3.2.2. Quién determina que una ley es de orden público Algunas leyes dicen expresamente que ellas son de orden
público, y que por lo tanto son inderogables por los particulares. Ello ha llevado a algunos autores a sostener que
el mismo legislador es el que debe calificar a la norma como tal; pero lo cierto es que tal criterio ha sido superado
y es unánimemente reconocido hoy que el juez puede decir que una ley es inderogable para los particulares y
como tal incluirla dentro de las leyes imperativas, una de cuyas especies es indudablemente la ley de orden
público.
4. La moral y las buenas costumbres La referencia a la moral y las buenas costumbres como límites a la libertad
de contratar, evoca la regla general que en materia de actos jurídicos contenía el art. 953 del Código de Vélez y
que hoy aparece consagrada en el art. 279 del Cód. Civ. y Com.
Con esta regla se trata de impedir que la libertad contractual sea puesta al servicio de lo inmoral.
5. La libertad de contratar en los contratos de consumo El art. 1099 del Cód. Civ. y Com. dispone que "Están
prohibidas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial, las que subordinan la
provisión productos o servicios a la adquisición simultánea de otros, y otras similares que persigan el mismo
objetivo".
ARTICULO 959: Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su
contenido sólo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.
Fuerza vinculante del contrato Más allá de múltiples disquisiciones de los autores sobre la cuestión del
fundamento del efecto obligatorio de los contratos, lo cierto es que él constituye un presupuesto de todo el
derecho patrimonial y es universalmente acogido en la legislación comparada.
De modo que las partes del contrato quedan obligados a cumplir el contrato tal y como ha sido libremente
convenido por ellas.
El precepto que examinamos explicita que es obligatorio el contrato "válidamente celebrado". Pero es conveniente
precisar que por regla general quien pretenda la invalidez de un contrato debe invocar y probar la causa de tal
invalidez, salvo que el vicio del acto cause una nulidad absoluta con lo cual puede ser invocada por el Ministerio
Público y declarada de oficio por el juez si es manifiesta en el momento de dictar sentencia (art. 387).
ARTICULO 1013: Necesidad. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y
subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, ade-cuación o extinción
del contrato.
CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS
ARTICULO 966: Contratos unilaterales y bilaterales. Los contratos son unilaterales cuando una de las partes
se obliga hacia la otra sin que ésta quede obligada. Son bilaterales cuando las partes se obligan recíprocamente la
una hacia la otra. Las normas de los contratos bilaterales se aplican supletoriamente a los contratos plurilaterales.
Sobre los diversos criterios para clasificar los contratos 1.1. Clasificaciones explícitas adoptadas por el Código El
nuevo Código Civil y Comercial conserva las clasificaciones clásicas de los contratos que provienen de los
códigos del siglo XIX: unilaterales y bilaterales, a título oneroso y gratuito, nominados e innominados. Y agrega a
los que estaban previstos en el Código Civil, a las categorías de conmutativos y aleatorios, formales y no
formales, 1.2. Supresión de la categoría de los contratos reales merece destacarse que desaparece la clasificación
de contratos consensuales y reales, pues todos los contratos pasan a ser consensuales. En otras palabras, el Código
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Civil y Comercial ignora la categoría del contrato real que el Código Civil contemplaba en los arts. 1140 a 1142.
Cabe puntualizar que entre los contratos reales se encontraban el mutuo, el depósito, el comodato, la constitución
de prenda y anticresis (art. 1142 del Cód. Civil), así como el contrato oneroso de renta vitalicia. La supresión de la
categoría de los contratos reales fue propiciada por la doctrina; Bueres afirmaba que la entrega de la cosa no tiene
significado científico ni pragmático, por lo que proponía la supresión del requisito de la datio rei , a la que
calificaba de verdadera quinta rueda del derecho. De tal forma, los contratos reales funcionarán como contratos
consensuales.
ARTICULO 967: Contratos a título oneroso y a título gratuito. Los contratos son a título oneroso cuando las
ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas por una prestación que ella ha hecho o se obliga a
hacer a la otra. Son a título gratuito cuando aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja,
independiente de toda prestación a su cargo.
Noción: Contratos onerosos son aquellos en que las partes procuran ventajas recíprocas. Por ventajas se entienden
atribuciones (López de Zavalía, Alterini) y la distinción reposa en que en los contratos onerosos esas ventajas son
concedidas a la otra parte porque quien las hace a su vez recibe otra. En cambio en el contrato gratuito, una de las
partes atribuye una ventaja a la otra sin recibir ninguna.
Relación con la clasificación de contratos bilaterales y unilaterales: Todo contrato bilateral es oneroso. Los
unilaterales pueden ser gratuitos u onerosos; así un mutuo puede ser oneroso o gratuito según se paguen o no
intereses por el capital prestado.
ARTICULO 968: Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos a título oneroso son conmutativos
cuando las ventajas para todos los contratantes son ciertas. Son aleatorios, cuando las ventajas o las pérdidas, para
uno de ellos o para todos, dependen de un acontecimiento incierto.
Estos son una subespecie de los contratos onerosos. En los conmutativos las ventajas dadas y recibidas son
ciertas. En los aleatorios tales ventajas para una o para todas las parte dependen de un acontecimiento incierto.
Este criterio que había sido desarrollado por la doctrina ha sido explícitamente convertido en texto legal.
De lo expuesto se desprende que el contrato puede ser aleatorio para una de las partes y conmutativo para la otra,
como sucede en el seguro. O puede ser aleatorio para ambas partes, como acontece en el juego y la renta vitalicia.
ARTICULO 969: Contratos formales. Los contratos para los cuales la ley exige una forma para su validez, son
nulos si la solemnidad no ha sido satisfecha. Cuando la forma requerida para los contratos, lo es sólo para que
éstos produzcan sus efectos propios, sin sanción de nulidad, no quedan concluidos como tales mientras no se ha
otorgado el instrumento previsto, pero valen como contratos en los que las partes se obligaron a cumplir con la
expresada formalidad. Cuando la ley o las partes no imponen una forma determinada, ésta debe constituir sólo un
medio de prueba de la celebración del contrato.
Contenidos del artículo Los arts. 966 a 968 definieron las distintas categorías de contratos, a través de sus
caracteres esenciales. En el art. 969 la expresión es totalmente distinta pues no se dice qué es un contrato formal o
las distintas maneras en que la formalidad puede presentarse (absoluta, relativa, ad probationem, solemne, según
los criterios generalmente reconocidos por la doctrina), sino que se entra directamente a establecer los efectos que
produce el incumplimiento de la forma exigida por la ley.
Con esta metodología encontramos tres normas dentro de este artículo:
La que establece la sanción de nulidad para la hipótesis de incumplimiento de la solemnidad exigida como
recaudo de validez.
La que establece que el contrato para el cual la forma no es un recaudo de validez, que vale como contrato en el
que las partes se obligaron a cumplir con la forma.
La que se refiere a los contratos para los que no se requiere una forma determinada.
2. Primera regla: contratos para los cuales se exige la forma como requisito de validez (solemnidad absoluta) Se
trata de los contratos que la doctrina considera solemnes absolutos; la importancia radica en que al estar la forma
exigida como requisito de validez del negocio, éste es nulo si la forma no ha sido satisfecha. Y, por ello, ninguna
de las partes puede requerir que se satisfaga la forma exigida por la ley.
En este párrafo se reitera la solución del art. 285 referido a la forma impuesta al acto jurídico.
Un supuesto de contrato sujeto a una solemnidad absoluta es la donación de cosas inmuebles, de cosas muebles
registrables y las prestaciones periódicas y vitalicias (art. 1552).
3. Segunda regla: contratos de solemnidad relativa 3.1. Noción Son aquellos contratos en los que una forma es
requerida pero no bajo pena de nulidad. En tal caso la solución del Código Civil y Comercial es que el contrato no
queda concluido como tal, pero vale como contrato en el cual las partes se obligan a cumplir con la formalidad. Es
una hipótesis de conversión del negocio jurídico; esto es, el contrato vale como el de menores requisitos, y obliga
a satisfacer los recaudos de forma exigidos para que se produzcan los efectos perseguidos por las partes.
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ARTICULO 970: Contratos nominados e innominados. Los contratos son nominados e innominados según
que la ley los regule especialmente o no. Los contratos innominados están regidos, en el siguiente orden, por: a) la
voluntad de las partes; b) las normas generales sobre contratos y obligaciones; c) los usos y prácticas del lugar de
celebración; d) las disposiciones correspondientes a los contratos nominados afines que son compatibles y se
adecuan a su finalidad.
El art. 1143 del Cód. Civil identificaba a los contratos como nominados o innominados según la ley los designara
o no bajo una denominación especial.
Toda la doctrina señaló que tal clasificación resultaba irrelevante, pues lo importante no era que el Código o
alguna ley especial diera denominación a alguna relación contractual, sino que efectivamente la regulara, con lo
cual la clasificación útil es la que distingue entre contratos típicos y atípicos.
Lo curioso de este art. 970 es que mantiene la terminología del Código: nominados e innominados, pero el criterio
de la distinción reposa en que la ley los regule o no. Con lo cual lo que hizo fue adoptar la pauta de distinción
entre contratos típicos y atípicos.
2. Diversas especies de contratos atípicos Los contratos atípicos causan múltiples cuestiones, pues no se presentan
de manera unívoca. Así, la doctrina ha señalado que puede haber contratos que tienen un contenido
completamente extraño a los tipos legales (atípicos puros); otros que tiene algunos elementos o contenidos de
contratos regulados (típicos) y algunos elementos no previstos en ningún tipo legal que se suelen denominar
mixtos.
También se alude a las uniones de contratos, que no serían propiamente atípicos en la medida que se sumen o
adicionen prestaciones de más de un contrato típico.
En fin, los autores se han preocupado por tratar de sistematizar estos contratos atípicos siguiendo distintos
criterios.
CAUSA DE LOS CONTRATOS (unid 4)
ARTICULO 1013: Necesidad. La causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y
subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la nulidad, adecuación o extinción del
contrato.
ARTICULO 1014: Causa ilícita. El contrato es nulo cuando:
a) su causa es contraria a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
b) ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito o inmoral común. Si sólo una de ellas ha obrado por un
motivo ilícito o inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha
dado, sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido.
La cuestión en el Código Civil Durante la vigencia del Código Civil existió un intenso debate acerca de cuáles
eran los elementos del negocio jurídico. En concreto, el tema se centraba en determinar si la causa final es o no
uno de sus elementos. Ello se originaba en el hecho de que nuestro Código Civil no tenía la precisión suficiente en
la determinación de los elementos del negocio ni en la regulación de la causa.
Con relación a esta última, la trataba entre los arts. 499 y 502, emplazados al inicio del Libro II, concretamente en
su Parte Primera " De las obligaciones en general " , y en su Título I " De la naturaleza y origen de las
obligaciones " . De allí que un sector relevante de la doctrina argentina concibiera a la causa como elemento de la
obligación, como su causa fuente, y no del negocio jurídico.
Más aún, la interpretación de los mencionados arts. 499 a 502 dio lugar a una ardua disputa; mientras algunos
autores consideran que todos esos artículos se refieren a la causa fuente de la obligación, otros entienden que los
arts. 500 a 502 aluden a la causa final; y una posición minoritaria y abandonada desde hace mucho sostuvo que
todos los artículos se refieren a la causa final.
Un intento de conciliar los textos con la idea de finalidad como elemento del negocio, encontró cauce en el texto
del art. 953, que refiere al objeto del acto jurídico, y que exige que él sea conforme con la ley, la moral y las
buenas costumbres, con lo cual vendría a imbricarse en el objeto la licitud y moralidad de los fines perseguidos
por los otorgantes. Es la doctrina del objeto fin social del acto jurídico, desarrollada magistralmente por Spota, y
que tuvo notable difusión entre nuestros autores e influencia en la jurisprudencia.
La definición de causa en el art. 281 que dice: " La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento
jurídico que ha sido determinante de la voluntad " . Y es una definición claramente no normativa porque el
precepto no impone que la causa lícita sea un elemento del negocio jurídico ni establece cuál es la sanción por su
ausencia o ilicitud. Esos efectos hay que extraerlos de la conjugación de otros preceptos.
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El segundo párrafo del mismo art. 281 dice que "también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean
lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes".
Presunción de causa El art. 282 del Cód. Civil y Comercial consagra el principio de presunción de causa, o sea
que se presume su existencia aunque no esté explicitada en el negocio.
El Código Civil y Comercial no establece de manera explícita la presunción de licitud de la causa, como sí lo
hacía el Proyecto de 1998. De todos modos la conclusión no puede ser distinta; porque en sí la causa es finalidad
lícita (art.
281). La idea de presunción de causa establecida para los actos jurídicos en general tiene obvia aplicación en
materia de contratos, en función de la remisión que hace el art. 1012.
Falsa causa En el mismo art. 282 se afirma que el acto es válido aunque la causa sea falsa si se funda en otra
causa verdadera.
Si bien se mira, la falsedad de la causa no provoca por sí la invalidez del negocio, sino que invierte la prueba. Esto
es, acreditado que la causa es falsa, quien pretende mantener el acto debe probar: que el negocio tiene causa; que
ella es lícita.
Causa ilícita Según el art. 1014 la causa es ilícita si es contraria a la moral, el orden público o las buenas
costumbres. Con lo cual mantienen vigencia la doctrina y jurisprudencia elaboradas al amparo del Código de
Vélez, básicamente sobre la base del art. 953 del mismo, pues aunque este se refiriera al objeto, la cláusula moral
se extendió a la causa, cuando no se aludió lisa y llanamente al " objeto - fin " (Spota).
Ahora bien; la causa ilícita produce la nulidad del acto jurídico cuando el motivo ilícito o inmoral es común, lo
cual constituye sin duda un acierto del Código Civil y Comercial que supera las objeciones hechas a los
antecedentes nacionales sobre la materia.
ART 283: Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto
mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice.
Concepto: El acto abstracto es aquel en el cual la causa no está presente o visible y, en principio, no influye en su
validez y eficacia. Pero esto no significa que carezca de causa.
La abstracción asegura la circulación de los bienes y la estabilidad de los negocios jurídicos, en particular frente a
los terceros ajenos al acto pero de algún modo afectados por él.
OBJETO DEL CONTRATO (unid 5)
ARTICULO 1003: El Objeto debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración
económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial.
ARTICULO 1004: Objetos prohibidos. No pueden ser objeto de los contratos los hechos que son imposibles o
están prohibidos por las leyes, son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana, o
lesivos de los derechos ajenos; ni los bienes que por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Cuando tengan
por objeto derechos sobre el cuerpo humano se aplican los artículos 17 y 56.
El Código Civil y Comercial no define el objeto del contrato; el art. 1003, que abre el Capítulo, remite a las
normas sobre objeto del acto jurídico y enumera las condiciones que tal objeto debe reunir.
Remisión a los art. 279 y 280. El art. 279 se refiere al objeto del acto jurídico, y si bien no lo define de su lectura
se infiere que puede consistir en hechos o bienes.
Por lo tanto, el objeto del contrato está constituido por bienes o hechos.
Ello permite deslindar con precisión conceptos distintos:
la obligación, que es efecto del negocio jurídico; la prestación, que es objeto de la obligación; la noción de objeto
del negocio jurídico queda reducida a su materia, hechos o bienes, como quedó expresado; de este modo se evita
confundir objeto y causa del negocio, como sucede con la doctrina del objeto fin elaborada por Spota; por lo
demás el Código Civil y Comercial distingue adecuadamente entre objeto y causa, pues esta se regula
separadamente tanto en materia de acto jurídico como de contratos; y tampoco se confunden objeto y contenido
del negocio; el contenido es la prestación, o sea la conducta exigible de uno de los sujetos para satisfacer el interés
del otro sobre el objeto (Cifuentes).
Así, por ejemplo, en un contrato de compraventa de cosa mueble, la cosa vendida y el precio constituyen el
objeto; la entrega de la cosa y la entrega del precio constituyen las prestaciones, contenido del negocio jurídico.
Art 280. Convalidación. El acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aunque el objeto haya
sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la
condición.
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En esta categoría (ineficacia pendiente) quedan comprendidos aquellos actos jurídicos válidos pero ineficaces
desde su otorgamiento, por estar pendiente el cumplimiento de requisitos ajenos a la estructura del acto (por ello
son válidos), impuestos por la voluntad de las partes o por la ley. Por ejemplo: los actos jurídicos subordinados a
condición o plazo suspensivo; son actos válidos pero ineficaces mientras no se cumpla la condición o venza el
plazo. Cumplida la condición o vencido el plazo, el negocio adquiere eficacia; de lo contrario, convertirá en
definitiva su ineficacia de origen.
Ahora bien, si el objeto del negocio jurídico es imposible al tiempo de celebrarse el acto, éste es inválido; pero al
estar el acto sujeto a condición o plazo suspensivo es ineficaz y, de todos modos, no producirá los efectos propios
con independencia de tal invalidez. Sin embargo, si al momento del vencimiento del plazo o del cumplimiento de
la condición, el objeto del acto jurídico cumple con el recaudo de posibilidad exigido por el art. 279, convalidará
su validez y, además, el negocio será eficaz. Es decir, el acto adquirirá de consuno, validez (al ser posible su
objeto) y eficacia por cumplimiento de la condición o vencimiento del plazo.
ARTICULO 1005 Determinación. Cuando el objeto se refiere a bienes, éstos deben estar determinados en su
especie o género según sea el caso, aunque no lo estén en su cantidad, si ésta puede ser determinada. Es
determinable cuando se establecen los criterios suficientes para su individualización.
ARTICULO 1006 Determinación por un tercero. Las partes pueden pactar que la determinación del objeto sea
efectuada por un tercero. En caso de que el tercero no realice la elección, sea imposible o no haya observado los
criterios expresamente establecidos por las partes o por los usos y costumbres, puede recurrirse a la determinación
judicial, petición que debe tramitar por el procedimiento más breve que prevea la legislación procesal.
ARTICULO 1007 Bienes existentes y futuros. Los bienes futuros pueden ser objeto de los contratos. La
promesa de transmitirlos está subordinada a la condición de que lleguen a existir, excepto que se trate de contratos
aleatorios.
ARTICULO 1008 Bienes ajenos. Los bienes ajenos pueden ser objeto de los contratos. Si el que promete
transmitirlos no ha garantizado el éxito de la promesa, sólo está obligado a emplear los medios necesarios para
que la prestación se realice y, si por su culpa, el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe
también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple.
El que ha contratado sobre bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos.
ARTICULO 1009 Bienes litigiosos, gravados, o sujetos a medidas cautelares. Los bienes litigiosos, gravados,
o sujetos a medidas cautelares, pueden ser objeto de los contratos, sin perjuicio de los derechos de terceros.
Quien de mala fe contrata sobre esos bienes como si estuviesen libres debe reparar los daños causados a la otra
parte si ésta ha obrado de buena fe.
ARTICULO 1010 Herencia futura. La herencia futura no puede ser objeto de los contratos ni tampoco pueden
serlo los derechos hereditarios eventuales sobre objetos particulares, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente u
otra disposición legal expresa.
Los pactos relativos a una explotación productiva o a participaciones societarias de cualquier tipo, con miras a la
conservación de la unidad de la gestión empresaria o a la prevención o solución de conflictos, pueden incluir
disposiciones referidas a futuros derechos hereditarios y establecer compensaciones en favor de otros legitimarios.
Estos pactos son válidos, sean o no parte el futuro causante y su cónyuge, si no afectan la legítima hereditaria, los
derechos del cónyuge, ni los derechos de terceros.
ARTICULO 1011 Contratos de larga duración. En los contratos de larga duración el tiempo es esencial para el
cumplimiento del objeto, de modo que se produzcan los efectos queridos por las partes o se satisfaga la necesidad
que las indujo a contratar.
