CONSTITUCIÓN DE 1853 CON REFORMAS DE 1860
(25 DE SEPTIEMBRE DE 1860)
Preámbulo
Nos, los Representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso
General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en
cumplimiento de Pactos preexistentes, con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar
la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar
general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para
todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la
protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos
esta Constitución para la Nación Argentina.
PARTE PRIMERA
CAPÍTULO ÚNICO
DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS
Artículo 1.- La Nación Argentina adopta para su Gobierno la forma Representativa
Republicana Federal, según lo establece la presente Constitución.
Artículo 2.- El Gobierno Federal sostiene el Culto Católico Apostólico Romano.
Artículo 3.- Las autoridades que ejercen el Gobierno Federal residen en la ciudad que
se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por
una o más Legislaturas Provinciales, del territorio que haya de federalizarse.
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Artículo 4.- El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del
Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación hasta mil
ochocientos sesenta y seis, con arreglo a lo estatuido en el inciso 1 del Artículo 67; del de la
venta o locación de tierras de propiedad nacional; de la renta de Correos; de las demás
contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso
General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para
urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional.
Artículo 5.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema
representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la
Constitución Nacional, y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la
educación primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno Federal garante a cada provincia el
goce y ejercicio de sus instituciones.
Artículo 6.- El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para
garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de
sus autoridades constituidas para sostenerlas y restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por
la sedición o por invasión de otra provincia.
Artículo 7.- Los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de
entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la forma
probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos legales que producirán.
Artículo 8.- Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios
e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. La extradición de los criminales
es de obligación recíproca entre todas las provincias.
Artículo 9.- En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las
nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso.
Artículo 10.-En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los
efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de
todas clases, despachadas en las aduanas exteriores.
Artículo 11.- Los Artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así
como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una provincia a otra, serán
libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias
en que se transporten, y ningún otro -derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que
sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio.
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Artículo 12.- Los buques destinados de una provincia a otra no serán obligados a
entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan
concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de
comercio.
Artículo 13.- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación; pero no podrá erigirse
una provincia en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el
consentimiento de la Legislatura de las provincias interesadas y del Congreso.
Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos,
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar
y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y
disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de
enseñar y aprender.
Artículo 15.- En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen
quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una ley especial reglará las
indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen de que serán responsables los que lo celebrasen, y el escribano o
funcionario que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan, quedan
libres por el solo hecho de pisar el territorio de la República.
Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de
nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son
iguales ante la ley, y admisibles en los empleos, sin otra condición que la idoneidad. La
igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.
Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser
privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de
utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso
impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 11. Ningún servicio personal es
exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es
propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la
ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino.
Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.
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Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado
de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a
declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente.
Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable,
como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en
qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan
abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los
azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de
los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a
mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.
Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas
de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo
que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Artículo 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos
civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces,
comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y
casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar
contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años
continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo
solicite, alegando y probando servicios a la República.
Artículo 21.- Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria
y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos
del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización son libres de prestar o no este
servicio por el término de diez años, contados desde el día en que obtengan su carta de
ciudadanía.
Artículo 22.- El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y
autoridades creados por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se
atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.
Artículo 23.- En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en
peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en
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estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando
suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el
Presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso,
respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas
no prefiriesen salir fuera del territorio argentino.
Artículo 24.- El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus
ramos, y el establecimiento del juicio por jurados.
Artículo 25.- El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá
restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los
extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar
las ciencias y las artes.
Artículo 26.- La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las
banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional.
Artículo 27.- El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y
comercio con las potencias extranjeras, por medio de tratados que estén en conformidad con
los principios de derecho público establecido en esta Constitución.
Artículo 28.- Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores
Artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Artículo 29.- El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las Legislaturas
Provinciales a los Gobernadores de Provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder
público, ni otorgarles sumisiones o supremacías, por las que la vida, el honor o las fortunas de
los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza
llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen,
a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria.
Artículo 30.- La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus
partes; la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras
partes, al menos, de sus miembros, pero no se efectuará sino por una Convención convocada
al efecto.
Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se
dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la
nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante
cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo
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para la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del Pacto de 11 de
noviembre de 1859.
Artículo 32.- El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de
imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Artículo 33.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no
serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen
del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno.
Artículo 34.- Los jueces de las Cortes Federales no podrán serlo al mismo tiempo de
los Tribunales de Provincia, ni el servicio Federal, tanto en lo civil como en lo militar, da
residencia en la provincia en que se ejerza, y que no sea la del domicilio habitual del
empleado, entendiéndose esto para los efectos de optar a empleos en la provincia en que
accidentalmente se encuentre.
