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estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando
suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el
Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso,
respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas
no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
Artículo 24.- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus
ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
Artículo 25.- El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar
las ciencias y las artes.
Artículo 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las
banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.
Artículo 27.- El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y
comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados que estén en conformidad con
los principios de derecho público establecido en esta Constitución.
Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores
Artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas
Provinciales a los Gobernadores de Provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder
público, ni otorgarles sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o las fortunas de
los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen,
a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.
Artículo 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus
partes; la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras
partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una Convención convocada
al efecto.
Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se
dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la
nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante
cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo