SECCIÓN A: DATOS DEL CASO
1
Nombre del caso
Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile
2 Víctima(s) Karen Atala Riffo, y las niñas M., V. y R.
3 Representante(s)
- Macarena Sáez
- Helena Olea
- Jorge Contesse
4
Estado demandado
Chile
5 # Petición/Caso ante la CIDH 12.502
6 # Caso ante la Corte IDH
Serie C No. 239
Serie C No. 254
7 Tipo(s) de sentencia(s) y fecha(s)
Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de febrero de 2012
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
Solicitud de Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2012.
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_254_esp.pdf
8 Sumilla
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y
familiar de Karen Atala Riffo, debido a su orientación sexual, en el proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y custodia de sus
hijas M., V. y R.
9 Palabras claves
Familia; Garantías judiciales y procesales; Derecho a la honra y la intimidad; Dignidad; Igualdad; Derecho a la diferencia; Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Transexuales o Intersex; Derechos de los niños y las niñas; Protección judiciales; Vida privada;
Interés superior del
niño
10 Campo multimedia
https://vimeo.com/album/1682603
11 Derecho(s)
Convención
Americana sobre
Derechos
Humanos
- Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos)
- Artículo 8 (Garantìas Judiciales)
- Artículo 11 (Protección de la honra y de la dignidad)
- Artículo 17 (Protección a la familia)
- Artículo 19 (Derechos del niño)
- Artículo 24 (Igualdad ante la ley)
- Artículo 25 (Protección judicial)
Otro(s) tratado(s)
interamericano(s)
No se consigna
12
Otro(s) instrumento(s)
internacional(es) citado(s)
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
- Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
- Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
- Declaración Universal de los Derechos Humanos
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
- Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
SECCIÓN B: DESARROLLO DEL CASO
13. Hechos
- Los hechos del presente caso inician en el año 2002 cuando Karen Atala Riffo decidió finalizar su matrimonio con Ricardo Jaime López Allendes, con quien tenía tres hijas: M., V. y R.
Como parte de la separación de hecho, establecieron por mutuo acuerdo que la Karen Atala Riffo
mantendría la tuición y cuidado de las tres niñas en la ciudad de Villarrica. En
noviembre de 2002 la señora Emma de Ramón, compañera sentimental de la señora Atala, comenzó a convivir en la misma casa con ella y sus tres hijas.
- En enero de 2003 el padre de las tres niñas interpuso una demanda de tuición o custodia ante el Juzgado de Menores de Villarrica. En octubre de 2003 el
el Juzgado de Menores de
Villarrica rechazó la demanda de tuición. En marzo de 2004
la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la Sentencia. En mayo de 2004 la Cuarta Sala de la Corte Suprema de Justicia
de Chile acogió el recurso de queja presentado por Ricardo Jaime López Allendes y le conedió la tuición definitiva.
14. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Fecha de presentación de la petición (12.502): 24 de noviembre del 2004
- Fecha de informe de admisibilidad (42/08): 23 de julio de 2008
- Fecha de informe de fondo (139/09): 18 de diciembre del 2009
15. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 17 de diciembre de 2010
- Petitorio de la CIDH: La CIDH solicitó a la Corte IDH que concluya y declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 11, 17.1, 17.4, 19, 24, 8, 25.1 y
25.2 en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento.
- Petitorio de los representantes de las víctimas: Los representantes de las víctimas coincidieron con el petitorio de la CIDH. Asimismo,
solicitaron a la Corte IDHque declarara la
responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 11, 17, 19, 24, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
- Fecha de la audiencia ante la Corte IDH: 23 y 24 de agosto de 2011
16. Competencia y Admisibilidad
15. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artí
culo 62.3 de la Convención para conocer el presente caso, en razón de que Chile es Estado Parte de la Convención
Americana desde el 21 de agosto de 1990 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha.
17. Reconocimiento de responsabilidad internacional
No se consigna
18. Análisis de fondo
I. Derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, derecho a la vida privada, derecho a la vida familiar, derechos
del niño, derechos a las garantías judiciales y a la
protección judicial en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos respecto al proceso de tuición
1.1. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación
79. Sobre el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, la Corte h
a señalado que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinad
o grupo, conduzca a tratarlo
con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine de
l goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se
consideran incursos en tal situación. La jurisprudencia de la Corte también ha indicado que en la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio funda
mental de
igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens. Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden
público nacional e internacional y permean todo el
ordenamiento jurídico.
80. Además, el Tribunal ha establecido que los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de
discriminación de jure o de facto. Los Estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio
de determinado grupo de personas. Esto implica el deber especial de protección que el Estado debe ejercer con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o
aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias
82. La Corte reitera que, mientras la obligación general del
artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar “sin discriminación” los derechos contenidos en la
Convención Americana, el artículo 24 protege el derecho a “igual protección de la ley”. Es decir, el artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de
hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en dicho tratado, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe e
l Estado y a su aplicación. En otras palabras, si un
Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional, incumpliría la obligación establecida en el artículo 1.1 y el derecho sustantivo en cuestión. Si, por el contrario, la
discriminación se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación, el hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención Americana.
83. La Corte ha establecido (…) que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones
de vida actuales. Tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 2
9 de la Convención Americana, así como las
establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
84. En este sentido, al interpretar la expresión "cualquier otra condición social" del artículo 1.1. de la Convención, debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los
derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano
91. Teniendo en cuenta las obligaciones generales de respeto y garantía establecidas en el artículo 1.1 de la Convención Americana, los criterios de interpretación fijados en el artículo
29 de dicha Convención, lo estipulado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, las Resoluciones de la Asamblea General de la OEA, los estándares establecidos
por el Tribunal Europeo y los organismos de Naciones Unidas [por ejemplo, la Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género]
(…), la Corte
Interamericana deja establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas
por la Convención. Por ello está proscrita por la
Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea
por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.
93. Un derecho que le está reconocido a las personas no puede ser negado o restringido a nadie y bajo ninguna circunstancia con base en su orientación sexual. Ello violaría el artículo
1.1. de la Convención Americana. El instrumento interamericano proscribe la discriminación, en general, incluyendo en ello categorías como las de la orientación sexual la que no puede
servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la Convención.
94. El Tribunal resalta que para comprobar que una diferenciación de trato ha sido utilizada en una decisión particular, no es necesario que la totalidad de dicha decisión esté basada
“fundamental y únicamente” en la orientación sexual de la persona, pues basta con constatar que de manera explícita o implícita se tuvo en cuenta hasta cierto grado la orientación
sexual de la persona para adoptar una determinada decisión
97. (…) [Los] argumentos [de la Corte Suprema de Justicia de Chile] y el lenguaje utilizado muestran un vínculo entre la sentencia y el hecho que la señora Atala vivía con una pareja del
mismo sexo, lo cual indica que la Corte Suprema otorgó relevancia significativa a su orientación sexual.
108. El objetivo general de proteger el principio del interés superior del niño es, en sí mismo, un fin legítimo y es, además, imperioso. En relación al interés superior del niño, la Corte
reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se fu
nda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y
las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. (…)
109. Igualmente, la Corte constata que la determinación del interés superior del niño, en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de los
comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los da
ños o riesgos reales y probados, y no especulativos o
imaginarios. (…)
110. En conclusión, la Corte Interamericana observa que al ser, en abstracto, el “interés superior del niño” un fin legítimo, la sola referencia al mismo sin probar, en concreto, los riesgos
o daños que podrían conllevar la orientación sexual de la madre para las niñas, no puede servir de medida idónea para la restricción de un derecho protegido como el de poder ejercer
todos los derechos humanos sin discriminación alguna por la orient
ación sexual de la persona. El interés superior del niño no puede ser utilizado para amparar la discriminación en
contra de la madre o el padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición social como elemento para
decidir sobre una tuición o custodia.
111. Una determinación a partir de presunciones infundadas y estereotipadas sobre la capacidad e idoneidad parental de poder garantizar y promover el bienestar y desarrollo del niño
no es adecuada para garantizar el fin legítimo de proteger el interés superior del niño. La Corte considera que no son admisi
bles las consideraciones basadas en estereotipos por la
orientación sexual, es decir, pre-concepciones de los atributos conductas o características poseídas por las personas homosexuales o el impacto que estos presuntamente puedan tener
en las niñas y los niños.
