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ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ARGENTINA
Los primeros documentos escritos en los que comienzan a esbozarse esos
derechos esenciales los encontramos en España, en la Edad Media: son Las
cartas pueblas y Los Fueros Reales. Se trata de pactos o acuerdos entre el
rey o los señores feudales y la gente del pueblo, por medio de los cuales se
reconocían a estos últimos algunos derechos.
En el año 1215, en Inglaterra, se firmó la Carta Magna, otro de los primeros
documentos escritos que reconocen algunos derechos individuales. Muchos
años después, en 1628, y también en Inglaterra, el rey Carlos I firmó -en
respuesta a la presión popular- la Petición de Derechos. A fines del siglo XVII
se promulgaron el Habeas Corpus Act (1679) y el Bill of Rights (1689).
En los Estados Unidos, la Constitución de Virginia de 1776 incluyó una
declaración que afirmaba la existencia de derechos inherentes las personas,
conceptos que luego fueron repetidos en la Declaración de la Independencia de
los Estados Unidos del 4 de julio de 1776, redactada por Thomas Jefferson. En
la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1787, no se incluyó un
cuerpo orgánico de derechos, pero sí varias garantías de la libertad individual.
En 1791, fueron aprobadas las diez primeras enmiendas a la Constitución, en
las que sí se enunciaban una serie de derechos.
Para la misma época, en Francia, durante revolución de 1789, se sancionó un
documento fundamental en la historia del respeto por la dignidad
humana: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano .
Este documento sentó las bases del constitucionalismo moderno, y sus
principios son una fuente de inspiración para los instrumentos de derechos
humanos promulgados posteriormente.
En la Argentina, los primeros pasos para el reconocimiento de los derechos
humanos se remontan al Acta Capitular del 25 de mayo de 1810 , que incluía
algunos principios destinados a garantizar la libertad de los individuos.
Asimismo, durante los primeros gobiernos patrios se sancionaron decretos (los
del 23 de noviembre de 1811 y el 26 de octubre de 1811) que garantizaban la
seguridad individual y la libertad de imprenta.
Los antecedentes de la Constitución Nacional -el Estatuto de 1815, el
Reglamento de 1817, las Constituciones de 1819 y de 1826- también tenían
artículos y secciones consagradas a los derechos individuales.
En cuanto a nuestra Constitución de 1853, en su primera parte -llamada
dogmática- establece los derechos y las garantías individuales. Durante la
última reforma, en el año 1994, se incorporó un capítulo referido a nuevos
derechos y garantías, además de otorgarse jerarquía constitucional a una serie
de tratados internacionales sobre derechos humanos.
Violaciones de Derechos Humanos en la Argentina. "Nunca más"
La dictadura militar que gobernó entre los años 1976 y 1983 produjo
innumerables violaciones a los derechos humanos. Alrededor de 30.000
personas fueron "desaparecidas", secuestradas, torturadas y asesinadas, sin
que nunca se supiera su paradero.
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín asumió a la presidencia tras
siete años y meses de dictadura militar. Cinco días después del regreso de la
democracia, el 15 de diciembre de 1983, con el fin de investigar los crímenes
de lesa humanidad cometidos por la dictadura, Alfonsín creó, a través de este
decreto, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más
conocida como la CONADEP.
De esta manera, la CONADEP fue un órgano descentralizado creado con el
objetivo de aclarar e investigar la desaparición forzada de personas producidas
durante la dictadura militar en la Argentina, que dio origen al Informe "Nunca
Más", también conocido como “Informe Sábato”, publicado por primera vez en
1984.
Los responsables máximos de esos hechos fueron llevados a juicio y
condenados. Años más tarde recibieron los beneficios de las leyes de Punto
Final y de Obediencia Debida, y finalmente el indulto.
La importancia de la política de juzgamiento de los crímenes cometidos por la
dictadura militar, que encuentra a 843 miembros de las fuerzas de seguridad
detenidos, 386 condenados y a más de 1.300 personas imputadas y aptas para
llegar a juicio. La decisión de enjuiciar a los principales responsables de la
política del terror en la Argentina fue iniciada por el gobierno de Raúl Alfonsín,
en 1983, con el renacimiento de la democracia. La iniciativa de aquel gobierno
—conviene insistir en ello— sigue representando hasta hoy uno de los hechos
más relevantes y dignos de la historia política nacional.