Artículo 35.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el
presente, a saber: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación
Argentina, serán en adelante nombres oficiales indistintamente para la designación del
Gobierno y territorio de las Provincias, empleándose las palabras «Nación Argentina» en la
formación y sanción de las leyes.
SEGUNDA PARTE
AUTORIDADES DE LA NACIÓN
TÍTULO PRIMERO
GOBIERNO FEDERAL
SECCIÓN PRIMERA
DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 36.- Un Congreso, compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la
Nación y otra de Senadores de las Provincias y de la Capital, será investido del Poder
Legislativo de la Nación.
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CAPÍTULO PRIMERO
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Artículo 37.- La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos
directamente por el pueblo de las provincias y de la capital, que se consideran a este fin como
distritos electorales de un solo Estado, y a simple pluralidad de sufragios, en razón de uno por
cada veinte mil habitantes, o de una fracción que no baje del número de diez mil.
Artículo 38.- Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción
siguiente: por la provincia de Buenos Aires, doce; por la de Córdoba, seis; por la de
Catamarca, tres; por la de Corrientes, cuatro; por la de Entre Ríos, dos; por la de Jujuy, dos;
por la de Mendoza, tres; por la de la Rioja, dos; por la de Salta, tres; por la de Santiago,
cuatro; por la de San Juan, dos; por la de Santa Fe, dos; por la de San Luis, dos, y por la de
Tucumán, tres.
Artículo 39.- Para la segunda Legislatura deberá realizarse el censo general y
arreglarse a él el número de diputados; pero este censo sólo podrá renovarse cada diez años.
Artículo 40.- Para ser diputado se requiere haber cumplido la edad de veinticinco años,
tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con
dos años de residencia inmediata en ella.
Artículo 41.- Por esta vez las Legislaturas de las provincias reglarán los medios de
hacer efectiva la elección directa de los diputados de la nación; para lo sucesivo, el Congreso
expedirá una ley general.
Artículo 42.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son
reelegibles; pero la Sala se renovará por mitad cada bienio; a cuyo efecto los nombrados para
la primera Legislatura, luego que se reúnan, sortearán los que deban salir en el primer
período.
Artículo 43.- En caso de vacante, el Gobierno de provincia o de la capital hace
proceder a elección legal de un nuevo miembro.
Artículo 44.- A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de
las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas.
Artículo 45.- Sólo ella ejerce el derecho de acusar ante el Senado al Presidente,
Vicepresidente, sus Ministros y a los miembros de la Corte Suprema y demás Tribunales
inferiores de la Nación en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal
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desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de
haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de, causa por mayoría de dos
terceras partes de sus miembros presentes.
CAPÍTULO II
DEL SENADO
Artículo 46.- El Senado se compondrá de dos senadores de cada provincia, elegidos
por sus Legislaturas a pluralidad de sufragios, y dos de la capital elegidos en la forma
prescripta para la elección de Presidente de la Nación. Cada senador tendrá un voto.
Artículo 47.- Son requisitos para ser el elegido senador: tener la edad de treinta años,
haber sido seis años ciudadano de la nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos
fuertes o de una entrada equivalente y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años
de residencia inmediata en ella.
Artículo 48.- Los senadores duran nueve años en el ejercicio de su mandato y son
reelegibles indefinidamente; pero el Senado se renovará por terceras partes cada tres años,
decidiéndose por la suerte, luego que todos se reúnan, quiénes deben salir en el primero y
segundo trienio.
Artículo 49.- El Vicepresidente de la Nación será Presidente del Senado; pero no
tendrá voto sino en el caso que haya empate en la votación.
Artículo 50.- El Senado nombrará un Presidente provisional que lo presida en caso de
ausencia del Vicepresidente, o cuando éste ejerza las funciones de Presidente de la Nación.
Artículo 51.- Al Senado corresponde juzgar en juicio público a los acusados por la
Cámara de Diputados, debiendo sus miembros prestar juramento para este acto. Cuando el
acusado sea el Presidente de la Nación, el Senado será presidido por el Presidente de la Corte
Suprema. Ninguno será declarado culpable sino a mayoría de los dos tercios de los miembros
presentes.
Artículo 52.- Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle
incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la nación. Pero la parte
condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo, conforme a las leyes,
ante los Tribunales ordinarios.
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Artículo 53.- Corresponde también al Senado autorizar al Presidente de la Nación para
que declare en estado de sitio uno o varios puntos de la República, en caso de ataque exterior.
Artículo 54.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra
causa, el Gobierno a que corresponde la vacante hace proceder inmediatamente a la elección
de un nuevo miembro.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES A AMBAS CÁMARAS
Artículo 55.- Ambas Cámaras se reunirán en sesiones ordinarias todos los años desde
el 1 de mayo hasta el 30 de septiembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente
por el Presidente de la Nación, o prorrogadas sus sesiones.
Artículo 56.- Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus
miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesión sin la mayoría absoluta
de sus miembros; pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que
concurran a las sesiones, en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá.
Artículo 57.- Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente.
Ninguna de ellas, mientras se hallen reunidas, podrá suspender sus sesiones más de tres días
sin el consentimiento de la otra.
Artículo 58.- Cada Cámara hará su Reglamento y podrá con dos tercios de votos
corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus
funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobre viniente a su incorporación y
hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para
decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos.
Artículo 59.- Los senadores y diputados prestarán, en el acto de su incorporación,
juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obrar en todo en conformidad a lo que
prescribe esta Constitución.
Artículo 60.- Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado
judicialmente ni molestado por opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de
legislador.
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Artículo 61.- Ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su
cese, puede ser arrestado, excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de
algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva, de lo que se dará cuenta
a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho.
Artículo 62.- Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra
cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada
Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado y ponerlo a
disposición del juez competente para su juzgamiento.
Artículo 63.- Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su Sala a los Ministros del
Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes.
Artículo 64.- Ningún miembro del Congreso podrá recibir empleo o comisión del
Poder Ejecutivo, sin previo consentimiento de la Cámara respectiva, excepto los empleos de
escala.
Artículo 65.- Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los
Gobernadores de Provincia por la de su mando.
Artículo 66.- Los servicios de los senadores y diputados son remunerados por el
Tesoro de la Nación con una dotación que señalará la ley.
CAPÍTULO IV
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO
Artículo 67.- Corresponde al Congreso:
1. Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, los
cuales, así como las avaluaciones sobre que recaigan, serán uniformes en toda la nación; bien
entendido que ésta, así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la
moneda que fuese corriente en las provincias respectivas, por su justo equivalente. Establecer
igualmente los derechos de exportación hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto
nacional, no pudiendo serlo provincial.
2. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado y proporcionalmente
iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien
general del Estado lo exijan.
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3. Contraer empréstitos de dinero sobre el crédito de la nación.
4. Disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional.
5. Establecer y reglamentar un Banco Nacional en la capital y sus sucursales en las
provincias, con facultad de emitir billetes.
6. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación.
7. Fijar anualmente el presupuesto de gastos de administración de la nación, y aprobar
o desechar la cuenta de inversión.
8. Acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas no alcancen,
según sus presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios.
9. Reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habilitar los puertos que
considere convenientes, y crear y suprimir aduanas, sin que puedan suprimirse las aduanas
exteriores que existían en cada provincia al tiempo de su incorporación.
10. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema
uniforme de pesas y medidas para toda la nación.
11. Dictar los Códigos civil, comercial, penal y de minería, sin que tales Códigos
alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los Tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y
especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y ciudadanía, con
sujeción al principio de la ciudadanía natural, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación
de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el
establecimiento del juicio por jurados.
12. Reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras, y de las
provincias entre sí.
13. Arreglar y establecer las postas y correos generales de la nación.
14. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijar los de las
provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización,
administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los
límites que se asignen a las provincias.
15. Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y
promover la conversión de ellos al catolicismo.
16. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las
provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y
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universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y
canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación
de los ríos interiores por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de
privilegios y recompensas de estímulo.
17. Establecer Tribunales inferiores a la Suprema Corte de Justicia; crear y suprimir
empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías
generales.
18. Admitir o desechar los motivos de dimisión de Presidente o Vicepresidente de la
República, y declarar el caso de proceder a nueva elección; hacer el escrutinio y rectificación
de ella.
19. Aprobar y desechar los tratados concluídos con las demás naciones y los
concordatos con la Silla Apostólica, y arreglar el ejercicio del Patronato en toda la nación.
20. Admitir en el territorio de la nación otras órdenes religiosas a más de las
existentes.
21. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra, o hacer la paz.
22. Conceder patentes de corso y de represalias, y establecer reglamentos para las
presas.
23. Fijar la fuerza de línea de tierra y de mar en tiempo de paz y guerra, y formar
reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos.
