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mayor rapidez las obras sociales sindicales.
2. La seguridad social como derecho social (desde 1943 hasta el golpe militar de 1976); Con el peronismo
comenzó entonces una nueva etapa en el desarrollo de la seguridad social argentina, de la mano de una
redefinición de la ciudadanía, que ahora incluía la ciudadanía social. En consonancia con otras tendencias de
posguerra en los países industriales occidentales, donde se despliegan los mecanismos del Estado de Bienestar,
el Sistema de Seguridad Social de la Argentina también se amplió y se extendió, al ritmo de un acelerado proceso
de urbanización e industrialización. En esta etapa, el derecho a la seguridad social fue reconocido como un
derecho social con garantía constitucional, ya que la Constitución reformada en 1949 lo incorporó por primera vez,
determinando que los beneficios de la seguridad social eran una obligación del Estado. La expansión del sistema
se produjo con la sucesiva creación de cajas específicas para cada rama de actividad, financiadas con aportes y
contribuciones sobre la nómina salarial. De este modo, el derecho a la seguridad social quedó vinculado a la
inserción formal de las personas en el mercado laboral. Asimismo, en 1946, se dictó el Decreto Ley N° 9316 que
estableció eldenominado Régimen de Reciprocidad Jubilatoria. Este permitió, a efectos de obtener una jubilación,
una pensión por invalidez o bien por fallecimiento, sumar todos los servicios prestados hasta el momento y todas
las remuneraciones percibidas, en cualquier sistema previsional integrante del régimen. Esta medida redundó en
que fuera reconocida la antigüedad laboral de los trabajadores y que no se perdieran sus aportes, aunque, por
diversos motivos –como las migraciones internas– hubieran cambiado de caja previsional a lo largo de su
trayectoria laboral. En lo relacionado con el Sistema de Seguridad Social, los distintos gobiernos que se
sucedieron entre 1955 y 1973, realizaron diversos intentos por unificar y centralizar el Sistema de Seguridad Social
y reducir el poder sindical en su interior. Durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se establecieron una serie
de leyes que unificaron las condiciones de acceso y forma de financiamiento de varios de los componentes del
Sistema de Seguridad Social. Por ejemplo, se unificaron en tres las cajas previsionales: Industria y Comercio;
Autónomos y Estatales. Sin embargo, varias de estas cajas (fuerzas de seguridad, profesionales, empleados
estatales provinciales y municipales, etc.) continuaron funcionando por fuera del sistema. También las provincias
mantuvieron su autonomía.
1. El retroceso de la seguridad social (desde 1976 hasta la crisis de 2001); Desde mediados de la década del
setenta, en el marco de la aplicación de un proyecto neoliberal, se produjo un fuerte deterioro y precarización del
mercado laboral, lo que se acompañó de una importante caída en la cobertura del Sistema de Seguridad Social y
de una estrategia de disminución sistemática de las tasas de contribuciones patronales sobre los salarios que
desfinanció fuertemente el sistema. En los 90, durante las presidencias de Carlos Menem, se implementa un
profundo proceso de reformas que modificarían el rol del Estado en la economía por medio de la privatización de la
gran mayoría de las empresas públicas y el Sistema de Pensiones, así como la “flexibilización” de las relaciones
laborales. Finalmente, el trabajo asalariado y estable, en condiciones de formalidad, se reduce hasta producir una
caída de los ingresos necesarios para sostener y financiar el Sistema de Seguridad Social. Durante este período,
la política de seguridad social fue rediseñada en línea con el enfoque privatizador prevaleciente: el Estado se
desembarazó de la gestión de los aportes previsionales, transfiriendo ese rol a las Aseguradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones (AFJP); implementó leyes para reducir el pago de indemnizaciones por despido y
accidentes de trabajo; restringió el acceso a los seguros de desempleo e implementó medidas que debilitaron a las
obras sociales al tiempo que se fortalecían los Sistemas de Medicina Prepaga. Además, se redujeron de manera
generalizada los aportes patronales. En efecto, en estas condiciones, el derecho a la seguridad social quedó
limitado al reducido grupo de trabajadores con inserción formal y estable en el mercado laboral. En oposición,
crecieron las políticas asistenciales focalizadas en los llamados “grupos vulnerables”.
2. La recuperación y ampliación del derecho a la seguridad social (desde 2003 hasta la actualidad). A diferencia
de las reformas implementadas en la etapa precedente, en este período las medidas se orientaron a mejorar el
nivel de las prestaciones, flexibilizar las condiciones de acceso y expandir la cobertura de la seguridad social. Si
bien hubo una clara recuperación de la actividad económica, y notables avances en materia de registro de los
trabajadores, aún el mercado laboral continuó mostrando síntomas de precariedad. Por ello, las medidas
implementadas para extender la cobertura de la seguridad social consistieron en la ampliación del derecho más
allá de la inserción formal de las personas, incorporando subsistemas no contributivos, como es el caso de la
Asignación Universal por Hijo para protección social; o incluyendo beneficiarios que no cumplían con las
condiciones de acceso, como es el caso de las moratorias previsionales y el “Plan de Inclusión Previsional”, que
permitió la incorporación de más de 2.500.000 nuevos jubilados, de los cuales muchos son mujeres.
Contenido: Seguros Sociales. Salud Pública y Asistencia Social.
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