119. La Corte considera que, para justificar una diferencia de trato y la restricción de un derecho, no puede servir de
sustento jurídico la alegada posibilidad de discriminación social,
probada o no, a la que se podrían enfrentar los menores de edad por condiciones de la madre o el padre. Si bien es cierto que ciertas sociedades pueden ser intolerantes a condiciones
como la raza, el sexo, la nacionalidad o la orientación sexual de una persona, los Estados no pueden utilizar esto como justificaci
ón para perpetuar tratos discriminatorios. Los Estados
están internacionalmente obligados a adoptar las medidas que fueren necesari
as “para hacer efectivos” los derechos establecidos en la Convención, como se estipula en el artículo 2 de
dicho instrumento interamericano por lo que deben propender, precisamente, por enfrentar las manifestaciones intolerantes y discriminatorias, con el fin de evitar la exclusión o negación
de una determinada condición.
120. El Tribunal constata que, en el marco de las sociedades contemporáneas se dan cambios sociales, culturales e institucionales encaminados a desarrollos más incluyentes de todas
las opciones de vida de sus ciudadanos, lo cual se evidencia en la aceptación social de parejas interraciales, las madres o padre
s solteros o las parejas divorciadas, las cuales en otros
momentos no habían sido aceptadas por la sociedad. En este sentido, el De
recho y los Estados deben ayudar al avance social, de lo contrario se corre el grave riesgo de legitimar y
consolidar distintas formas de discriminación violatorias de los derechos humanos.
121. Por otro lado, en cuanto al argumento de que el principio de
l interés superior del niño puede verse afectado por el riesgo de un rechazo por la sociedad, la Corte considera que un
posible estigma social debido a la orientación sexual de la madre o el padre no puede considerarse un "daño" valido a los efectos de la
determinación del interés superior del niño. Si los
jueces que analizan casos como el presente constatan la existencia de discriminación social es totalmente inadmisible legitim
ar esa discriminación con el argumento de proteger el
interés superior del menor de edad. En el presente caso, el Tribunal resalta que, además, la señora Atala no tenía porque sufrir las consecuencias de
que en su comunidad
presuntamente las niñas podrían haber sido discriminadas debido a su orientación sexual.
122. Por tanto, la Corte concluye que el argumento de la posible discriminación social no era adecuado para cumplir con la finalidad declarada de proteger el interés superior de las
niñas M., V. y R..
124. Tratándose de la prohibición de discriminación por orientación sexual, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose,
además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discrimina
torio. Esto es especialmente
relevante en un caso como el presente, teniendo en cuenta que la determinación de un daño debe sustentarse en evidencia técnica y en dictámenes de expertos e investigadores en
aras de establecer conclusiones que no resulten en decisiones discriminatorias.
127. (…) [E]n decisiones judiciales respecto a la custodia de menores de edad, la consideración de la conducta parental, sólo es a
dmisible cuando existen pruebas específicas que
demuestren en concreto el impacto directo negativo de la conducta parental en el bienestar y desarrollo del niño o la niña. Esto en aras de la necesidad de aplicar un escrutinio mayor
cuando la decisión judicial se relacione con el derecho a la igualdad de grupos poblacionales tradicionalmente discriminados como es el caso de los homosexuales.
130. El Tribunal observa que, en el presente caso, la Corte Suprema de Justicia de Chile no falló con base en un análisis in abstracto
del alegado impacto de la orientación sexual de la
madre en el desarrollo de las niñas, sino que invocó la supuesta existencia de pruebas concretas. Sin embargo, se limitó en sus consideraciones a la aplicación de un test de daño
especulativo limitándose a hacer referencia, respecto al supuesto daño, a la “eventual confusión de roles sexuales” y la “situación de riesgo para el desarrollo” de las niñas. (…)
131. La Corte Interamericana concluye que la Corte Suprema de Justicia no cumplió con los requisitos de un test estricto de análisis y sustentación de un daño concreto y específico
supuestamente sufrido por las tres niñas a causa de la convivencia de su madre con una pareja del mismo sexo. Además, el Tribunal considera que, en el caso concreto, el hecho de
vivir con su madre y su pareja no privaba a las niñas del rol paterno, por cuanto el objeto del proceso de tuición no implicaba que el padre hubiera perdido el contacto con ellas.
133. La Corte Interamericana considera necesario recalcar que el alcance del derecho a la no discriminación por orientación sexual no se limita a la condición de ser homosexual, en sí
misma, sino que incluye su expresión y las consecuencias necesarias en el proyecto de vida de las personas. (…)
135. El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos, al señalar que éste va más
allá del derecho a la privacidad. (…)
136. En este sentido, la orientación sexual de una persona también se encuentra ligada al concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de auto-
determinarse y escoger
libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones16
0. Por lo tanto, “[l]a vida afectiva con el cónyuge o
compañera permanente, dentro de la que se encuentran, lógicamente, las relaciones sexuales, es uno de los aspectos principales de ese ámbito o círculo de la intimidad.
138. En el presente caso, el Tribunal observa que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Juzgado de Menores de Villarrica f
undamentaron sus decisiones para entregar la tuición al
padre bajo el supuesto de que la señora Atala podía declararse abiertamente como lesbiana. Sin embargo, indicaron que, al ejercer su homosexualidad cuando decidió convivir con una
pareja del mismo sexo, privilegió sus intereses sobre los de sus hijas (…).
139. Al respecto, el Tribunal considera que dentro de la prohibición de discriminación por orientación sexual se deben incluir, como derechos protegidos, las conductas en el ejercicio de
la homosexualidad. Además, si la orientación sexual es un componente esencial de identidad de la persona, no era razonable exigir a la se
ñora Atala que pospusiera su proyecto de
vida y de familia. No se puede considerar como “reprochable o reprobable jurídicamente”, b
ajo ninguna circunstancia, que la señora Atala haya tomado la decisión de rehacer su vida.
Además, no se encontró probado un daño que haya perjudicado a las tres niñas.
140. En consecuencia, la Corte considera que exigirle a la madre que condicionara sus opciones de vida implica utilizar una concepción “tradicional” sobre el rol social de las mujeres
como madres, según la cual se espera socialmente que las mujeres lleven la responsabilidad principal en la crianza de sus hijos e hijas y que en pos de esto hubiera debido privilegiar la
crianza de los niños y niñas renunciando a un aspecto esencial de su identidad. Por tanto, la Corte considera que bajo esta m
otivación del supuesto privilegio de los intereses
personales de la señora Atala tampoco se cumplía con el objetivo de proteger el interés superior de las tres niñas.
142. La Corte constata que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho me
nos se protege sólo un modelo “tradicional” de la
misma. Al respecto, el Tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares de hecho donde las partes tienen
vida en común por fuera del matrimonio
145. En el presente caso, este Tribunal constata que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Chile relacionado con la supuesta necesidad de las niñas de crecer en
una “familia
estructurada normalmente y apreciada en su medio social”, y no en una “familia excepcional”, refleja una percepción li
mitada y estereotipada del concepto de familia que no tiene base
en la Convención al no existir un modelo específico de familia (la “familia tradicional”).
146. Teniendo en cuenta todo lo anterior, este Tribunal concluye que si bien la sentencia de la Cor
te Suprema y la decisión de tuición provisoria pretendían la protección del interés
superior de las niñas M., V. y R., no se probó que la motivación esgrimida en las decisiones fuera adecuada para alcanzar dicho fin, dado que la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado
de Menores de Villarrica no comprobaron en el caso concreto que la convivencia de la señora Atala con su pareja afectó de manera negativa el interés superior de las menores de edad
(…) y, por el contrario, utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y/o discriminatorios para fundamentar la decisión (…), por lo que dichas decisiones constituyen un trato
discriminatorio en contra de la señora Atala. Por tanto, la Corte declara que el Estado vulneró el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 24 en relación con el artículo 1.1. de la
Convención Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo.
151. (…) [L]a Corte resalta que las niñas y los niños no pueden ser discriminados en razón de sus propias condiciones y dicha prohibición se extiende, además, a las condiciones de sus
padres o familiares, como en el presente caso a la orientación sexual de la madre. En este sentido, el Comité de los Derechos
del Niño ha aclarado en su Observación General No. 7
que los niños y las niñas pueden sufrir las consecuencias de la discriminación de la cual son objeto sus padres, por ejemplo si han nacido fuera del matrimonio o en otras circunstancias
que no se ajustan a los valores tradicionales.
154. Al haber tomado como fundamento para su decisión la orient
ación sexual de la madre, la decisión de la Corte Suprema discriminó, a su vez, a las tres niñas, puesto que tomó en
cuenta consideraciones que no habría utilizado si el proceso de tuición hubiera sido entre dos padres heterosexuales. En particular, la Corte reitera que el interés superior del niño es un
criterio rector para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.
155. Además, el trato discriminatorio en contra de la madre tuvo repercusión en las niñas, pues fue el fundamento para decidir no continuarían viviendo con ella. De manera que dicha
decisión irradió sus efectos al ser ellas separadas de su madre como consecuencia de la orientación sexual de la misma. Por tanto, la Corte concluye que se vulneró el artículo 24, en
relación con los artículos 19 y 1.1. de la Convención Americana, en perjuicio de las niñas M., V. y R..
1.2. Derecho a la vida privada y derecho a la vida familiar
161. El artículo 11 de la Convención prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de
sus familias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las inva
siones o agresiones abusivas o arbitrarias por
parte de terceros o de la autoridad pública.
162. Además, el Tribunal ha precisado, respecto al artículo 11 de la Convención Americana, que, si bien esa norma se titula “Protección de la Honra y de la Dignid
ad”, su contenido
incluye, entre otros, la protección de la vida privada. La vida privada es un concepto amplio que no es susceptible de defini
ciones exhaustivas y comprende, entre otros ámbitos
protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarr
ollar relaciones con otros seres humanos. Es decir, la vida privada incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y
cómo y cuándo decide proyectar a los demás.
164. El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que el derecho a la vida privada no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados siempre que las
injerencias no sean abusivas o arbitrarias. Por ello, las mismas deben estar previstas en ley, perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idonei
dad, necesidad y
proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad democrática.
165. Al respecto, la Corte resalta que la orientación sexual de la señora Atala hace parte de su vida privada, de manera que no era posible realizar una injerencia en la misma sin que se
cumplieran los requisitos de “idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. Distinto es que en el marco de un proceso de tuición se puedan analizar las conductas parentales concretas que,
supuestamente, pudieran haber ocasionado un daño en el niño o la niña (…).
167. El Tribunal constata que durante el proceso de tuición, a partir de una visión estereotipada sobre los alcances de la orientación sexual de la señora Atala (…
), se generó una
injerencia arbitraria en su vida privada, dado que la orientación sexual es parte de la intimidad de una persona y no tiene relevancia para analizar aspectos relacionados con la buena o
mala paternidad o maternidad. Por tanto, la Corte concluye que el Estado vulneró el artículo 11.2, en relación con
el artículo 1.1. de la Convención Americana, en perjuicio de Karen
Atala Riffo.
169. Al respecto, la Corte reitera que el artículo 11.2 de la Convención Americana está estrechamente relacionado con el derecho a que se proteja la familia y a vivir en ella, reconocido
en el artículo 17 de la Convención, según el cual el Estado está obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas
de protección de los niños, sino también a favorecer, de la
manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcle
o familiar. El Tribibunal ha establecido que la separación de niños de su familia constituye, bajo ciertas condiciones, una
violación del citado derecho, pues inclusive las separaciones legales del niño de su familia solo pueden proceder si están debidamente justificadas.
170. En lo concerniente a los artículos 11.2 y 17.1. de la Convención Americana, el derecho de toda persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia,
forma parte, implícitamente, del derecho a la prote
cción de la familia, y además está expresamente reconocido por (…) la Declaración Universal de los Derechos Humanos, (…) la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, (…) [el] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y [el] Conveni
o Europeo. Estas disposiciones poseen especial
relevancia cuando se analiza la separación del niño de su familia.
172. Respecto al concepto de familia, diversos órganos de derechos humanos creados por tratados, han indicado que no existe un modelo único
de familia, por cuanto éste puede
variar. (…)
175. El Tribunal resalta que, a diferencia de lo dispuesto en el Convenio Europeo, en el cual sólo se protege el derecho a la
vida familiar bajo el artículo 8 de dicho Convenio, la
Convención Americana cuenta con dos artículos que protegen la vida familiar de manera complementaria. En efecto, esta Corte considera que la imposición d
e un concepto único de
familia debe analizarse no sólo como una posible injerencia arbitraria contra la vida privada, según el artículo 11.2 de la Convención Americana, sino también, por el impacto que ello
pueda tener en un núcleo familiar, a la luz del artículo 17.1 de dicha Convención.
177. Por tanto, es visible que se había constituido un núcleo familiar que, al serlo, estaba pr
otegido por los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana, pues existía una
convivencia, un contacto frecuente, y una cercanía personal y afectiva entre la señora Atala, su pareja, su hijo mayor y las tres niñas. Lo anterior, sin perjuicio de que la
s niñas
compartían otro entorno familiar con su padre.
178. Este Tribunal ya concluyó que los fundamentos presentados tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Juzgado de
Menores de Villarrica en la decisión de tuición
provisoria constituyeron una medida inidónea para proteger el interés superior del niño (…), lo cual tuvo además como resultado la separación de la familia constituida por la madre, su
pareja y las niñas. Ello constituye una interferencia arbitraria en el derecho a la vida privada
y familiar. Por tanto, la Corte declara que el Estado vulneró los artículos 11.2 y 17.1, en
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Riffo y de las niñas M., V. y R.. Respecto de éstas últimas, dichas violaciones
a la vida familiar
ocurren también en relación con el artículo 19 de la Convención, dado que fueron separarlas de manera no justificada de uno de sus entornos familiares.
1.3. Garantías judiciales y protección judicial
186. Para analizar si en el presente caso se desconoció la garantía de independencia judicial al aceptar el recurso de queja, la Corte recuerda que uno de los
objetivos principales que
tiene la separación de los poderes públicos, es la garantía de la independencia de los jueces, cuyo objet
ivo radica en evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revi
sión o
apelación. (…)
187. La Corte considera que en este caso no existen suficientes elementos probatorios que permitan inferir la existencia de p
resiones externas contra los jueces que conocieron de la
causa dirigidas a fallar en contra de la señora Atala. (…)
188. Finalmente, la Corte ha señalado anteriormente que no constituye una cuarta instancia que pueda realizar una valoración de la prueba referente a cuál de los padres de las tres
niñas ofrecía un mejor hogar para las mismas. (…)
190. La Corte Interamericana resalta que, si bien es cierto que en el presente caso se han declarado algunas violaciones a la Convención
(…), una violación del artículo 8.1. por la
presunta falta de imparcialidad judicial de los jueces debe establecerse a partir de elementos probatorios específicos y concretos que indiquen que se está efectivamente ante un caso
en el que los jueces claramente se han dejado influenciar por aspectos o criterios ajenos a las normas legales.
191. El Tribunal constata que ni la Comisión ni los representantes han aportado elementos probatorios específicos para desvirtuar la presunción de imparcialidad subjetiva de los jueces.
Tampoco se han aportado elementos convincentes que permitan cuestionar la imparcialidad objetiva de los jueces en la
sentencia de la Corte Suprema. Una interpretación de las
normas del Código Civil chileno en forma contraria a la Convención Americana en materia del ejercicio de la custodia de menores de edad por una persona homosexual no es suficiente,
en sí misma, para declarar por este Tribunal una falta de la imparcialidad objetiva.
192. En consecuencia, la Corte considera que el Estado no violó las garantías judiciales reconocidas en el artículo 8.1 de la
Convención en relación con la decisión de la Corte Suprema
de Justicia en el presente caso.
196. La Corte resalta que los niños y las niñas son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además
de contar con las medidas especiales de protección
contempladas en el artículo 19 de la Convención, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto. En el presente caso, el Tribunal observa
que el artículo 8.1 de la Convención Americana consagra el derecho a ser oído que ostentan todas las personas, incluidos los niños y niñas, en los procesos en que se determinen sus
derechos. (…)
199. (…) [L]a Corte reitera que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal (…). En consecuencia,
el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar
la participación de éste, según corresponda, en la determinación de sus derechos.
208. La Corte constata que la Corte Suprema de Justicia no explicó en su sentencia cómo evaluó o tomó en cuenta las declaraci
ones y preferencias hechas por las menores de edad
que constaban en el expediente. En efecto, el Tribunal observa qu
e la Corte Suprema no adoptó una decisión en la que se razonara sobre la relevancia atribuida por dicha Corte a las
preferencias de convivencia expresadas por las menores de edad y las razones por las cuales se apartaba de la voluntad de las tres niñas. Por el contrario, la Corte Suprema se limitó a
fundamentar su decisión en el supuesto interés superior de las tres menores de edad pero sin motivar o fundamentar la razón p
or la que consideraba legítimo contradecir la voluntad
expresada por las niñas durante el proceso de tuición, más aún si se tiene en cuenta la interrelación entre el derecho a participar de los niños y niñas y el objetivo de cumplir con el
principio del interés superior del niño (…). Por lo anteriormente indicado, la Corte concluye que la referida decisión de la Corte Suprema de Justicia violó el derecho a ser oídas de las
niñas y ser debidamente tomadas en cuenta consagrado en el artículo 8.1, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las niñas M., V. y R..
II. Derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, derecho a la vida privada y derecho a las garantías judiciales
en relación con la obligación de respetar y
garantizar respecto a la investigación disciplinaria
2.1. El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación
219. La Corte observa que la investigación disciplinaria y la visita extraordinaria (…) tienen fundamento legal (…). Al ser uno de los propósitos de la visita el indagar sobre la orientación
sexual de la señora Atala con base en las noticias de prensa, se constata un trato diferenciado en perjuicio de la señora Atala al incorporar como materia investigable en el proceso
disciplinario su orientación sexual y su relación con una persona del mismo sexo.
221. Ahora bien, respecto al fin legítimo que se perseguía con dicha investigación, en el informe presentado no fue precisado con claridad cuál era el fin de la visita respecto a la
indagación de la orientación sexual, por cuanto sólo se hizo referencia a las noticias de prensa que se habían publicado. En este sentido, si bien el fin legítimo no fue explicitado en el
reporte, de lo expresado en el informe se podría llegar a inferir que mediante la indagación respecto a la orientación sexual de la señora Atala se buscaba proteger la “imagen del poder
judicial”. Sin embargo, la alegada protección de la “imagen del poder judicial” no puede justificar una diferencia de trato basada en la orientación sexual. Además, el fin que se invoque al
efectuar una diferencia de trato de este tipo debe ser concreto y no abstracto. En el caso concreto, el Tribunal no observa relación alguna entre un deseo de proteger la “imagen del
poder judicial” y la orientación sexual de la señora Atala. La orientación sexual o su ejercicio no pueden constituir, bajo ninguna circunstancia, fundamento para llevar a cabo un proceso
disciplinario, pues no existe relación alguna entre el correcto desempeño de la labor profesional de la persona y su orientación sexual.
222. Por tanto, al ser discriminatoria una diferenciación en una indagación disciplinaria relacionada con su orientación sexual, la Corte concluye que el Estado vulneró el artículo 24 en
relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Riffo.
2.2. Derecho a la vida privada
230. La Corte constata que, si bien la investigación disciplinaria se inició con un fundamento legal y no terminó con una san
ción disciplinaria en contra de la señora Atala por su
orientación sexual, sí se indagó en forma arbitraria sobre ello, lo cual constituye una interferencia al derecho a la vida privada de la señora Atala, el cual se extendía a su ámbito
profesional. Por lo tanto, el Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada, reconocido en el artículo 11.
2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención
Americana, en perjuicio de Karen Atala Riffo.
2.3. Garantías judiciales
234. La Corte reitera que la imparcialidad personal de un juez debe ser presumida, salvo prueba en contrario (…). Para el análisis de la imparcialidad subjetiva, el Tribunal debe intentar
averiguar los intereses o motivaciones personales del juez en un determinado caso. (…)
237. (…) [L]a Corte considera que existían prejuicios y estereotipos que fueron manifestados en el informe, que
demostraban que quienes realizaron y aprobaron dicho informe no
fueron objetivos respecto a este punto. Por el contrario, dejaron plasmada su posición personal respecto a la orientación sexual de la señora Atala en un ámbito disciplinario en el que no
era aceptable ni legítimo un reproche jurídico por este hecho. En consecuencia, la Corte establece que la visita extraordinaria y
la investigación disciplinaria se realizaron sin la
imparcialidad subjetiva necesaria, por lo que el Estado vulneró el artículo 8.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Riffo.
19. Reparaciones
La Corte dispone:
- La Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas constituye per se una forma de reparación.
- El Estado debe brindar, la atención médica y psicológica o psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus institucio
nes públicas de salud
especializadas a las víctimas que así lo soliciten.
- El Estado debe publicar un resumen de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas en el diario oficial y en un diario de amplia circulación. Además debe colgar la sentencia en una
página web de manera íntegra.
- El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso
- El Estado debe continuar implementando, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dir
igidos a funcionarios públicos a nivel regional y
nacional y particularmente a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.