Las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de las
obligaciones del contrato, considerada en relación a la duración total.
La parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe, sin incurrir
en ejercicio abusivo de los derechos.
CONSENTIMIENTO (unid 6)
Los contratos pueden ser de negociación individual (tipicos)_consentimiento; y pueden ser de asentimiento
(contratos de adhesión).
ARTICULO 984 Definición. El contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere
a cláusulas generales predispuestas unilateralmente, por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya
participado en su redacción.
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PRESUPUESTOS DEL CONSENTIMIENTO:
A) CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
ARTICULO 1001: Inhabilidades para contratar. No pueden contratar, en interés propio o ajeno, según sea el
caso, los que están impedidos para hacerlo conforme a disposiciones especiales. Los contratos cuya celebración
está prohibida a determinados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interpósita persona.
ARTICULO 1002: Inhabilidades especiales. No pueden contratar en interés propio:
a) los funcionarios públicos, respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado
encargados;
b) los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros y mediadores, y sus auxiliares, respecto de
bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido;
c) los abogados y procuradores, respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido;
d) los cónyuges, bajo el régimen de comunidad, entre sí.
Los albaceas que no son herederos no pueden celebrar contrato de compraventa sobre los bienes de las
testamentarias que estén a su cargo.
La capacidad de derecho es tratada en el art. 22 del Código Civil y Comercial, donde se indica que toda persona
humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos.
Ahora bien, el mismo artículo, en su parte final dispone que la ley puede privar o limitar esta capacidad, siendo un
ejemplo de ello el art. 1002 el cual establece incapacidades de derecho respecto a determinadas personas y ante
diferentes circunstancias.
B) SUJETOS O PERSONAS FISICAS O JURIDCAS:
ARTICULO 19: Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.
ARTICULO 20: Duración del embarazo. Época de la concepción. Época de la concepción es el lapso entre el
máximo y el mínimo fijados para la duración del embarazo. Se presume, excepto prueba en contrario, que el
máximo de tiempo del embarazo es de trescientos días y el mínimo de ciento ochenta, excluyendo el día del
nacimiento.
ATICULO 21: Nacimiento con vida. Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer
quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida.
Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume.
El nuevo art. 21 distingue entre el concebido por un lado y el implantado por el otro, como si fuesen dos
categorías distintas. Es muy importante subrayar que este numeral no fue modificado por el Poder Ejecutivo
Nacional, ni tampoco por la Comisión Bicameral, con lo cual ha quedado desarticulado del art. 19 definitivo. En
efecto, este precepto en su versión originaria determinaba que en el caso de técnicas de reproducción humana
asistida la persona humana iniciaba su existencia jurídica con la implantación del embrión en la mujer, y no antes
de ese evento, por lo que tenía sentido entonces esta distinción entre concebido e implantado que sigue
formulando el art. 21 , pero no ahora que ha sido modificado el 19, norma que no efectúa ninguna diferencia entre
las concepciones intrauterinas y las logradas fuera del cuerpo de la mujer. Por esta razón, es persona humana no
sólo aquel concebido dentro del cuerpo de la madre, sino también el ser humano concebido fuera de él.
ARTICULO 141: Definición. Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les
confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su
creación.
Así pues, de acuerdo con el art. 141 del nuevo Código, la personalidad jurídica no es un atributo que el legislador
reconozca como inherente y necesario a ciertos entes colectivos (teorías realistas), sino que especialmente
leconfiere cuando advierte en dichos entes cierta utilidad social, criterio eminentemente variable según la época y
circunstancias.
Esta concepción de la persona jurídica aparece nítidamente expuesta en los Fundamentos del Proyecto, donde se
expresa que "la personalidad es conferida por el legislador como un recurso técnico según variables circunstancias
de conveniencia o necesidad que inspiran la política legislativa...".
ELEMENTOS DEL CONSENTIMIENTO
ARTICULO 971: Formación del consentimiento. Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación
de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo.
Regla general: El contrato se perfecciona por la recepción de la aceptación de una oferta.
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A) OFERTA: ARTICULO 972; La oferta es definida como la manifestación dirigida a persona determinada o
determinable con la intención de obligarse y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe
producir de ser aceptada.
B) ACEPTACION: Por aceptación se considera toda declaración o acto del destinatario que revele conformidad
con la oferta (art. 979).
ARTICULO 975: Retractación de la oferta. La oferta dirigida a una persona determinada puede ser retractada
si la comunicación de su retiro es recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.
El nuevo régimen del Código Civil y Comercial admite la oferta revocable y la irrevocable. La regla es que la
oferta con plazo es irrevocable, pues ella obliga por todo el término, salvo que sea revocable y se la retracte (art.
974, último párrafo).
Ahora bien; este art. 975 dispone que la retractación es eficaz si la oferta ha sido dirigida a persona determinada y
llega al destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.
La oferta sin plazo y concebida como irrevocable, obliga al oferente y no puede retractarla. Pero el régimen del
Código Civil se decía que no podía permanecer vigente eternamente; ello ha sido solucionado en el derecho
vigente, pues la oferta sólo estará vigente hasta el momento en que razonablemente pueda esperarse la recepción
de la respuesta (art. 974, tercer párrafo).
La oferta pura y simple y la oferta con plazo pero revocable pueden ser retractadas, pero tal retractación es útil
en la medida en que sea recibida por el destinatario antes o al mismo tiempo que la oferta.
En definitiva, si la oferta es irrevocable o tiene plazo, ella obliga al oferente y no puede ser retractada durante el
término de su vigencia.
ARTICULO 976: Muerte o incapacidad de las partes. La oferta caduca cuando el proponente o el destinatario de
ella fallecen o se incapacitan, antes de la recepción de su aceptación.
El que aceptó la oferta ignorando la muerte o incapacidad del oferente, y que a consecuencia de su aceptación ha
hecho gastos o sufrido pérdidas, tiene derecho a reclamar su reparación.
ARTICULO 978: Aceptación. Para que el contrato se concluya, la aceptación debe expresar la plena
conformidad con la oferta. Cualquier modificación a la oferta que su destinatario hace al manifestar su aceptación,
no vale como tal, sino que importa la propuesta de un nuevo contrato, pero las modificaciones pueden ser
admitidas por el oferente si lo comunica de inmediato al aceptante.
ARTICULO 979: Modos de aceptación. Toda declaración o acto del destinatario que revela conformidad con la
oferta constituye aceptación. El silencio importa aceptación sólo cuando existe el deber de expedirse, el que puede
resultar de la voluntad de las partes, de los usos o de las prácticas que las partes hayan establecido entre ellas, o de
una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes.
La expresión verbal, escrita, por signos inequívocos, y por actos por los cuales se pueda conocer con certidumbre
la voluntad, son modos de manifestarse esa voluntad que tanto valen para cualquier acto jurídico como para los
contratos.
FORMA DE LOS CONTRATOS (unid 7)
La forma en el acto jurídico se consolida como un elemento esencial, por ello parecen adecuadas las palabras de
Cifuentes, Lorenzetti y Rezzónico entre otros, que advierten que son impropias las designaciones de los negocios
jurídicos "sin forma" o "no formales". En nuestro derecho civil, el establecimiento del elemento en estudio como
máxima expresión de la exteriorización de la voluntad implica dotar al acto de validez, vigencia y eficacia. Rivera
enseña que la voluntad pertenece a una esfera del individuo que no trasciende por sí misma, y por ello afirma
Llambías que la forma del acto jurídico es la manera como se exterioriza la voluntad del sujeto respecto del
objeto, en orden a la consecución del fin jurídico propuesto.
ARTICULO 284: Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la
voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más
exigente que la impuesta por la ley.
ATICULO 285: Forma impuesta. El acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido
como tal mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han
obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad.
El artículo resume históricos argumentos que vienen produciéndose en la doctrina al tratar en conjunto la forma y
la prueba, en donde se advierte que en situaciones, a pesar de ser conceptos diferentes, los mismos pueden
involuntariamente intercambiarse. En efecto, forma y prueba son conceptos diferentes que no pueden confundirse
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entre sí: mientras la forma conforma el elemento externo del acto, la prueba se erige como medio no
necesariamente instrumental que sirve para demostrar la verdad del hecho de haberse efectivamente realizado el
acto jurídico -puede ser además de la escrita, confesional, testimonial, etc.-.
Todo esto teniendo en cuenta además, como expresa Rivera otras diferencias:
la forma es contemporánea al acto mientras que la prueba puede no serlo, etc.
ATICULO 1015: Libertad de formas. Sólo son formales los contratos a los cuales la ley les impone una forma
determinada.
El presente artículo establece que los contratos sólo son formales, o lo que es lo mismo, que las partes deben
sujetarse a una forma concreta para su ejecución, cuando alguna norma así lo provea. Dichos contratos se llaman
formales y la forma establecida es obligatoria. Así, de una manera un tanto indirecta, establece que la regla
general es que existe libertad en cuanto a la forma que deben tener los contratos.
el artículo comentado también indirectamente establece que un nivel mínimo de formalización es necesario para
la validez de los contratos, sin la cual la voluntad no puede entenderse expresada. O sin el cual no puede
verificarse la existencia de expresión de la voluntad. Ello es consecuencia de lo establecido en el art. 284, con
relación a la expresión de la voluntad, y dicha expresión constituye la forma esencial de los contratos. La forma
escrita sigue siendo la forma residual por excelencia de la expresión de la voluntad en el nuevo régimen, y dicha
forma puede ser cumplida a través de los instrumentos privados, regulados por el art. 286 y 287 de la nueva
redacción del Código Civil, y los instrumentos públicos, regulados por los arts. 290 y ss.
Nada se dice en el artículo comentado respecto del supuesto en que las partes hayan provisto una formalidad
específica. Pero entendemos que en virtud de lo establecido por el art. 284 de la nueva redacción del Código
Civil, la forma específica establecida por las partes es también obligatoria para ellas y los contratos en dicha
categoría también pueden llamarse formales.
ARTICULO 1016: Modificaciones al contrato. La formalidad exigida para la celebración del contrato rige
también para las modificaciones ulteriores que le sean introducidas, excepto que ellas versen solamente sobre
estipulaciones accesorias o secundarias, o que exista disposición legal en contrario.
CONTRATOS EN PARTICULAR
ARTICULO 1618: Cesión de derechos. Forma. La cesión debe hacerse por escrito, sin perjuicio de los casos en
que se admite la transmisión del título por endoso o por entrega manual.
Deben otorgarse por escritura pública:
a) la cesión de derechos hereditarios;
b) la cesión de derechos litigiosos. Si no involucran derechos reales sobre inmuebles, también puede hacerse por
acta judicial, siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento;
c) la cesión de derechos derivados de un acto instrumentado por escritura pública.
Contratos asociativos. Uniones transitorias: Contrato. Forma y contenido. El contrato se debe otorgar por
instrumento público o privado con firma certificada notarialmente, que debe contener:
a) el objeto, con determinación concreta de las actividades y los medios para su realización;
b) la duración, que debe ser igual a la de la obra, servicio o suministro que constituye el objeto; c) la
denominación, que debe ser la de alguno, algunos o todos los miembros, seguida de la expresión " unión
transitoria";
d) el nombre, razón social o denominación, el domicilio y, si los tiene, los datos de la inscripción registral del
contrato o estatuto o de la matriculación o individualización que corresponde a cada uno de los miembros. En el
caso de sociedades, la relación de la resolución del órgano social que aprueba la celebración de la unión
transitoria, su fecha y número de acta; e) la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que
deriven del contrato, tanto entre partes como respecto de terceros; f) las obligaciones asumidas, las contribuciones
debidas al fondo común operativo y los modos de financiar las actividades comunes en su caso.
g) el nombre y el domicilio del representante, que puede ser persona humana o jurídica;
h) el método para determinar la participación de las partes en la distribución de los ingresos y la asunción de los
gastos de la unión o, en su caso, de los resultados;
i) los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las causales de extinción del contrato;
j) los requisitos de admisión de nuevos miembros;
k) las sanciones por incumplimiento de obligaciones;
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l) las normas para la elaboración de los estados de situación, a cuyo efecto los administradores deben llevar, con
las formalidades establecidas en los artículos 320 y siguientes, los libros exigibles y habilitados a nombre de la
unión transitoria que requieran la naturaleza e importancia de la actividad común.
ARTICULO 1455: Agrupaciones de colaboración. Contrato. Forma y contenido. El contrato debe otorgarse por
instrumento público o privado con firma certificada notarialmente e inscribirse en el Registro Público que
corresponda. Una copia certificada con los datos de su correspondiente inscripción debe ser remitida por el
Registro al organismo de aplicación del régimen de defensa de la competencia.
El contrato debe contener:
a) el objeto de la agrupación; b) la duración, que no puede exceder de diez años. Si se establece por más tiempo,
queda reducida a dicho plazo. En caso de omisión del plazo, se entiende que la duración es de diez años. Puede
ser prorrogada antes de su vencimiento por decisión unánime de los participantes por sucesivos plazos de hasta
diez años. El contrato no puede prorrogarse si hubiesen acreedores embargantes de los participantes y no se los
desinteresa previamente.
c) la denominación, que se forma con un nombre de fantasía integrado con la palabra " agrupación"; d) el nombre,
razón social o denominación, el domicilio y los datos de inscripción registral del contrato o estatuto o de la
matriculación e individualización, en su caso, de cada uno de los participantes. En el caso de sociedades, la
relación de la resolución del órgano social que aprueba la contratación de la agrupación, así como su fecha y
número de acta ; e) la constitución de un domicilio especial para todos los efectos que deriven del contrato de
agrupación, tanto entre las partes como respecto de terceros; f) las obligaciones asumidas por los participantes, las
contribuciones debidas al fondo común operativo y los modos de financiar las actividades comunes; g) la
participación que cada contratante ha de tener en las actividades comunes y en sus resultados; h) los medios,
atribuciones y poderes que se establecen para dirigir la organización y actividad común, administrar el fondo
operativo, representar individual y colectivamente a los participantes y controlar su actividad al solo efecto de
comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas; i) los casos de separación y exclusión; j) los requisitos
de admisión de nuevos participantes; k) las sanciones por incumplimiento de obligaciones; l) las normas para la
confección de estados de situación, a cuyo efecto los administradores deben llevar, con las formalidades
establecidas por este Código, los libros habilitados a nombre de la agrupación que requiera la naturaleza e
importancia de la actividad común.
PRUEBA DE LOS CONTRATOS (unid 8)
ARTICULO 1019: Medios de prueba. Los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar
a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales,
excepto disposición legal que establezca un medio especial.
Los contratos que sea de uso instrumentar no pueden ser probados exclusivamente por testigos.
El art. 1019, luego de la establecer una regla general muy amplia, hace referencia a que la evaluación de la
probanza debe hacerse teniendo en cuenta las normas de la sana crítica y de acuerdo a lo dispuesto por las normas
procesales. Este es un claro mensaje a los jueces, a quienes el legislador apodera para considerar acreditada una
relación contractual pero le pide razonabilidad propia de la sana crítica y sujeción a las leyes procesales.
Como única excepción se establece que cuando se hubiere establecido un medio de prueba específico, en la norma
comentada no es aplicable. Y rige entonces el art. 1020. Entendemos que la excepción aplica a todos los contratos
que tengan forma especial prevista, ya sea por disposición de la ley o por acuerdo de las partes.
ARTICULO 1020: Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a
los fines probatorios pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos, si hay imposibilidad de obtener
la prueba de haber sido cumplida la formalidad o si existe principio de prueba instrumental, o comienzo de
ejecución.
Se considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o
de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato.
INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS (unid 10)
Articulos mencionado en la definición de contrato, 958/959.
ARTICULO 1061: Intención común. El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes
y al principio de la buena fe.
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A diferencia de los códigos civil y comercial sustituidos, el nuevo Código dedica un capítulo completo a la
interpretación de los contratos, ordenando y actualizando las pautas y principios hermenéuticos existentes en la
materia.
Intención común de las partes. La hermenéutica jurídica tiende a desentrañar el alcance de una exteriorización de
voluntad. Dentro de ella se ubica la interpretación de los contratos, consistente en la indagación de la intención
común, efectiva y concreta de las partes contratantes. En este sentido, interpretar un acuerdo de voluntades
significa identificar el fin que las partes realmente persiguieron al contratar, tal como cada una de ellas entendió
querer el acto. En efecto, la formación del contrato requiere que la voluntad sea declarada, lo que plantea la
discordancia entre lo querido y lo manifestado.
En la interpretación del contrato no se busca lo que quiere cada una de las partes individualmente, sino que el
intérprete debe colocarse en un punto de vista que esté por encima de interés particular de ellas, para descubrir
cuál fue la verdadera declaración. Es decir que hay que investigar el consentimiento, la voluntad común de las
partes, y entra aquí a jugar el principio liminar de la buena fe, el cual exige que se dé a la manifestación de
voluntad el significado con que la entendieron las personas que en ella confían.
Principio de la buena fe. El art. 1061 conserva el principio ético fundamental de la buena fe como regla básica
en la interpretación de los contratos.
Rige aquí el concepto de buena fe leal u objetiva, que impone el deber de actuar con lealtad y rectitud, tanto en las
tratativas anteriores al negocio, cuanto en su celebración, interpretación y ejecución, y se aplica a ambas partes
contratantes, esto es, al declarante y al receptor de la declaración.
Una de las principales aplicaciones concretas del principio de la buena fe en materia de hermenéutica contractual
consiste en no ceñirse a la literalidad de las expresiones utilizadas en el contrato, cuando esa interpretación
contraría el sentido verdadero, el espíritu de lo convenido.
ARTICULO 1062: Interpretación restrictiva. Cuando por disposición legal o convencional se establece
expresamente una interpretación restrictiva, debe estarse a la literalidad de los términos utilizados al manifestar la
voluntad. Este artículo no es aplicable a las obligaciones del predisponente y del proveedor en los contratos por
adhesión y en los de consumo, respectivamente.
ARTICULO 1063: Significado de las palabras. Las palabras empleadas en el contrato deben entenderse en el
sentido que les da el uso general, excepto que tengan un significado específico que surja de la ley, del acuerdo de
las partes o de los usos y prácticas del lugar de celebración conforme con los criterios dispuestos para la
integración del contrato.
Se aplican iguales reglas a las conductas, signos y expresiones no verbales con los que el consentimiento se
manifiesta.
ARTICULO 1064: Interpretación contextual. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de
las otras, y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto del acto.
ARTICULO 1065: Fuentes de interpretación. Cuando el significado de las palabras interpretado
contextualmente no es suficiente, se deben tomar en consideración:
a) las circunstancias en que se celebró, incluyendo las negociaciones preliminares; b) la conducta de las partes,
incluso la posterior a su celebración; c) la naturaleza y finalidad del contrato.
ARTICULO 1066: Principio de conservación. Si hay duda sobre la eficacia del contrato, o de alguna de sus
cláusulas, debe interpretarse en el sentido de darles efecto. Si esto resulta de varias interpretaciones posibles,
corresponde entenderlos con el alcance más adecuado al objeto del contrato.
ARTICULO 1067: Protección de la confianza. La interpretación debe proteger la confianza y la lealtad que las
partes se deben recíprocamente, siendo inadmisible la contradicción con una conducta jurídicamente relevante,
previa y propia del mismo sujeto.
ARTICULO 1068: Expresiones oscuras. Cuando a pesar de las reglas contenidas en los artículos anteriores
persisten las dudas, si el contrato es a título gratuito se debe interpretar en el sentido menos gravoso para el
obligado y, si es a título oneroso, en el sentido que produzca un ajuste equitativo de los intereses de las partes.