La historia de los juicios en nuestro país incluye un comienzo marcado por
movilizaciones populares exigiendo juicio y castigo; la referida decisión de
juzgamiento impulsada por el gobierno de Alfonsín; la histórica condena de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; las primeras
señales de la política orientadas a obstaculizar los juzgamientos (instrucciones
a los fiscales); la virtual amnistía decidida por la misma política que había
promovido los juicios (a través de medidas tales como la obediencia debida o el
punto final); nuevas sentencias judiciales refrendando lo hecho por el poder
político; una más amplia política de indultos; nuevas movilizaciones populares
exigiendo juicio y castigo; primeras decisiones judiciales adversas a las
políticas del perdón (en particular, un fallo del juez Gabriel Cavallo, en el caso
Simón, de 2001)6 ; nuevas decisiones políticas en contra de las políticas del
perdón; nuevas decisiones judiciales en el mismo sentido (i.e., en Simón,
decidido ahora por la Corte Suprema)
Luego de terminada la dictadura militar (a comienzos de los ‘80), la sociedad y
la política pusieron un acento muy especial en la recuperación de los derechos
civiles y políticos arrasados por el gobierno anterior. La Corte Suprema de esos
años acompañó estas iniciativas y tendió a refrendar o ampliar ese círculo de
derechos, que llegaron a abarcar derechos tales como los de debido proceso;
no-censura; divorcio; consumo personal de estupefacientes; objeción de
conciencia; etcétera. En los años ‘90, y al calor de políticas públicas que
priorizaban el crecimiento y la salud fiscal, se aceptó restringir y sacrificar
derechos constitucionales, hasta ajustarlos a las duras exigencias del equilibrio
presupuestario. Otra vez, la Corte Suprema (aquí también renovada por el
propio poder político que se beneficiaría de esta modificación) apareció al
servicio de este nuevo cambio de rumbo (así, por caso, a través de fallos que
limitaron los derechos laborales, los derechos de las minorías homosexuales, el
derecho de la privacidad, etcétera). Luego de la crisis política y social de 2001,
y con el respaldo de un boom económico notable (el llamado “boom de las
commodities”), el círculo de los derechos volvió a expandirse y llegó a abarcar,
más que en tiempos previos, derechos de tipo social. De modo acorde, la Corte
mostró en esta última época un perfil más “social” que en años anteriores,
pronunciándose en temas que abarcaron desde los derechos sindicales a los
derechos indígenas y ambientales. En todos los casos, sin embargo —y, de
modo pronunciado, desde la década del 90 hasta la actualidad—, resultó claro
que las decisiones de la política no iban a orientarse o reorientarse conforme al
imperativo de los derechos, sino a la inversa: la amplitud, profundidad y
vitalidad de los derechos iba a depender de las necesidades de la política.
En los años ’80, el gobierno de Alfonsín impulsó una recuperación completa de
los primeros, de la mano de una expansión muy significativa de los derechos
civiles y políticos, y una modesta ampliación de los derechos sociales. En los
años ‘90, pudo reconocerse una marcada retracción en toda la esfera de los
derechos humanos, en general. En cambio, el círculo de los derechos se
amplió y volvió a expandirse, aunque un ostentoso énfasis en los derechos
humanos en sentido limitado pareció servir de excusa, en muchos casos, para
postergar la realización del amplio espectro de los derechos básicos restantes,
que siguieron en líneas generales postergados, a pesar de los buenos vientos
que acompañaron el crecimiento económico. La vida de los derechos
constitucionales, en este momento, sigue mostrándose demasiado pendiente
de las urgencias de la política. No ha llegado a nuestra historia, todavía, el
momento inverso, en que la política reconozca su límite en la prioridad de
asegurar los derechos humanos más básicos.
En materia de Archivos de la Memoria, desde 2011 funciona una mesa
permanente de trabajo con organismos de derechos humanos y otras agencias
del Estado, que tiene como objeto de identificar documentos que se
encontraban en el Archivo de la Cancillería y de las distintas representaciones
argentinas en el exterior, que pudieran dar cuenta de graves violaciones a los
derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Se trabaja conjuntamente
con otros países para intercambiar documentos y desclasificarlos, con el fin
de aportar a conocer la verdad de lo ocurrido y al proceso de erradicación de
la impunidad en marcha en nuestro país.
En lo que respecta el sistema universal, la Argentina es miembro del Consejo
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y trabaja a
través de sus órganos y procedimientos con el objetivo de lograr sociedades
más justas, inclusivas, diversas y con pleno goce de los derechos humanos.
A nivel regional, nuestro país apoya el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos incorporado a nuestra Constitución Nacional en 1994 y el cual ha
tenido un rol clave para las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias en
la búsqueda de justicia. La Argentina considera al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos como un mecanismo de alerta temprana que sirve al
interior del Estado para realizar mejoras institucionales, así como desarrollos
legislativos y jurisprudenciales, privilegiando el mecanismo de soluciones
amistosa como herramienta preferencial para la resolución de casos y
peticiones.