- El Estado debe pagar las indemnizaciones de $30,000 a favor de Karen Atala y de $10,000 a favor de cada una de sus hijas. Además debe pagar $12,000 por concepto de costas y
gastos.
- El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, rendir al
Tribunal un informe sobre las medidas
adoptadas para cumplir con la misma.
- La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.
20. Puntos resolutivos
La Corte declara que,
- El Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24, en relación con el artículo 1.1 de la Con
vención Americana
sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Karen Atala Riffo.
- El Estado es responsable por la violación del derecho a la igualdad y la no discriminación consagrado en el artículo 24, en relación con los artículos 19 y 1.1. de la Convención
Americana, en perjuicio de las niñas M., V. y R.
- El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida privada consagrado en el artículo 11.2, en relación con el ar
tículo 1.1. de la Convención Americana, en perjuicio de
Karen Atala Riffo.
- El Estado es responsable de la violación de los artículos 11.2 y 17.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de Karen Atala Riffo y de las niñas M., V. y
R.
- El Estado es responsable por la violación del derecho a ser o
ído consagrado en el artículo 8.1, en relación con los artículos 19 y 1.1 de la Convención Americana en perjuicio de las
niñas M., V. y R.
- El Estado es responsable por la violación de la garantía de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, respecto a la
investigación disciplinaria, en perjuicio de Karen Atala Riffo.
- El Estado no violó la garantía judicial de imparcialidad consagrada en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en relac
ión con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y el
Juzgado de Menores de Villarrica.
21. Voto(s) separado(s)
Nombre Juez ad hoc Alberto Pérez Pérez
Tipo de voto
Voto Parcialmente Disidente (Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas)
SECCIÓN C: ACTUACIONES POSTERIORES A LA(S) SENTENCIA(S)
22 Sentencia de interpretación
- Interpretación de Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas
- Fecha: 21 de noviembre de 2012
- Solicitud: Los representantes presentaron un escrito, mediante el cual somet
ieron al Tribunal una solicitud de interpretación de la
Sentencia. En esta, solicitaron a la Corte que: i) “[p]recise las condiciones en las que debe llevarse a cabo la entrevista c
on V. por la
institución estatal responsable de la infancia, a efectos del párrafo 71. Y a su vez, que aclare el sentido y alcance del párrafo 71 de la
sentencia, a la luz de los párrafos 255, 299 y 313, diferenciando entre reparaciones, particularmente la rehabilitación, y
laindemnización”; ii) “[p]recise las condiciones materiales en las cuales es posible hacer efectivo el plazo de los seis meses para que las
niñas M., V. y R, indiquen al Estado si quieren recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico, como rehabilitación por las violaciones de
sus derechos humanos. Las condici
ones materiales debieran considerar la posibilidad que alcancen la madurez, autonomía e
independencia necesarias para que puedan decidir libre yconscientemente sobre esta forma de reparación”, y iii) “[a]dicione a las
costas, el pago de los honorarios y [g
astos] de viaje incurridos por la perito María Alicia Espinoza Abarzúa, quien asistió a los
funcionarios de la (…) Corte, en la medida para mejor resolver que ésta ordenó, consistente en la entrevista con las menores
M., V. y
R”.
- La Corte decide,
(i) Declarar admisible la solicitud de interpretación de los párrafos 71, 255, 299 y 313 de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas en
el presente caso interpuesta por los representantes de las víctimas, en los términos del párrafo 21 de la presente Senten
cia de
Interpretación.
(ii) Precisar por vía de interpretación el sentido y el alcance de lo dispuesto en la Sentencia de fondo, reparaciones y costas, respecto a
la indemnización por daño inmaterial a favor de la niña V., en los términos del párrafo 21 de la presente Sentencia de Interpretación.
(iii) Rechazar la solicitud de interpretación de sentencia presentada por los representantes de las víctimas, respecto a la m
edida de
rehabilitación de asistencia médica y psicológica, de conformidad con los párrafos 26 a 28 de la presente Sentencia.
(iv) Rechazar la solicitud de interpretación de sentencia presentada por los representantes de las víctimas, respecto al pago de
honorarios y gastos, de conformidad con los párrafos 32 a 34 de la presente Sentencia.
(v) Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Sentencia al Estado de Chile, a los representantes de la señ
ora Atala
Riffo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
23
Supervición de cumplimiento de
sentencia
No se consigna
SUPREMACIA CONSTITUCIONAL.docx
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