24. Autorizar la reunión de las milicias de todas las provincias o parte de ellas, cuando
lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o
repeler las invasiones. Disponer la organización, armamento y disciplina de dichas milicias y
la administración y gobierno de la parte de ellas que estuviese empleada en servicio de la
Nación, dejando a las provincias el nombramiento de sus correspondientes jefes y oficiales, y
el cuidado de establecer en su respectiva milicia la disciplina prescrita por el Congreso.
25. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la
salida de las fuerzas nacionales fuera de él.
26. Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción
interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder
Ejecutivo.
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27. Ejercer una legislación exclusiva en todo el territorio de la Capital de la Nación y
sobre los demás lugares adquiridos por compra o cesión en cualquiera de las provincias, para
establecer fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional.
28. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio
los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al
Gobierno de la Nación Argentina.
CAPÍTULO V
DE LA FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES
Artículo 68.- Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del
Congreso, por proyectos presentados por sus miembros o por el Poder Ejecutivo, excepto las
relativas a los objetos de que trata el Artículo 44.
Artículo 69.- Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su
discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para
su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.
Artículo 70.- Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en
el término de diez días útiles.
Artículo 71.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras,
podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Pero si sólo fuese adicionado o corregido por la
Cámara revisora, volverá a la de su origen; y si en ésta se aprobasen las adiciones o
correcciones por mayoría absoluta pasará al Poder Ejecutivo de la Nación. Si las adiciones o
correcciones fuesen desechadas, volverá segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si
aquí fuesen nuevamente sancionadas por una mayoría de las dos terceras partes de sus
miembros, pasará el proyecto a la otra Cámara, y no se entenderá que ésta reprueba dichas
adiciones o correcciones, si no concurre para ello el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes.
Artículo 72.- Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve
con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por
mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo
sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su
302
promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por
no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder
Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las
objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Artículo 73.- En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara
de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., decretan o sancionan con
fuerza de Ley.
SECCIÓN II
DEL PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO PRIMERO
DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN
Artículo. 74.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano
con el título de «Presidente de la Nación Argentina».
Artículo 75.- En el caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o
destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el Vicepresidente de la
Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y
Vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de
desempeñar la Presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo
Presidente sea electo.
Artículo 76.- Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación se requiere
haber nacido en el territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo habiendo nacido en país
extranjero; pertenecer a la comunión Católica Apostólica Romana y las demás calidades
exigidas para ser electo senador.
Artículo 77.- El Presidente y Vicepresidente duran en sus empleos el término de seis
años, y no pueden ser reelegidos sino con intervalo de un período.
Artículo 78.- El Presidente de la Nación cesa en el Poder el día mismo en que expira
su período de seis años, sin que evento alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo de
que se le complete más tarde.
303
Artículo79.- El Presidente y Vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el
tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el
mismo período no podrán ejercer otro empleo ni recibir ningún otro emolumento de la Nación
ni de provincia alguna.
Artículo 80.- Al tomar posesión de su cargo, el Presidente y Vicepresidente prestarán
juramento en manos del presidente del Senado (la primera vez del presidente del Congreso
Constituyente), estando reunido el Congreso, en los términos siguientes: «Yo, N. N., juro por
Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo
de Presidente (o Vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la
Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciese, Dios y la Nación me lo demanden».
CAPÍTULO II
DE LA FORMA Y TIEMPO DE LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN
Artículo 81.- La elección del Presidente y Vicepresidente de la Nación se hará del
modo siguiente: la capital y cada una de las provincias nombrarán por votación directa una
Junta de electores igual al duplo del total de diputados y senadores que envíen al Congreso,
con las mismas calidades y bajo las mismas formas prescritas para la elección de diputados.
No pueden ser electores los diputados, los senadores ni los empleados a sueldo del
Gobierno federal.
Reunidos los electores en la capital de la nación y en la de sus provincias respectivas
cuatro meses antes que concluya el término del Presidente cesante, procederán a elegir
Presidente y Vicepresidente de la Nación, por cédulas firmadas, expresando en una la persona
por quien votan para Presidente y en otra distinta la que eligen para Vicepresidente.
Se harán dos listas de todos los individuos electos para Presidente y otras dos de los
nombrados para Vicepresidente, con el número de votos que cada uno de ellos hubiese
obtenido. Estas listas serán firmadas por los electores y se remitirán cerradas y selladas dos de
ellas (una de cada clase) al presidente de la Legislatura provincial, y en la Capital, al
presidente de la Municipalidad, en cuyos registros permanecerán depositadas y cerradas, y las
otras dos al presidente del Senado (la primera vez al presidente del Congreso Constituyente).

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