Se sienta una regla que distingue según que el contrato sea a título gratuito u oneroso. En el primer caso, el
acuerdo deberá ser interpretado en el sentido más favorable al obligado al cumplimiento de la prestación; dicho en
otros términos c omo lo ha señalado la jurisprudencia de nuestros tribunales la duda debe resolverse a favor de la
menor transmisión de derechos e intereses.
En el segundo supuesto, el sentido que se le deberá dar al contrato es aquel que prevea un ajuste equitativo de los
intereses de ambas partes contratantes, esto es, conforme el principio de la equidad.
El art. 1068 recepta lo ya señalado por la doctrina, en punto a que la regla del favor debitoris sólo es justa en los
contratos gratuitos, pero no en los onerosos, en los que debe estarse a la equivalencia de las prestaciones como
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criterio rector de la interpretación (Borda, Llambias). Otra parte de la doctrina señala que con una interpretación
dinámica de la ley, el principio antedicho es de utilidad en la actualidad y respecto de los contratos onerosos, si se
lo concibe como tuitivo de la parte más débil del contrato (Rivera).
EFECTOS CONTRATOS (unid 11)
ART 1024. Los efectos del contrato se extienden, activa y pasivamente, a los sucesores universales, a no ser que
las obligaciones que de él nacen sean inherentes a la persona, o que la transmisión sea incompatible con la
naturaleza de la obligación, o esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley.
La sucesión implica la transmisión de derechos u obligaciones de una persona a otra. Esto puede ocurrir por "
causa de muerte" cuando los derechos se transmiten en virtud del fallecimiento de una persona, o "por actos entre
vivos" cuando un sujeto titular de una relación o situación jurídica la transmite por un acto jurídico.
La sucesión es a título universal cuando el sucesor tiene vocación a todo o a una parte alícuota del patrimonio de
una persona. La única sucesión universal en nuestro derecho es la del heredero. En cambio, en la sucesión
particular se transmite sólo una determinada relación o situación jurídica.
Los sucesores pueden ingresar en una relación jurídica aun cuando primitivamente no formaron parte de ella. En
la sucesión mortis causa , el heredero tiene todos los derechos y acciones del causante de manera indivisa.
En principio, el heredero sólo responde por las deudas del causante con los bienes que recibe o con su valor, en
caso de haber sido enajenados
Excepciones: En primer lugar no se transmiten los derechos y obligaciones inherentes a la persona. Se tratan de
derechos o deberes que están destinados a beneficiar o ser cumplidos por una persona determinada, y cuyo
ejercicio es inconcebible con independencia de esa persona.
El segundo supuesto es cuando la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación. En general, los
derechos y obligaciones intransmisibles por su naturaleza son individualizados por disposiciones legales
específicas. Sin embargo, hay por cierto prestaciones que sólo pueden ser cumplidas por el causante, las
obligaciones derivadas de la responsabilidad parental ingresan, por ejemplo, en esa categoría.
El tercer supuesto previsto en la norma es la prohibición de la ley o de una cláusula contractual. Existen
numerosos supuestos legales que impiden la transmisión de determinados derechos a favor de los sucesores
universales; como el pacto de preferencia establecido a favor del vendedor (art. 1165); el mandato (art. 1329); el
usufructo (art. 2152); el uso (art. 2155), la habitación (art. 2159); las servidumbres (arts. 2172).
También resultan intransmisibles los declarados tales por una disposición del mismo negocio jurídico pues las
partes pueden estipular que los efectos de un negocio se extingan por la muerte de cualquiera de ellos. Ello así,
siempre que se encuentre en el ámbito de la libertad contractual, pues en ciertos supuestos la ley impone la
continuidad del contrato, como sucede en materia de locaciones urbanas.
Los derechos de la personalidad no se transmiten aunque si pueden existir reflejos posteriores a su muerte,
tampoco se transmiten los derechos nacidos de las relaciones de familia.
Efectos de los contratos con respecto a 3eros.
Art 1021. Regla general. El contrato sólo tiene efecto entre las partes contratantes; no lo tiene con respecto a
terceros, excepto en los casos previstos por la ley.
La voluntad que genera obligaciones para las partes, es una voluntad bilateral que obliga, en principio, sólo a
quienes contrataron. Si hay libertad para obligarse, hay un deber de respetar la palabra empeñada.
la autonomía de la voluntad genera normas individuales sólo aplicables entre las partes que intervinieron en el
negocio jurídico.
Pero también el contrato es un hecho social, necesariamente repercute en el medio en que actúan las partes y no
puede ser considerado como inexistente frente a quienes no intervinieron en su celebración. Las partes, al
contratar, modifican en algo ese medio en que desarrollan sus actividades, creando una nueva riqueza,
transfiriendo valores, etc., y todo ello no podría realizarse sin que el convenio, en una forma u otra, incida sobre el
ambiente en que actúan.
Así, hablamos de los efectos subjetivos de los contratos para distinguir entre quienes se producen las relaciones
jurídicas patrimoniales que derivan del consentimiento contractual. El principio general en esta materia es el "
efecto relativo de los contratos" que surge de una conocida frase en latín res inter alios acta aliis neque nocere,
neque prodesse potest que significa que la cosa concluida entre unos, no puede dañar ni aprovechar a los otros.
Se entiende por relatividad del contrato la limitación de los efectos contractuales a los sujetos contratantes y sólo
concierne a sus efectos internos, es decir a los derechos y obligaciones que derivan del acuerdo.
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Art 1022: Situación de los terceros. El contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros
tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, excepto
disposición legal.
Los terceros son, en principio, quienes no tienen con el negocio jurídico relación alguna. Los sucesores, hasta el
momento que son llamados a suceder, también son terceros.
Puede suceder que si bien los terceros sean ajenos al contrato celebrado, tengan sin embargo algún interés en su
éxito o en su fracaso. Por ello, generalmente se distingue entre " terceros interesados" y " terceros no interesados".
Son terceros interesados aquellos que pueden ostentar un derecho subjetivo o un interés legítimo afectado por la
relación jurídica. Tales son los sucesores particulares, los titulares de derechos reales sobre las cosas que son
objeto de la relación jurídica, los acreedores privilegiados o quirografarios de las partes del negocio, y la masa
pasiva del concurso, que no es sino un conjunto de acreedores (Alterini, Jorge).
Terceros no interesados o penitus extranei son aquéllos totalmente ajenos al negocio y a sus efectos, pues no
tienen derechos subjetivos o intereses legítimos afectados por el acto jurídico.
El principio general es que el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros, ni los terceros tienen
derecho a invocarlo, pero el mismo texto legal establece que existen excepciones
Por empezar los contratos pueden aumentar o disminuir la solvencia de los contratantes, por ello sus acreedores
pueden verse entonces indirectamente alcanzados por los efectos de un contrato del cual no son parte. Aquí entran
a jugar las disposiciones que rigen las llamadas acciones integradoras del patrimonio: simulación (art. 333),
fraude (art. 338) y la acción subrogatoria (art.739).
También existe a favor de los acreedores la acción directa prevista en el art.736, es decir supuestos en donde el
acreedor ejerce una acción contra el deudor de su deudor, no se subroga, sino que actúa en forma directa contra el
deudor de su deudor.
INTERVENCION DE TERCEROS.
Art 1025. Contratación a nombre de tercero. Quien contrata a nombre de un tercero sólo lo obliga si ejerce su
representación. A falta de representación suficiente el contrato es ineficaz. La ratificación expresa o tácita del
tercero suple la falta de representación; la ejecución implica ratificación tácita.
Art 1026. Promesa del hecho de tercero. Quien promete el hecho de un tercero queda obligado a hacer lo
razonablemente necesario para que el tercero acepte la promesa. Si ha garantizado que la promesa sea aceptada,
queda obligado a obtenerla y responde personalmente en caso de negativa.
Art 1027. Estipulación a favor de tercero. Si el contrato contiene una estipulación a favor de un tercero
beneficiario, determinado o determinable, el promitente le confiere los derechos o facultades resultantes de lo que
ha convenido con el estipulante. El estipulante puede revocar la estipulación mientras no reciba la aceptación del
tercero beneficiario; pero no puede hacerlo sin la conformidad del promitente si éste tiene interés en que sea
mantenida. El tercero aceptante obtiene directamente los derechos y las facultades resultantes de la estipulación a
su favor. Las facultades del tercero beneficiario de aceptar la estipulación, y de prevalerse de ella luego de haberla
aceptado, no se transmiten a sus herederos, excepto que haya cláusula expresa que lo autorice. La estipulación es
de interpretación restrictiva.
Art 1028. Relaciones entre las partes. El promitente puede oponer al tercero las defensas derivadas del contrato
básico y las fundadas en otras relaciones con él.
El estipulante puede: a) exigir al promitente el cumplimiento de la prestación, sea a favor del tercer beneficiario
aceptante, sea a su favor si el tercero no la aceptó o el estipulante la revocó; b) resolver el contrato en caso de
incumplimiento, sin perjuicio de los derechos del tercero beneficiario.
Art 1029. Contrato para persona a designar. Cualquier parte puede reservarse la facultad de designar
ulteriormente a un tercero para que asuma su posición contractual, excepto si el contrato no puede ser celebrado
por medio de representante, o la determinación de los sujetos es indispensable.
La asunción de la posición contractual se produce con efectos retroactivos a la fecha del contrato, cuando el
tercero acepta la nominación y su aceptación es comunicada a la parte que no hizo la reserva. Esta comunicación
debe revestir la misma forma que el contrato, y ser efectuada dentro del plazo estipulado o, en su defecto, dentro
de los quince días desde su celebración.
Mientras no haya una aceptación del tercero, el contrato produce efectos entre las partes.
Art 1030. Contrato por cuenta de quien corresponda. El contrato celebrado por cuenta de quien corresponda
queda sujeto a las reglas de la condición suspensiva. El tercero asume la posición contractual cuando se produce
el hecho que lo determina como beneficiario del contrato.
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Accion Subrogatoria Art 739. El acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los
derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia.
El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio.
Consiste de un derecho que la ley le otorga a los acreedores quirografarios para que hagan valer derechos y
obligaciones que le corresponden a su deudor, ante la incuria, la desidia o inercia del obligado" .
Por esta vía se le permite al acreedor que accione en nombre de su deudor, a fin de obtener de terceros la entrega
de bienes, o aceptando una herencia, o también oponiendo la defensa de prescripción liberatoria, etcétera.
Requisitos. La ley sólo menciona dos características pero elude otros requisitos para su ejercicio. Indica que debe
tratarse de un acreedor de un crédito " cierto", sea o no exigible, pero da como presupuestos tácitos que el deudor
sea remiso o desidioso o se halle inactivo, y que el acreedor demuestre un interés legítimo.
En cuanto al crédito " cierto", implica que no se encuentre controvertido y sea por sus antecedentes y
documentación pertinente, suficientemente verosímil.
No se requiere el carácter de exigible.
La desidia o inacción del deudor importa, como bien dice el profesor Albaladejo, que el derecho se encuentre
descuidado o casi abandonado, y sea susceptible de una utilización mas provechosa que la que realiza el deudor.
Y por último debe existir un " interés legítimo" del acreedor para poder incursionar en la vida de su deudor; ello
implica alegar y demostrar que no hay otros bienes en cabeza del obligado para embargar o hacer efectivo el
crédito. Esta prueba que no llega hasta la demostración de la insolvencia, resulta necesaria, ante lo excepcional del
ejercicio de la acción indirecta .
3. Efectos El artículo señala los efectos del resultado de la acción subrogatoria, y como bien afirma Llambías, los
derechos son de propiedad del subrogado y no del subrogante.
Por ello, ante el éxito de la pretensión los bienes, cosas o derechos que debía el tercero van directamente al
patrimonio del subrogado, deudor del actor, y no crean preferencia alguna a favor del acreedor subrogante.
Suspensión del cumplimiento y fuerza mayor
Art 1031. En los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede
suspender el cumplimiento de la prestación, hasta que la otra cumpla u ofrezca cumplir. La suspensión puede ser
deducida judicialmente como acción o como excepción.
Si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución
completa de la contraprestación.
El artículo regula la aplicación de este instituto en los contratos bilaterales cuando las partes deben cumplir sus
prestaciones de manera simultánea, permitiéndole a una de ellas suspender su cumplimiento hasta que la otra no
cumpla. El ejercicio de esta opción sólo puede ser ejercida judicialmente.
La norma se encarga de aclarar que si la obligación debida es divisible a favor de varios interesados, se puede
invocar contra cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación.
Art 1032. Tutela preventiva. Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufriesen una
grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir, o en
su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el
cumplimiento será realizado.
Completando la disposición anterior, aclara que uno de los contratantes puede suspender su propio cumplimiento
como una forma de autoprotección frente a la posible insolvencia del otro contratante o ante una circunstancia que
le pudiera impedir cumplir con las prestaciones debidas. Ya no estamos en presencia de obligaciones que deben
cumplirse simultáneamente.
TEORIA DE LA LESION. (Unidad 14)
Art 332. Lesión. Puede demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes
explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja
patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.
Se presume, excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las
prestaciones.
Los cálculos deben hacerse según valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir en el momento de la
demanda.
El afectado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero la primera de estas
acciones se debe transformar en acción de reajuste si éste es ofrecido por el demandado al contestar la demanda.

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