La agenda de derechos humanos de la Argentina en todos los foros donde
participa incluye la promoción y la protección de los derechos humanos de las
personas y grupos en situación de vulnerabilidad y/o históricamente
discriminados, como niños y niñas, personas LGBTIQ, personas
afrodescendientes, pueblos indígenas, personas mayores, personas con
discapacidad, migrantes y refugiados, entre otros. Las políticas de inclusión
social centradas en el respeto de los derechos económicos, sociales y
culturales, así como la lucha contra la discriminación tienen también un lugar
preponderante en la agenda.
La trágica historia de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos
humanos en la Argentina tiene hoy como contrapartida un liderazgo
internacional en distintos temas de derechos humanos, tanto en materia de
memoria, verdad, justicia y reparación como en avances significativos en
inclusión social, políticas migratorias, lucha contra la discriminación y
protección de grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente
discriminados. Estos avances permiten consolidar una política de Estado en
derechos humanos, la que se proyecta de Argentina hacia el mundo, con el
último fin de colaborar en la construcción de sociedades más
justas, igualitarias, inclusivas y diversas.
COMPLEMENTARIO.
El primer antecedente data de 539 a.C., cuando los ejércitos del rey persa, Ciro
el Grande, conquistaron la ciudad de Babilonia. Allí declaró libres a los
esclavos, estableció la igualdad racial y el derecho a escoger su propia religión,
plasmado en el “Cilindro de Ciro”, dice la ONU sobre la historia de la temática.
Los dos hechos que sentaron las bases de los derechos del hombre son la
Petición de Derecho (1628), declarada en Inglaterra, la cual promovió la
“aspiración del pueblo a la democracia”, recordó Naciones Unidas. Y la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), de la
Revolución Francesa.
En tanto, el 10 de diciembre de 1948 se redacta la Declaración Universal de los
Derechos Humanos en el seno de la ONU.
Allí se definió a los derechos humanos como derechos inherentes a todos.
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, ya que
la privación de un derecho afecta negativamente a los demás, aclaran las
Naciones Unidas.
Argentina
En la Argentina, el 25 de mayo de 1810 se incluyeron principios destinados a
garantizar la libertad de los individuos. Asimismo, durante los primeros
gobiernos patrios se sancionaron decretos (los del 23 de noviembre de 1811 y
el 26 de octubre de 1811) que garantizaban la seguridad individual y la libertad
de imprenta.
Después, en la Asamblea del XIII se dio libertad a los hijos de los esclavos
(libertad de vientres), se aprobó la libertad de imprenta, ya decretada
anteriormente, y sancionó un decreto que extinguía “los tributos, y además deja
derogada la mita, las encomiendas, yanaconas, y servicios personales de los
indios”.
Este decreto fue traducido al guaraní, quichua, y aymará, contemplando el
contexto socio-cultural de las Provincia Unidas del Río de la Plata.
La guerra civil entre unitarios y federales, la mazorca rosista, el uso obligatorio
de la papeleta de conchabo, la Conquista del Desierto (1878-1885), la mirada
discriminadora en el Facundo de Sarmiento (1845), entre otros hechos fueron
un retroceso en esa materia.
Con la sanción de la Constitución de 1853 aseguró la libertad e igualdad de
todos los habitantes del país, abolió la pena de muerte y prohibió el arresto sin
juicio previo.
Ya en el siglo XX, Juan Domingo Perón mejoró la calidad de vida de la clase
baja y media. Las principales medidas fueron: El Estatuto del Peón; el
establecimiento del seguro social y la jubilación; la creación de Tribunales de
Trabajo; la fijación de mejoras salariales y el establecimiento del aguinaldo para
todos los trabajadores y el reconocimiento de la asociaciones profesionales.
Ya desde el poder Ejecutivo, Perón creó la Fundación “Eva Perón”; consagró el
derecho al voto femenino; y realizó la Reforma Constitucional de 1949, que
significó un gran avance en los derechos humanos del país, entre los que se
encuentran los derechos del trabajador, de la mujer, de la familia, de la
ancianidad, etc.
Pero en el golpe de 1976, se produjo la violación indiscriminada de los
derechos humanos, la desaparición de 30 mil personas y genocidio.
Con la vuelta de la democracia, en 1983, el gobierno del radical Raúl Alfonsín
apoyó el juicio a las juntas de la dictadura por crímenes de lesa humanidad.
Aunque luego llegaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los
indultos del menemismo, a partir de 2003 el kirchnerismo anuló esas normas y
abrió el camino para los juicios para quienes violaron los derechos humanos.
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